Los cálculos de ONGs estimaban en más de 20,000 las familias que habían sido desalojadas en la ciudad de Santo Domingo desde octubre de 1986 y en 1991 Balaguer ordenó 10 mil desalojos, por decreto, de familias de La Ciénaga y Los Guandules
SANTO DOMINGO. – El año 1989 marcó el pico del programa de obras de Balaguer. Los registros de la Oficina Nacional de Presupuesto, documentados por Andrés Navarro García en su investigación Barrios en Zozobra, indican que el gasto en construcciones del Estado llegó ese año a RD$1,980,368,051, equivalente al 32.7% del presupuesto nacional.
En tres años, desde que Balaguer asumió en agosto de 1986, la inversión en construcción se había multiplicado por once.
La concentración de recursos en la Presidencia de la República no tenía precedentes. El Congreso había aprobado para esa institución un presupuesto de RD$1,258,198,008 para 1989, de los cuales la Presidencia ejecutó RD$3,221,299,131: el 256% de lo autorizado.
Esa diferencia de casi dos mil millones de pesos fue posible porque la Presidencia redireccionó los presupuestos de otros organismos del Estado. En 1989, la Presidencia concentró el 53.16% del gasto público nacional, con un efecto sobre otros sectores que quedó registrado en los mismos informes presupuestarios.
La Secretaría de Estado de Agricultura tenía aprobados RD$900,719,955 ese año. Solo pudo ejecutar RD$262,395,861: el 29.13% de su presupuesto. La Secretaría de Educación ejecutó el 95% de lo asignado; Salud Pública, el 90%. La Presidencia, el 256%.
Dentro del gasto en construcción de servicios sociales, la vivienda dominó el reparto. De los RD$1,030,519,115 invertidos en ese renglón durante 1989, el 69% correspondió a vivienda: RD$709,022,167. Educación recibió el 12%; salud, el 6%; alcantarillado y agua potable, el 8%; servicios municipales, el 0.005%; asistencia social, el 0.7%.
Los proyectos de 1989 y la celebración
A lo largo de 1989 se inauguraron cuatro proyectos habitacionales. En febrero, Sabana Perdida con 455 unidades. En marzo, la primera etapa de Invivienda Santo Domingo con 560 apartamentos: este complejo había sido proyectado en 1978 por el arquitecto Manuel Salvador Gautier bajo el gobierno de Guzmán, paralizado en 1984 durante el gobierno de Jorge Blanco por falta de planificación de recursos, y reiniciado en 1987 por la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado.
En 1988 fue traspasado nuevamente al INVI para su administración, según documentó la investigadora Evelyn Vanessa González Mueses en su Trabajo Final de Máster presentado en la Universitat Politècnica de València en 2014. En julio, La Zurza con 501 unidades, a cargo de Urbanizaciones Nacionales y en septiembre, Guachupita con 121 unidades.
En la ceremonia de la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON) del 6 de abril de 1989, Diego de Moya Cannán, presidente del gremio, declaró que la industria había experimentado «el más grande crecimiento de toda América».
En la misma noche se entregaron premios a las empresas más distinguidas del sector y en la categoría de vivienda, el galardón fue para Urbanizaciones Nacionales, C. por A., presidida por el arquitecto Rafael Tomás Hernández, quien simultáneamente fungía como supervisor de obras del Estado.
El periodista Félix Peña recogió las declaraciones de De Moya en el Listín Diario de esa fecha: De Moya afirmó en su discurso que la industria empleaba a más de 500,000 trabajadores, pero no mencionó la condición de esos trabajadores: empleos temporales, sin protección contra accidentes, sin cascos ni equipos de seguridad. Según documentó Navarro García, gran parte de los obreros dormía sobre cartones al interior de los edificios en construcción.
En junio de 1989, el ingeniero Ramón Pérez Martínez, contratista del proyecto Expreso V Centenario, declaró a El Siglo que la obra no estaría lista en la fecha programada porque no contaba con suficientes obreros, pese a pagar entre 35 y 40 pesos diarios al menos calificado.
La huelga y vicios reconocidos
El 19 y 20 de junio de 1989, el Colectivo de Organizaciones Populares convocó una huelga general de 48 horas, con el respaldo de más de 200 organizaciones populares, culturales, políticas y campesinas, que paralizaron el país sin incurrir en actos violentos de importancia.
Fue la expresión más contundente de la resistencia al programa de obras hasta ese momento. Semanas después, el Colectivo fue recibido en el Palacio Nacional por el presidente Balaguer y al mes siguiente el arquitecto Rafael Tomás Hernández reconoció públicamente ante la prensa la existencia de problemas en las construcciones entregadas y los calificó de «vicios menores».
La calificación fue cuestionada desde los propios barrios y en noviembre de 1991, la Junta Popular de Organizaciones Barriales y Comunitarias (JUNTAPO), denunció que el 90% de los 876 apartamentos entregados en Villa Juana y Villa Consuelo tenía grandes filtraciones, grietas en las estructuras y un sistema de desagüe deficiente.
Los proyectos de 1990
En 1990, año de elecciones presidenciales, se inauguraron los últimos proyectos del período. En marzo, Parque del Este II con 40 unidades y la segunda fase de Sabana Perdida con 1,249 unidades. En diciembre, El Caliche con 105 viviendas, a cargo de Urbanizaciones Nacionales y Guaricano con 164 apartamentos, también a cargo de Urbanizaciones Nacionales.
El equipo técnico de Ciudad Alternativa elaboró una relación de proyectos habitacionales ejecutados entre 1986 y 1990 en Santo Domingo, con base en informaciones oficiales y el total de unidades en proyectos clasificados estrictamente como habitacionales fue de 6,116.
Ese recuento no incluye los apartamentos construidos en los proyectos de tipo vial-habitacional, como el Expreso V Centenario.
El costo macroeconómico
El Centro Dominicano de Estudios de la Educación (CEDEE) documentó en su Boletín No.5 de 1991 los efectos de la política de construcción sobre la economía: devaluación continua del signo monetario, liberalización de precios, eliminación de subsidios a productos básicos, incremento de los intereses bancarios y fuga de capitales. Los únicos tres sectores beneficiados, según el CEDEE, fueron las zonas francas, el turismo y la agroindustria.
La tasa de crecimiento real per cápita del PIB, que en 1989 había sido del 2%, descendió abruptamente a -8% en 1990. Una revista inglesa citada por El Siglo en mayo de 1989, describía la contradicción con estos términos: «cada semana, cantidades de ciudadanos se hacen al mar tratando de llegar a Puerto Rico; cada 90 minutos, en promedio, un niño muere de una enfermedad previsible; y las nuevas escuelas que construye el presidente están sumidas en el caos porque no se dispone del dinero para los profesores y para ponerlas a funcionar».
Condena de la ONU y desalojos por decreto
En noviembre de 1990, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas condenó al gobierno dominicano por las violaciones cometidas en el marco del programa de renovación urbana. La condena fue recogida por el sacerdote jesuita Jorge Cela en su documento “La Conquista del Espacio”, citado en la investigación de Navarro García.
En 1991, el presidente Balaguer firmó el decreto 358/91, ordenando el desalojo de unas 10,000 familias adicionales de los barrios La Ciénaga y Los Guandules.
Para ese momento, los cálculos de organizaciones no gubernamentales estimaban en más de 20,000 las familias que habían sido desalojadas en la ciudad de Santo Domingo desde octubre de 1986.
Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. (Capitulo XIX).
Fuentes: Navarro García, Andrés. Barrios en Zozobra. UNAM, 2014. | González Mueses, Evelyn Vanessa. TFM, MAAPUD 5, UPV, 2014. | Oficina Nacional de Presupuesto, Informe de Ejecución Presupuestaria 1989. | CEDEE, Boletín No.5, Santo Domingo, 1991. | Ciudad Alternativa, relación de proyectos 1986-1990. | Listín Diario, El Siglo, Hoy, Última Hora, varios números 1989-1991, citados en Navarro García, 2014.
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