Treinta y cuatro años después de su fundación, el instituto encargado de la vivienda social dominicana llegó a 1996 cargando fábricas quebradas, obras de veinte años y un huracán que apenas comenzaba a asomarse en el horizonte
SANTO DOMINGO. – Cuando Leonel Fernández asumió la presidencia en agosto de 1996, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) llevaba 34 años de existencia bajo ese nombre y un mandato explícito desde su reorganización del 10 de mayo de 1962, mediante la Ley No. 5892: organismo autónomo destinado a contribuir a la solución del problema habitacional a través de la construcción de viviendas de interés social.
Así lo ha documentado la investigadora Natalia Ulloa Cáceres en su estudio sobre la evolución de la vivienda social en Santo Domingo.
Su nombre, sin embargo, existía desde antes, desde la etapa final de la dictadura de Trujillo, lo que da una idea de la continuidad institucional, más que ruptura, que ha caracterizado a este organismo a través de gobiernos de signos políticos opuestos.
No empezaba de cero, ni tampoco a tiempo
El propio Leonel describió, en su discurso de rendición de cuentas de 1998, el peso de esa continuidad institucional sobre su propia gestión. Anunció para abril de ese año la finalización del proyecto habitacional de Los Barrancones, iniciado en 1979 para los damnificados del huracán David, nada menos que 19 años antes, y el compromiso de continuar el proyecto habitacional de Invivienda, comenzado en 1984, 14 años antes de que Fernández llegara al poder.
Ningún gobierno anterior había logrado cerrar esos expedientes, y el que los heredó en 1996 tampoco los cerró de inmediato: se limitó a anunciar su culminación gradual.
Ese patrón de arrastre no era exclusivo de la vivienda, ya que la misma pieza discursiva documenta que el hospital regional de San Pedro de Macorís llevaba 18 años en construcción y la escuela elemental de El Cedro, en Miches, 19 años, lo que sugiere que el problema no era específico del INVI como institución, sino de un modelo más amplio de gestión de obra pública dominicana en el que los proyectos sobreviven a varios gobiernos consecutivos.
Dentro de ese marco de continuidad forzada, el INVI de Leonel Fernández reportó, año a año, una producción que osciló según las circunstancias. En 1997, la ejecución gubernamental en proyectos de vivienda a escala nacional sobrepasó las 3 mil unidades habitacionales, con una inversión acumulada superior a los 1,000 millones de pesos, además de más de 10 mil unidades heredadas de administraciones pasadas en proceso de terminación gradual.
En 1998, año del huracán Georges, el instituto reportó la conclusión de 21,538 soluciones habitacionales, con otras 34,973 en ejecución, la cifra más alta del cuatrienio, explicada en gran medida por la emergencia post-huracán y no por un cambio estructural en la capacidad productiva de la institución.
En 1999, el INVI amplió su modelo de gestión al asociarse con el Banco Nacional de la Vivienda en el programa de bono para la vivienda. (Fuente externa).
En 1999, el INVI amplió su modelo de gestión al asociarse con el Banco Nacional de la Vivienda en el programa de bono para la vivienda, un mecanismo que delegaba en el sector privado buena parte de la ejecución y el financiamiento, en lugar de asumir directamente la construcción, como había sido la norma institucional desde 1962.
Puestas en la perspectiva de los 34 años transcurridos desde su reorganización en 1962, las 21,538 soluciones habitacionales que el INVI reportó como terminadas en 1998 representan una fracción modesta de lo que la institución habría necesitado producir, de manera sostenida, para acercarse a cerrar el déficit de 700 mil viviendas que el propio gobierno reconocía.
Ni siquiera sumando las cifras de los cuatro años del gobierno de Fernández, más de 3 mil unidades en 1997 y 21,538 en 1998, sin que los discursos de 1999 y 2000 ofrecieran un desglose equivalente para esos dos últimos años, se acerca la producción del INVI a una escala capaz de revertir, en un plazo razonable, la magnitud del problema heredado desde los años sesenta.
Reforma de empresa pública y política habitacional
Una de las facetas menos conocidas de la gestión del INVI durante estos años fue su papel como receptor de activos estatales reconvertidos. En el marco de la reforma de la empresa pública impulsada por la Ley No. 141-97, que creó la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) para transformar la Corporación Dominicana de Electricidad, el Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), el gobierno declaró de utilidad pública el inmueble que ocupaba la Fábrica de Clavos Enriquillo, una de las empresas estatales en proceso de liquidación, y ordenó su traspaso al INVI para la construcción de un complejo habitacional.
Esa operación, mencionada en el discurso presidencial de 2000 junto a la reconversión de otros inmuebles industriales, como los de Tejidos Antillanos y Dominicana Industrial de Calzado, hacia fines energéticos e industriales, muestra al INVI operando no solo como constructor de vivienda nueva sobre terrenos vacíos, sino como agencia receptora del patrimonio industrial en desuso del Estado dominicano, en un momento en que la privatización y reforma de las empresas públicas liberaba activos que antes tenían otro destino productivo.
Sobrevivió a su propio socio financiero
El INVI cerró el siglo XX en una posición institucional curiosamente más estable que la de su histórico socio financiero, el Banco Nacional de la Vivienda, creado el mismo mes de 1962 que el INVI y con un mandato originalmente paralelo, que fue transformado en 2002 en entidad de segundo piso, luego en Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción en 2004, y finalmente en el actual Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex) en 2015.
El INVI conservó su nombre, su mandato y su condición de organismo autónomo especializado en vivienda social hasta la creación del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) en 2021, momento en el que finalmente pasó a depender de esa nueva cartera, junto con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y el Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas.
Ese contraste, la continuidad institucional del INVI frente a la sucesión de transformaciones de su antiguo socio financiero, ayuda a explicar por qué la vivienda social dominicana conservó, durante casi seis décadas, la marca de una sola institución constructora, incluso cuando sus mecanismos de financiamiento cambiaban de nombre y de función cada pocos años.
El INVI que Leonel Fernández heredó en 1996, con sus obras de veinte años y sus 700 mil viviendas de déficit, era en el fondo el mismo INVI, con las mismas siglas y el mismo mandato fundacional de 1962, que atravesaría, casi sin cambios de nombre, hasta el siglo XXI dominicano hasta la reforma de 2021.
Fuentes: Discursos de rendición de cuentas del presidente Leonel Fernández ante la Asamblea Nacional (27 de febrero de 1998, 1999 y 2000), publicados en La Modernización de la República Dominicana: Memorias de una Gestión 1996-2000; Ley No. 5892, del 10 de mayo de 1962; Ley No. 141-97, sobre Reforma de la Empresa Pública; Natalia Ulloa Cáceres, La vivienda social en Santo Domingo (tesis doctoral, Universidad Politécnica de Valencia, 2013); Directorio Virtual del Mapa de Organismos del Estado Dominicano, sobre la historia del Banco Nacional de la Vivienda y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
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