Los terremotos ocurridos en Venezuela, en esta semana, han vuelto a despertar una preocupación natural entre los dominicanos: ¿están realmente preparadas nuestras edificaciones para soportar un evento de gran magnitud? La respuesta merece ser analizada con serenidad, pero también con responsabilidad.
La República Dominicana forma parte de una región altamente sísmica. Nuestra historia lo demuestra y el terremoto de Haití de 2010 cambió para siempre la forma de diseñar las estructuras en nuestro país. A partir de esa experiencia entró en vigor el Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras (R-001), una normativa mucho más exigente que incorporó los aprendizajes de los grandes terremotos ocurridos en el mundo.
La norma establece que las edificaciones deben diseñarse para una amenaza sísmica con un período de retorno de 2,475 años, equivalente a una probabilidad de apenas un 2 % de ser superada en 50 años. En otras palabras, las estructuras modernas se calculan para resistir movimientos de gran severidad, muy por encima de los sismos que ocurren con mayor frecuencia.
Asimismo, el reglamento exige evaluar parámetros fundamentales como la zona sísmica, el tipo de suelo, la importancia de la edificación, la regularidad estructural, la ductilidad (la capacidad de deformarse sin colapsar) y el control de los desplazamientos entre pisos.
También restringe configuraciones de alto riesgo, como los llamados pisos blandos, responsables del colapso de numerosas edificaciones en terremotos alrededor del mundo.
En ciudades como Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, La Romana, Puerto Plata y Samaná, donde se concentra gran parte del desarrollo urbano y turístico, el cumplimiento de estas exigencias resulta determinante para la seguridad de miles de familias y de importantes inversiones.
Sin embargo, existe un aspecto igual de importante que el diseño: la supervisión técnica durante la construcción. Un excelente proyecto estructural puede perder gran parte de su capacidad de respuesta si, durante la ejecución, no se respetan los planos, se sustituyen materiales, se modifica el acero de refuerzo, se alteran dimensiones o se omiten procedimientos constructivos.
Por eso, una gran garantía de la construcción de una edificación segura no depende únicamente de que exista una buena normativa, sino de que cada etapa de la obra sea verificada mediante una supervisión técnica objetivamente profesional, capaz de asegurar que lo construido sea exactamente lo que fue diseñado y apegado a las normas.
Es importante comprender también que ninguna normativa del mundo garantiza que un edificio permanecerá intacto ante un terremoto que supere los valores para los cuales fue diseñado.
La ingeniería moderna tiene un objetivo aún más importante: evitar el colapso de la estructura y preservar la vida de las personas.
La tragedia ocurrida en Venezuela debe servirnos para reflexionar, no para vivir con miedo. Debe recordarnos que la seguridad estructural comienza mucho antes de que la tierra tiemble.
Comienza en un diseño responsable, continúa con una construcción ejecutada conforme a las normas y se consolida con una supervisión técnica rigurosa, ética y libre de intereses particulares.
Al final, cuando ocurra el próximo gran sismo, la diferencia entre una tragedia y una historia de resiliencia no dependerá del azar. Dependerá del compromiso que hayamos tenido, como profesionales, autoridades, constructores y sociedad, con el cumplimiento de las normas y con la calidad de cada obra que entregamos.
Esa es la verdadera inversión en seguridad y la mayor tranquilidad que podemos ofrecer a la ciudadanía.
Lecturas recomendadas:
