Alerta que dicha disposición también podría entrar en tensión al régimen especial previsto en la Ley núm. 189-11, que promueve el acceso a la vivienda y el desarrollo del mercado hipotecario
SANTO DOMINGO.– Las asociaciones y gremios que representan al sector constructor de viviendas en la República Dominicana expresaron su preocupación por la aprobación de Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, destacando que la misma podría traducirse en nuevos costos para la vivienda y por ende en posible aumentos para los compradores.
Resaltaron que el consentimiento en el Senado se hizo con carácter de urgencia y sin el debido debate técnico y que podría además, generar tensión en los proyectos amparados en la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en República Dominicana.
A los empresarios de la construcción del sector vivienda les preocupa que dicha legislación grave los proyectos que trabajan bajo la figura de los fideicomisos, generando escenarios de doble carga económica al imponer nuevas obligaciones sobre vehículos jurídicos y operaciones económicas que ya soportan estas cargas fiscales y cuya cadena incrementa los costos de los proyectos y hace que traduzca al precio final de los adquirientes de una casa.
Alertan en un comunicado firmado por varios gremios de la construcción, que dicha disposición también podría entrar en tensión al régimen especial previsto en la Ley núm. 189-11, que promueve el acceso a la vivienda y el desarrollo del mercado hipotecario.
«Reconocemos la importancia de fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y respaldamos las iniciativas orientadas a promover un manejo ambientalmente responsable. No obstante, consideramos fundamental que las medidas adoptadas respondan a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica, evitando efectos no previstos sobre sectores estratégicos como la vivienda», destacan las entidades en documento de prensa.
Formularon un llamado a la Cámara de Diputados para que abra un espacio de diálogo con los sectores involucrados, evalúe nuevamente el alcance de la iniciativa y garanticen una legislación equilibrada, técnicamente sustentada y proporcional, que promueva la sostenibilidad ambiental sin afectar la seguridad jurídica, la inversión y el acceso a la vivienda.
El comunicado está firmado por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE), Asociación de Constructores y Desarrolladores de la Provincia La Altagracia (ADECLA) y la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON).
En contexto
El Senado de la República aprobó el pasado martes 23 de junio de urgencia y en una sesión extraordinaria el proyecto que modifica la Ley 225-20 de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que incluye cambios en el pago de los montos por personas jurídicas o entidad y la prohibición de importación de productos de foam.
En dos lecturas consecutivas, las modificaciones a la ley fueron aprobadas con un total de 22 votos a favor de 28. Desde entonces los empresarios de distintas representaciones han levantado su voz para reclamar una revisión de la pieza legislativa, argumentando que la misma compromete su bienestar y el del país.
Dos empresarios del sector construcción advirtieron que su aplicación de la contribución podría generar una doble carga económica sobre un mismo proyecto y, en consecuencia, traducirse en mayores costos para la construcción y en un eventual incremento del precio de las viviendas.
Jochimin Pérez, CEO de Constructora JPérez, consideró improcedente que los fideicomisos inmobiliarios sean gravados de forma independiente cuando el promotor del proyecto ya se encuentra sujeto a esa misma contribución.
Igualmente la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) solicitó a los legisladores una revisión técnica del proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada por el Senado en sesión extraordinaria, advirtiendo que las nuevas cargas económicas que establece podrían afectar la competitividad de sectores clave, entre ellos el turismo.
La posición del gremio hotelero no es nueva. Desde julio de 2025, cuando la Cámara de Diputados aprobó una versión anterior del proyecto, Asonahores ya había expresado su rechazo, señalando que la iniciativa ignoraba por completo al sargazo, pese a su impacto masivo sobre las costas turísticas, y que las tasas especiales recaían sobre las empresas calculadas según ingresos brutos, sin considerar la cantidad real de residuos generados.
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