SANTO DOMINGO. – Cuando los primeros desalojos comenzaron en octubre de 1986, apenas dos meses desde la toma de posesión del periodo de los “10 años de Balaguer”, los barrios de la zona norte de Santo Domingo no estaban organizativamente desarmados, ya que el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA, ya operaba en la zona norte y se convirtió desde el primer mes en el principal interlocutor de las comunidades afectadas.
Andrés Navarro atribuye a la publicación Foro Urbano 4 de 1987, firmada por Jorge Cela, Isis Duarte y Carmen Julia Gómez, los datos del desenvolvimiento de los grupos sociales organizados en el momento, que se vieron superados por la magnitud del programa gubernamental, frente a su capacidad de respuesta.
Lo que siguió fue un proceso de articulación, fractura y reconstrucción del movimiento popular urbano que duró seis años.
La escala de la respuesta popular quedó registrada en las cronologías del Centro Dominicano de Estudios de la Educación (CEDEE). Entre octubre de 1982 y junio de 1983, durante el gobierno de Jorge Blanco, el CEDEE contabilizó 64 acciones de protesta social en todo el país.
En el período equivalente del primer año de Balaguer, entre octubre de 1986 y junio de 1987, registró 291. En promedio, al menos una protesta por día. De las 216 acciones registradas durante los trimestres de abril a junio y de octubre a diciembre de 1987, el 46.3% fueron luchas barriales. En 1988, de 312 acciones totales, el 51.6% fue barrial: el sector más activo de todo el movimiento popular dominicano, por encima del sindical (12.2%) y el campesino (8.7%).
1987: ni la Iglesia se salvó
De una entrevista que Navarro García realizó a José Ceballos, de COPADEBA, el 11 de diciembre de 1991 en Santo Domingo, se desprende que, en 1987, el Arzobispado de Santo Domingo convocó una reunión de emergencia.
El arzobispo y los agentes pastorales cuyas parroquias se verían afectadas por las obras de renovación urbana se reunieron ante una doble amenaza: los desalojos del Estado y los desalojos privados de la familia Vicini. De esa reunión emergieron los vínculos que darían origen, en 1988, a Ciudad Alternativa.
La fundación católica alemana MISEREOR envió ese año una comisión a Santo Domingo para evaluar la situación de los desalojos. En junio de 1987, COPADEBA participó en el encuentro del Hábitat International Coalition, celebrado en Berlín, gracias a los vínculos establecidos con la Iglesia y con la cooperación alemana. Fue la primera vez que la resistencia barrial dominicana llegó a un foro internacional.
1987-1988: los tres intentos de coordinación
El movimiento barrial había intentado coordinarse antes del retorno de Balaguer. El Consejo de Unidad Popular (CUP), creado en 1985, se inclinó hacia una tendencia político-partidaria y más del 90% de las organizaciones lo abandonaron.
En 1987 surgió la Asamblea de Organizaciones Populares de la Zona Norte, que corrió la misma suerte y en 1988 se articuló la Conferencia de Organizaciones Populares (COP), que por primera vez integró sectores obreros y profesionales con el movimiento barrial.
Esa experiencia fue la antesala del Colectivo de Organizaciones Populares.
Organización y nacimiento de Ciudad Alternativa
Ciudad Alternativa se fundó en 1988 como organización no gubernamental, con capacidad de formular propuestas técnicas de mejoramiento urbano como alternativa a la renovación. Adquirió personería jurídica en 1992, bajo la dirección ejecutiva del padre Jorge Cela.
Su propuesta era la que el propio Plan Indicativo había descartado en la práctica: mejoramiento de infraestructura, legalización de terrenos, créditos para reparación de viviendas existentes, sin desalojar a nadie.
En 1991, Navarro García realizó un estudio de campo con una muestra de 33 organizaciones de 8 barrios de Santo Domingo. El 33% de las identificadas eran religiosas; el 24%, mutualistas; el 15%, culturales y deportivas; el 12%, políticas; el 9%, reivindicativas; y el 6%, gremiales.
Solo COPADEBA tenía un ámbito de acción de escala municipal y el resto operaba dentro de su propio barrio.
Según los resultados presentados por Andrés Navarro, el 73% de las organizaciones identificó como problema principal las deficiencias en servicios urbanos y el deterioro de las vías. Solo el 9% mencionó el deterioro de las viviendas, dato que contradecía directamente el discurso oficial que justificaba los desalojos masivos como solución al “problema de la vivienda”.
El 52% prefirió no dar una opinión pública sobre el programa de obras del gobierno. El 70% expresó solidaridad con los desalojados, pero solo el 36% se opuso al desalojo en sí mismo; la mayoría se oponía a los métodos, no a la política.
El 85% declaró no haber tenido ningún tipo de participación en los proyectos ejecutados en sus barrios y de las cuatro que dijeron haber participado, tres lo lograron mediante acciones reivindicativas.
Nicolás Guevara, coordinador de COPADEBA, lo resumió en entrevista con Navarro García: “El Gobierno nunca ha consultado a nadie, ni a la población, ni a ningún sector, para sus proyectos urbanísticos. No ha habido una posibilidad de disentir de la postura del gobierno, porque es una postura sustentada con la fuerza pública”.
Huelga general separó el trigo y la paja
El 19 y 20 de junio de 1989, el Colectivo de Organizaciones Populares convocó una huelga general de 48 horas con el respaldo de más de 200 organizaciones, paralizando el país sin incurrir en actos violentos de importancia y fue la demostración más contundente de fuerza del movimiento popular desde el inicio del programa de obras.
Después de la huelga, el Colectivo fue recibido en el Palacio Nacional por el presidente Balaguer y ese fue el inicio de su fragmentación.
En agosto de 1990, ante otra convocatoria a huelga, las centrales sindicales negociaron unilateralmente con el gobierno y se retiraron, obligando al resto a desconvocar.
El mismo Ceballos documentó el proceso de desintegración en su entrevista con Navarro García: “hacia el interior del Colectivo, la lucha social provocaba que frente a cada acción había que asumir posiciones frente al gobierno. Hubo sectores que entendieron que el Colectivo debía vivir en una eterna conciliación con el gobierno… Otro sector entendía que la vinculación debía ser más de confrontación que de conciliación”.
COPADEBA y el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) terminaron saliendo del Colectivo.
Lo que la organización logró en Guachupita
De todos los barrios intervenidos por el programa de obras entre 1986 y 1990, Guachupita fue la excepción documentada donde la organización de base alteró el curso de los desalojos. El proceso tuvo cuatro etapas, reconstruidas por Navarro García a partir de entrevistas con dirigentes de COPADEBA en el barrio, realizadas en noviembre de 1991.
En 1987, el contratista de la obra, el ingeniero Rafael Vallejo, creó una organización paralela llamada Comité de Defensa de Guachupita (CODEGUALU), dirigida por un morador del barrio, con la finalidad de restar fuerza a COPADEBA.
En las primeras asambleas, los pobladores prefirieron las promesas de CODEGUALU y COPADEBA respondió con una campaña casa por casa, con una demanda concreta: que el gobierno no desalojara a nadie sin garantizar primero viviendas provisionales dentro del mismo barrio.
En 1988, el contratista intentó desalojar familias sin ofrecerles reubicación y los sectores que favorecían el desalojo rápido generaron un clima de tensión con ataques a instalaciones eléctricas y sanitarias del barrio.
Los pobladores respondieron organizando vigilancia nocturna y usando las campanas de la iglesia parroquial como sistema de alarma. La parroquia San Martín de Porres, a través de su comunidad eclesial de base, se constituyó en aliada orgánica del proceso.
En 1989, el proyecto asignó primero 121 apartamentos y luego 554 más, solo para propietarios de mejoras. De los 200 inquilinos del barrio, 165 aceptaron bajo presión un pago de RD$500 pesos, unos 70 dólares de la época, para irse.
Las 35 familias que se negaron ocuparon durante una semana el templo del barrio María Auxiliadora, contiguo a Guachupita, recibiendo la solidaridad de comunidades eclesiales de otros barrios.
La Dirección Nacional de Bienes Nacionales terminó reconociendo a COPADEBA como interlocutor oficial y entregó documentos de acreditación como beneficiarios a las 35 familias inquilinas.
Llegaron las elecciones y todo se ralentizó
En 1990, año electoral, las obras se rezagaron. Los pobladores organizaron marchas dentro del barrio, y las entregas comenzaron en octubre para concluir en diciembre.
María Crisóstomo, Doña Mariquita, ordenó pintar el nombre de COPADEBA en la fachada del edificio donde vivió provisionalmente, le contó a Andrés Navarro en una entrevista del 25 de noviembre de 1991, en la que explicó: “El desalojo aquí fue menos represivo que los de otra parte, por medio a que ya nosotros, aquí, estábamos organizados para defendernos. Hay gente que no se quiere organizar y parece que por eso a las otras personas les ha salido más mal que a nosotros, porque no están organizados”.
El balance de la resistencia
Andrés Navarro García concluyó en su investigación que el programa de renovación urbana de Balaguer entre 1986 y 1990 “determinó uno de los procesos urbanísticos más cruentos y burdos de toda América Latina”.
Su estudio de campo estableció que menos del 50% de las organizaciones barriales en los barrios intervenidos reaccionó de alguna forma ante los desalojos y el 40% no realizó ninguna actividad.
El caso de Guachupita demostró que donde había organización previa y disposición a la acción colectiva, el gobierno debía negociar. La diferencia entre Guachupita y los otros cientos de barrios, dice Navarro, no fue una política gubernamental más generosa, sino la presencia organizada de los propios habitantes.
Fuentes: Navarro García, Andrés. Barrios en Zozobra. Estado y Organizaciones Populares en la Renovación Urbana en Santo Domingo, 1986-1990. Tesis de maestría, UNAM, 2014. | CEDEE. Cronologías de Luchas Populares 1987-1988, Santo Domingo. | Ciudad Alternativa. Historia. www.ciudadalternativa.org.do, 2015. | Cela, Jorge; Duarte, Isis; Gómez, Carmen Julia. Población, Crecimiento Urbano y Barrios Marginados en Santo Domingo, D.N. Foro Urbano 4, 1987. | Entrevistas a José Ceballos, Ramón Almánzar, Nicolás Guevara y María Crisóstomo (Doña Mariquita), realizadas por Navarro García, Santo Domingo, noviembre-diciembre 1991.
Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. (Capitulo XXI).
Lecturas recomendadas:
