Cada vez que un terremoto de gran magnitud ocurre en cualquier parte del mundo, los dominicanos nos preguntamos de nuevo: ¿están realmente seguras nuestras edificaciones?
La respuesta no depende únicamente de cómo fueron diseñadas o construidas. También depende de cómo han sido mantenidas, modificadas y evaluadas con el paso de los años.
Existe una realidad que pocas veces forma parte del debate público: los edificios no permanecen inalterables durante toda su vida útil.
Las estructuras están sometidas de manera permanente a la dinámica del suelo, a cargas cambiantes, al envejecimiento natural de los materiales, a remodelaciones, ampliaciones, filtraciones, corrosión y, por supuesto, a la actividad sísmica que caracteriza a la República Dominicana.
Nuestro país se encuentra en una región de alta amenaza sísmica, y una de las zonas más activas del Caribe, encima de las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica, y la interacción entre ellas hace que los terremotos sean un riesgo permanente y no un evento excepcional.
Esa realidad exige una cultura de prevención. Inicia en el diseño, donde deben preverse los riesgos.
La seguridad de una edificación no se presume; debe garantizarse en los procesos constructivos y la supervisión técnica efectiva es determinante para el control del cumplimiento de la normativa durante la ejecución.
Inspecciones, ensayos, pruebas de funcionamiento, controles de calidad, registros técnicos y demás protocolos exigidos en cada etapa de la obra, constituyen parte del soporte documental que valida que el diseño fue correctamente materializado y que la obra cumple efectivamente con los requisitos reglamentarios.
También, resulta indispensable impulsar un programa nacional (permanente) de evaluación de las edificaciones ya construidas, especialmente que se hicieron antes de la entrada en vigencia de la normativa sísmica más modernas (año 2011 – Reglamento R-001) o aquellas cuyo estado estructural nunca ha sido verificado por profesionales especializados.
Sin embargo, esta responsabilidad no debe recaer exclusivamente sobre el Estado. El Estado regula, pero su cumplimiento es, también, responsabilidad de propietarios, administradores y usuarios.
Las administraciones de los condominios tienen un papel fundamental en la protección de cientos de familias que habitan las edificaciones.
Así como se realizan mantenimientos a ascensores, plantas eléctricas, bombas de agua o sistemas contra incendios, también debería formar parte de la gestión responsable la contratación periódica de evaluaciones estructurales que permitan conocer el verdadero estado del edificio.
No se trata de generar alarma. Pero si, administrar el riesgo, para prever.
Una evaluación estructural permite identificar oportunamente posibles vulnerabilidades, establecer prioridades de intervención, planificar reforzamientos cuando sean necesarios y, sobre todo, elaborar planes de contingencia sustentados en información técnica y no en suposiciones.
La seguridad estructural no debe asumirse como una condición permanente e inmutable. Debe entenderse como un proceso continuo de verificación, mantenimiento y mejora.Las construcciones exigen un compromiso permanente frente a la dinámica del suelo y frente a los fenómenos naturales que inevitablemente seguirán ocurriendo.
La mejor inversión que puede hacer una comunidad de propietarios no siempre será una remodelación estética; muchas veces será conocer con certeza el nivel de seguridad de la estructura que protege sus vidas y la de los residentes.
La resiliencia de nuestras ciudades no se construye únicamente levantando nuevos edificios. También se fortalece cuidando y evaluando responsablemente los que ya existen.
Esperar a que un gran terremoto nos revele cuáles edificios eran vulnerables sería llegar demasiado tarde. La prevención siempre será más económica que la reconstrucción y, sobre todo, infinitamente más valiosa cuando lo que está en juego son vidas humanas.
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