Hasta diciembre de 1988, la Contraloría General de la República registró 5,558 unidades habitacionales inauguradas y el periodista Ramón Núñez Ramírez, en una nota publicada en el Listín Diario en septiembre de 1989, estableció que esas inversiones no cubrían ni el 15% del déficit habitacional
SANTO DOMINGO. – El 16 de agosto de 1986, Joaquín Balaguer asumió la presidencia de la República Dominicana por quinta vez, con 79 años, legalmente ciego y después de ocho años fuera del poder.
Los dos gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano que lo precedieron, el de Antonio Guzmán (1978-1982), y el de Salvador Jorge Blanco (1982-1986), habían reducido la inversión pública en infraestructura y apostado a un modelo de demanda inducida, basado en el incremento del empleo y los salarios.
El panorama era que la industria de la construcción había pasado mayoritariamente al sector privado, la zona norte de Santo Domingo acumulaba barrios densamente poblados, terrenos del Estado estaban ocupados informalmente y miles de familias carecían de títulos de propiedad.
Balaguer volvió con la convicción que había protagonizado toda su gestión anterior: gobernar era construir. Y la pregunta en ese momento no era si habría obras, sino dónde, cómo y a qué ritmo. Las respuestas llegaron antes de que terminara el año.
Empiezan los desalojos
Dos meses después de la toma de posesión, el gobierno inició el programa de renovación urbana que definiría la fisonomía de Santo Domingo durante la siguiente década. En octubre de 1986, 800 familias fueron desalojadas del Hoyo de Chulín.
Según el arquitecto Andrés Navarro García, cuya tesis “Barrios en Zozobra”, presentada en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2014, constituye el estudio más exhaustivo del período, ese mismo mes fueron marcadas cientos de viviendas también en Villa Duarte y Los Ríos.
En noviembre, 700 familias de San Carlos recibieron la misma notificación; entre diciembre de 1986 y enero de 1987, los desalojos continuaron en Maquitería, Villa Faro, Simonico, Los Tres Ojos y La Isabelita: unas 1,800 familias más. El gobierno actuaba con rapidez. Todavía no tenía un plan, aunque el mismo llegó cinco meses después.
En marzo y abril de 1987, un equipo de ocho técnicos extranjeros y once nacionales trabajó durante dos meses para producir el documento que formalizaría el programa. El Plan Indicativo para el Desarrollo de la Zona Norte de Santo Domingo, conocido por sus siglas PIZN, fue coordinado por Christopher Lewin, de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), y presentado oficialmente en mayo de 1987.
Su objetivo declarado era ofrecer unas 15,000 soluciones habitacionales para más de 70,000 habitantes de bajos ingresos en el período 1988-1990, e identificar lineamientos para el desarrollo urbano de la zona a corto, mediano y largo plazo, tan ambicioso como hasta el año 2030.
El arquitecto Rafael Tomás Hernández, supervisor de Obras del Estado, había resumido la lógica de la intervención antes de que el plan existiera. Según documentó Navarro García, Hernández declaró a la prensa: «es mejor actuar sin un plan que no actuar y permitir que la ciudad se convierta en un arrabal». Una declaración que cobra su pleno significado cuando se considera que los desalojos comenzaron en octubre de 1986 y el Plan no se presentó hasta mayo de 1987: el programa ya llevaba siete meses de ejecución cuando sus fundamentos técnicos fueron formalizados.
El PIZN estableció tres modalidades de acceso a la vivienda: arrendamiento por 40 años de un lote urbanizado de 125 metros cuadrados, con un pago mensual equivalente al 6% del salario mínimo vigente, es decir, RD$15; adquisición de una vivienda mínima de 24 metros cuadrados, con un pago mensual del 24% del salario mínimo por 12 años, es decir, RD$60; y adquisición de una vivienda mediana de 40 metros cuadrados, con un pago mensual del 32.8% del salario mínimo, equivalente a RD$82. A esos montos se agregaba una cuota mensual de mantenimiento de RD$10.
Las propias fuentes del Plan revelaban la contradicción. Un estudio del Instituto Nacional de la Vivienda realizado entre 1986 y 1987 en barrios populares estableció que el 40% de las familias recibía menos de un salario mínimo mensual. Una encuesta del Banco Central de 1986 indicaba que el 8.6% de las familias de Santo Domingo, más de 23,454 hogares, percibía menos del salario mínimo.
La mayoría de las familias encuestadas por los propios técnicos del Plan pagaba menos de RD$40 mensuales en alquiler y el plan les exigía entre RD$70 y RD$92.
La clasificación de los barrios
El PIZN clasificó los barrios de la zona norte en dos categorías: barrios a remodelar, es decir, a demoler y reconstruir y barrios a mejorar. La lista de barrios destinados a remodelación incluía: La Zurza, Capotillo, Simón Bolívar, 24 de Abril, Gualey, Los Guandules, Guachupita, Maquiteria, Simonico, Los Mameyes, El Hoyo de Chulín, La Cuarenta, El Caliche, San Carlos y Villa Francisca.
Los clasificados para mejoramiento eran: Los Mina Norte, Sabana Perdida, Guaricano, Herrera, Los Alcarrizos, Cristo Rey, Villas Agrícolas, Villa Juana y Villa Consuelo.
Navarro García señaló en su investigación una contradicción reveladora en esa clasificación. Guaricano, uno de los asentamientos más precarios de la ciudad en términos de infraestructura, servicios y vivienda, quedó en la categoría de mejoramiento, mientras San Carlos, barrio céntrico con larga tradición urbana y piezas arquitectónicas de valor histórico, quedó en la categoría de renovación.
La explicación, según el investigador, era la racionalidad del capital: los terrenos centrales como San Carlos ofrecían mayor rentabilidad que los periféricos.
El propio texto del PIZN dejó escrita la lógica económica de la Avenida de Circunvalación Interna: «la concepción urbanística de la Avenida de Circunvalación prevé dos conjuntos de carriles de tráfico, separados por un ancho promedio de 150 metros, conformando un eje comercial y de servicios. Este diseño permite la producción de terrenos con alto valor de comercialización, permitiendo que el Gobierno incorpore la plusvalía causada por el proyecto».
El Plan no aclaraba que la mayor parte de los terrenos afectados no eran del Estado, sino de propietarios particulares. La Circunvalación Interna tendría 2.5 kilómetros de longitud; la Circunvalación Externa, 28 kilómetros.
La también investigadora Laura Faxas identificó tres consecuencias estructurales del programa en un análisis publicado en 2007: el retorno a una política económica fundada en la construcción de grandes obras; los efectos desestructurantes sobre los barrios de la zona norte, bastión de la oposición popular al régimen; y la revalorización capitalista de los terrenos vinculada a los proyectos turísticos del V Centenario del Descubrimiento de América en 1992.
Por otro lado, la historiadora Amparo Chantada, en su tesis doctoral presentada en la Universidad Politécnica de Madrid en 1998, había identificado el marco simbólico de todo el programa: proyectar a Santo Domingo como la «Atenas del Nuevo Mundo» de cara a ese aniversario.
El presupuesto y los proyectos
Los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, compilados por Andrés Navarro, muestran la escalada desde el primer año. En 1986, el gasto en construcciones del Estado fue de RD$180,271,385, equivalente al 8% del total presupuestado.
En 1987, ese monto saltó a RD$785,052,326, el 23.8% del presupuesto, una multiplicación por cuatro en un solo año, que reflejaba la prioridad que la Presidencia de la República asignaba al programa desde su arranque.
El primer proyecto habitacional del período fue inaugurado en diciembre de 1987: La Yuca-Los Ríos, con 240 unidades. La supervisión general de los desarrollos estaba a cargo de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, dependencia directa de la Presidencia.
Su funcionario principal era el arquitecto Rafael Tomás Hernández, quien según documentó Navarro García presidía simultáneamente Urbanizaciones Nacionales, C. por A., la empresa privada que recibiría los contratos más importantes del período.
En 1988 se inauguraron cuatro proyectos habitacionales. En mayo, Parque del Este con 462 unidades y Puerto Isabela, el antiguo Hoyo de Chulín, con 560 unidades, este último a cargo de Urbanizaciones Nacionales. En septiembre, Los Farallones con 471 unidades. En noviembre, Hainamosa con 726 unidades. El gasto en construcciones del Estado llegó ese año a RD$1,300,369,906, el 26.7% del presupuesto nacional.
La Contraloría General de la República registró 5,558 unidades habitacionales inauguradas hasta diciembre de 1988. El periodista Ramón Núñez Ramírez, en una nota publicada en el Listín Diario en septiembre de 1989, estableció que esas inversiones no cubrían ni el 15% del déficit habitacional, que continuaba creciendo de forma acelerada.
El déficit era real y su magnitud documentada. Un estudio del investigador Anselmo Silverio, citado por Navarro García, estimaba en 546,900 las viviendas inhabitables en todo el país: el techo de unos 2,684,500 dominicanos.
Las proyecciones del Instituto de Estudios de Población y Desarrollo calculaban 581,000 nuevos hogares entre 1985 y 2000; sumados al déficit acumulado, los requerimientos al final del siglo alcanzaban 981,900 unidades. Para cubrirlos, habría que construir 78,504 viviendas al año: 218 por día.
13 de junio de 1988: Virgilio Suero
Entre los datos del programa y sus consecuencias humanas, Navarro García documentó el caso de Virgilio Suero. El 13 de junio de 1988, en la calle José Martí casi esquina avenida Padre Castellanos, comenzaron las demoliciones cerca de su hogar.
Suero había construido su casa de dos plantas 25 años atrás y según el relato de su esposa, recogido por la prensa de la época, al ver comenzar los mandarriazos subió y bajó repetidamente las escaleras, luego se acostó. Cuando ella fue a ver, ya había muerto: un infarto. La esposa fue desalojada poco después.
Fuentes: Navarro García, Andrés. Barrios en Zozobra. Estado y Organizaciones Populares en la Renovación Urbana en Santo Domingo, 1986-1990. Tesis de maestría, UNAM, 2014. | Lewin, Christopher. Plan Indicativo para el Desarrollo de la Zona Norte de Santo Domingo (PIZN), ONPLAN/ADN/GTZ, mayo 1987. | Faxas, Laurent, 2007. | Chantada, Amparo. Del Proceso de Urbanización a la Planificación Urbana de Santo Domingo (1986-1992). Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 1998. | González Mueses, Evelyn Vanessa. Sobre la vivienda social dominicana en el siglo XX. Caso de Santo Domingo. TFM, MAAPUD 5, Universitat Politècnica de València, 2014. | Oficina Nacional de Presupuesto, Informe de Ejecución Presupuestaria 1989. | Listín Diario, varios números 1987-1989.
Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. (Capitulo XVIII).
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