El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en 1983 disparó una inflación del 700% y encendió la primera insurrección popular contra el neoliberalismo en América Latina. La represión dejó 55 muertos en la capital y alrededor de 300 en todo el país. El programa habitacional más ambicioso en provincias que había intentado el Estado dominicano quedó a medio terminar
SANTO DOMINGO. – En 1983, el gobierno de Salvador Jorge Blanco firmó con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de facilidad ampliada, el denominado Extended Fund Facility, por un equivalente de 405.9 millones de dólares, el mayor monto aprobado por el FMI a la República Dominicana hasta ese momento.
A cambio, el Estado se comprometió a suprimir las subvenciones al consumo, restringir el crédito interno, suspender toda emisión monetaria sin respaldo y mantener la austeridad presupuestaria. El tipo de cambio para las importaciones se fijó en 2.75 pesos por dólar, lo que significó una devaluación de facto de la moneda.
Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para los sectores populares. Según documenta el geógrafo Christian Girault en su análisis del período, el gasto familiar en alimentos representaba el 40% del ingreso para los sectores medios y hasta el 60% para los sectores marginales.
Con la devaluación y la eliminación de subsidios, el alza de precios golpeó primero y más fuerte a quienes ya destinaban más de la mitad de su ingreso a comer. En los primeros meses de 1984, la inflación se disparó en un 700%. Ya médicos, maestros y enfermeras habían iniciado huelgas desde finales de 1983, según reporta la prensa de la época.
La poblada de abril de 1984
El lunes 23 de abril de 1984, tras finalizar la Semana Santa, los barrios populares de Santo Domingo se levantaron. El estallido comenzó en Capotillo, en la zona norte de la capital, y se extendió en pocas horas a Simón Bolívar, Cristo Rey, Gualey, Las Cañitas, 24 de Abril, Villa Juana, Villas Agrícolas, Los Mina, Villa Duarte, Herrera y Los Alcarrizos.
Para la media mañana del primer día, toda la capital estaba involucrada, con excepción de los sectores del casco central y las zonas exclusivas habitadas por las clases media alta y alta. El profesor Juan Bosch bautizó el levantamiento como “la poblada”.
Girault, citando la investigación doctoral de Laura Faxas, “El Mito Roto. Sistema político y movimiento popular en la República Dominicana, 1961-1990” (Santo Domingo: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2007), establece una correlación directa entre la localización de los motines durante los tres días de la revuelta y las características de los barrios marginales ubicados en el norte de la aglomeración.
Los observadores concuerdan en que los disturbios fueron fundamentalmente espontáneos. El gobierno de Jorge Blanco, que inicialmente interpretó el levantamiento como un movimiento con dirección política, ordenó primero la intervención de la Policía Nacional y luego, desbordada esta, movilizó al Ejército Nacional, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Las tropas élite de Constanza, conocidas como Cazadores de Montaña, tomaron el control de los barrios.
El saldo fue de 55 muertos en la capital y alrededor de 300 en todo el país, según el análisis de Girault con base en Faxas, porque las revueltas se extendieron a quince ciudades del interior. Miles de personas fueron arrestadas y emisoras de radio fueron silenciadas.
El jefe de la misión negociadora del FMI se deslindó públicamente del alza de los precios, argumentando que el organismo no había firmado ningún acuerdo con el gobierno, una posición recibida con incredulidad generalizada.
La poblada de abril de 1984 en la República Dominicana fue, en el análisis de Girault, la primera insurrección popular contra las políticas de ajuste neoliberal del FMI en América Latina, anticipándose cinco años al Caracazo venezolano de 1989. Las protestas obligaron al FMI a revisar su política para la región.
Las consecuencias para la vivienda
La crisis económica y el costo político de la poblada marcaron el resto del mandato. El programa habitacional que había arrancado con cifras significativas en varias provincias perdió el impulso necesario para completarse. Invivienda Santo Domingo, el proyecto más grande con 8,000 unidades planificadas, quedó sin terminar. El Proyecto Jobo-Bonito, unas 30 unidades en San Miguel, también fue paralizado.
La doctora Natalia Ulloa Cáceres, en su tesis doctoral La vivienda social en Santo Domingo (2017), registra que entre 1982 y 1986 el sector público inició varios proyectos habitacionales en diferentes puntos de Santo Domingo. Su análisis no desglosa el período con independencia del ciclo PRD completo, pero la conclusión sugiere la raíz del problema: la debilidad institucional y el condicionamiento de las políticas habitacionales por su rendimiento en la política partidista impidieron que se abordara el problema de la vivienda social de manera sistemática y continua.
El contexto urbano de esos años agravaba la situación. Girault describe el Santo Domingo de 1978-1986 como una ciudad donde la polarización extrema entre la “sociedad normalizada” y los “rancheríos de la sociedad anémica”, en palabras del historiador José Luis Romero citado en el artículo, alcanzaba su punto culminante.
La urbanización excluyente desembocaba en crisis. La estrategia de supervivencia de los más pobres resultaba muchas veces en una emigración silenciosa y por cualquier medio hacia Caracas, Puerto Rico y Nueva York.
El legado: lo que quedó y lo que no
Los tres días de abril de 1984 marcaron al gobierno y al PRD de manera irreversible. La hemeroteca revela que, en las elecciones presidenciales de 1986, Jacobo Majluta, candidato del partido, enfrentó una campaña cuesta arriba y fue derrotado por Balaguer en un escrutinio largo y caótico.
Al salir del poder, Jorge Blanco enfrentó acusaciones de corrupción, huyó a la embajada de Venezuela el 30 de abril de 1987, fue juzgado en ausencia por Balaguer y condenado a 23 años de cárcel y una multa millonaria, aunque finalmente fue indultado en 1994.
El programa de vivienda que prometió 25,000 unidades anuales y entregó resultados parciales en varias provincias del país quedó como uno de los capítulos más ambiguos de su legado: el más amplio geográficamente en la historia habitacional dominicana hasta ese momento, y también uno de los más inconclusos.
Invivienda Santiago fue completado íntegramente. Invivienda Santo Domingo no. La diferencia entre las dos es, en cierta medida, la diferencia entre lo que el Estado dominicano prometió y lo que pudo sostener cuando la economía se desmoronó.
La capital que Jorge Blanco dejó en 1986 tenía ya más de millón y medio de habitantes, el censo de 1993 registraría 1,609,966, y un déficit habitacional que ningún gobierno había logrado cerrar. Balaguer, que retornaba al poder con su tercera etapa, la encontró lista para la operación que Ulloa Cáceres describiría décadas después como la más violenta de todas: la renovación urbana a golpe de desalojos, con unas 30,000 casas destruidas y alrededor de 180,000 personas desplazadas entre 1986 y 1992.
Fuentes: Christian Girault, “Santo Domingo: La trayectoria del desarrollo urbano y la expansión metropolitana (1970-2022)”, Revista ECOS UASD, Año XXXI, Vol. 2, Núm. 28, julio-diciembre de 2024, pp. 111-127. Laura Faxas, El Mito Roto. Sistema político y movimiento popular en la República Dominicana, 1961-1990, Santo Domingo: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2007. Natalia Ulloa Cáceres, La vivienda social en Santo Domingo. Oportunidades de reciclaje del parque construido, tesis doctoral, 2017. Fanny Sánchez viuda Bonilla, carta al director, Acento, 10 de junio de 2020 / El Nuevo Diario, 12 de junio de 2020. CIDOB, biografía de Salvador Jorge Blanco, cidob.org.
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