El punto de partida de la política de vivienda social dominicana en el nuevo siglo, fue el país que heredó Hipólito Mejía: construcción privada en auge, un INVI con casi cuatro décadas, un déficit de 700 mil unidades sin resolver y el proyecto Invivienda con 18 años pasando de gobierno en gobierno
SANTO DOMINGO. – El 16 de agosto de 2000, Hipólito Mejía juró como presidente de la República Dominicana ante el Congreso Nacional, tras una victoria electoral de más de 1.4 millones de votos frente a los cerca de 785 mil obtenidos del candidato del PLD, Danilo Medina.
En su discurso de toma de posesión, de escasa participación técnica según un análisis posterior del portal Acento, Mejía se comprometió a gobernar «desde una casa de cristal» y describió la pobreza heredada como una carga que la providencia había puesto sobre sus hombros.
Tres meses más tarde, en su discurso de rendición de cuentas de los cien días, el 6 de noviembre de 2000, formalizó ese relato con una expresión que se volvería recurrente en la política dominicana: la «herencia maldita», con la que responsabilizó al gobierno saliente de un déficit del sector público de 7,246 millones de pesos entre enero y agosto de ese año.
Ese mismo discurso de rendición de cuentas no se detuvo en las cifras fiscales. Dijo que también heredó, aunque con menos ruido retórico, el expediente habitacional más antiguo y más incómodo de la administración pública dominicana: el de Invivienda, un expediente que cuatro gobiernos no lograron cerrar.
La cenicienta de los gobiernos
El proyecto Invivienda, iniciado en 1982 por Salvador Jorge Blanco bajo la promesa de construir 25,000 viviendas al año, una cifra que ningún gobierno dominicano ha alcanzado nunca, arrastraba ya 18 años de historia cuando Mejía asumió el poder.
Jorge Blanco no logró terminarlo, entre 1987 y 1993; bajo Joaquín Balaguer solo se entregaron 1,500 de esos apartamentos y Leonel Fernández, según recogen archivos de prensa de la época, entregó 2,000 unidades adicionales durante su gobierno, pero el tiempo tampoco le alcanzó para completar el proyecto ni para cumplirle a todos los adquirientes que llevaban años pagando sus cuotas.
Invivienda pasó entonces, por cuarta vez consecutiva, a manos de una nueva administración. El propio gobierno de Mejía sería finalmente el que cerrara administrativamente el programa, aunque dejando sin concluir 429 unidades que, para entonces, ya estaban ocupadas de manera irregular por familias que “no tenían otra alternativa”.
El proyecto se ganaría, con los años, el apodo de «la cenicienta de los gobiernos», y todavía en 2016 un reportaje de Listín Diario documentaría que cerca de 35,000 familias continuaban viviendo en condiciones infrahumanas dentro de apartamentos del INVI que nunca llegaron a terminarse.
Ese hilo, que atraviesa cuatro gobiernos de signos políticos distintos entre 1982 y 2000, ilustra con más precisión que cualquier discurso presidencial la naturaleza del problema habitacional dominicano: no es que cada gobierno fracasara en diseñar una política de vivienda, es que ningún gobierno lograba, dentro de su propio período constitucional de cuatro años, cerrar lo que el anterior había dejado abierto.
Lo que sí quedó resuelto, y lo que quedó a medias
No todo el balance habitacional que Fernández entregó a Mejía era pasivo. El proyecto de Los Barrancones, construido originalmente para los damnificados del huracán David de 1979, se había anunciado como próximo a concluir en el propio discurso presidencial de 1998.
Los megaproyectos de reconstrucción tras el huracán Georges, particularmente El Tamarindo, en la capital, y los desarrollos de San Juan de la Maguana y Bonao, quedaron en distintas fases de ejecución al momento del cambio de gobierno, sin que los discursos disponibles del período especifiquen su grado exacto de conclusión para agosto de 2000.
El programa de bono para la vivienda, que el INVI y el Banco Nacional de la Vivienda habían iniciado en 1998 y 1999 como mecanismo de facilitación pública y ejecución privada, tampoco dejó indicadores de continuidad explícitos en la documentación disponible del cambio de gobierno.
Su destino inmediato bajo la nueva administración no queda claro en las fuentes consultadas, aunque el modelo de fondo, subsidio a la demanda en lugar de construcción directa, sobreviviría conceptualmente hasta formalizarse en la Ley No. 189-11 de 2011, ya bajo gobiernos posteriores.
Y por encima de todos esos expedientes específicos, quedó la cifra que ningún gobierno del período logró mover de manera sustancial: el déficit habitacional, calculado en más de 700 mil viviendas al cierre de la década de los noventa, y que continuaría creciendo con el aumento natural de la población y la formación de nuevos hogares durante el cuatrienio de Mejía y los que le siguieron.
La respuesta institucional de Mejía a ese cuadro general de pobreza heredada fue la creación del Programa Nacional de Lucha contra la Pobreza (PNLP), anunciado en el mismo discurso de los cien días de gobierno como parte de una estrategia más amplia que combinaba austeridad en el gasto público con un aumento de la carga tributaria, para poder financiar tanto la lucha contra la pobreza como su segunda gran promesa de campaña, el combate a la corrupción.
El PNLP no fue, en su diseño original, un programa específicamente habitacional, sino un paraguas de inversión social más amplio, lo que sugiere que, al menos en el discurso de arranque del nuevo gobierno, la vivienda dejó de tener el protagonismo propio que había tenido en los discursos de cierre de Fernández, para integrarse a una agenda social genérica contra la pobreza.
El mismo librito, distintos maestros
Un análisis publicado por Listín Diario en 2021 resumió, en su propio titular, la lógica que atraviesa toda esta serie: «cada gobierno tiene su librito» para reducir el déficit habitacional. Invivienda, Ciudad Juan Bosch, La Nueva Barquita, Las Caobas, el Barrio Militar Batalla La Estrelleta y Guaricano son, según ese recuento, apenas algunos de los proyectos con los que sucesivos gobiernos, sin distinción de partido ni de década, han intentado dejar su propia marca sobre el problema habitacional dominicano, generalmente sin heredar del todo, ni resolver del todo, lo que dejó el anterior.
La retórica de la «herencia maldita» con la que Hipólito Mejía abrió su gobierno en materia fiscal tiene, en ese sentido, un eco casi exacto en el terreno habitacional, aunque sin el mismo despliegue discursivo.
Mejía heredó un país con la construcción privada en pleno auge, un instituto de vivienda con casi cuatro décadas de continuidad institucional, un déficit de 700 mil unidades sin resolver, y un proyecto insignia, Invivienda, que llevaba ya 18 años pasando de gobierno en gobierno sin que ninguno lograra cerrarlo del todo.
Ese sería, en gran medida, el punto de partida real de la política de vivienda social dominicana en el nuevo siglo.
Fuentes: Discursos de rendición de cuentas del presidente Leonel Fernández ante la Asamblea Nacional (27 de febrero de 1998, 1999 y 2000), publicados en La Modernización de la República Dominicana: Memorias de una Gestión 1996-2000; discurso de toma de posesión y de rendición de cuentas de los cien días del presidente Hipólito Mejía; Listín Diario, «Cada gobierno tiene su ‘librito’ para reducir déficit habitacional» (5 de febrero de 2021); El Inmobiliario, serie Historia de la Vivienda Social en República Dominicana, capítulo sobre el gobierno de Salvador Jorge Blanco.
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