El gremio del comercio considera que las modificaciones sucesivas a la legislación afectan la planificación empresarial y la previsibilidad regulatoria
SANTO DOMINGO.– La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), expresó su preocupación por las nuevas modificaciones aprobadas por el Senado al proyecto de reforma de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que los cambios reiterados a la normativa generan un escenario de incertidumbre para los sectores productivos.
La entidad señaló que el régimen de contribuciones establecido en el artículo 36 ha sido modificado nuevamente pocos meses después de la entrada en vigor de la Ley 98-25, situación que, a su juicio, dificulta la planificación financiera y el cumplimiento regulatorio de las empresas.
Cuestionan cambios sucesivos a la legislación
De acuerdo con la ONEC, más allá de las modificaciones realizadas a las escalas de contribución, expresan que les preocupa que una legislación con impacto económico directo sea objeto de cambios frecuentes y aprobados mediante procedimientos acelerados.
«El comercio necesita reglas claras, estables y previsibles. La planificación financiera, las inversiones y el cumplimiento regulatorio no pueden depender de cambios sucesivos aprobados en cuestión de días», indicó la organización en un comunicado.
La entidad recordó que la reforma fue aprobada en el Senado pocos días antes del vencimiento del primer pago semestral de la contribución especial, fijado para el 30 de junio, mientras que posteriormente la Cámara de Diputados introdujo nuevas modificaciones relacionadas con las escalas de aportes, un régimen transitorio para el año fiscal 2025 y la ampliación excepcional de los plazos de pago para algunas empresas.
Piden mayor discusión técnica
La organización reiteró que respalda las iniciativas orientadas a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y reconoció la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento para enfrentar los desafíos ambientales del país.
No obstante, sostuvo que las reformas legislativas de alto impacto económico deben estar sustentadas en análisis técnicos, procesos de consulta amplios y mecanismos que garanticen seguridad jurídica tanto para el Estado como para los contribuyentes.
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