SANTO DOMINGO.– El proceso judicial por la tragedia del Jet Set, considerada una de las mayores catástrofes ocurridas en un centro de entretenimiento en la historia reciente de República Dominicana, entró en una nueva fase tras la designación del tribunal que tendrá a su cargo el juicio de fondo contra los empresarios Antonio y Maribel Espaillat.
La Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional informó este lunes la asignación del expediente a la Cuarta Sala Penal, presidida por el magistrado Franny González, quien será el encargado de conducir el proceso judicial derivado del colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridas.
Una nueva etapa tras la inhibición de la primera jueza designada
La designación ocurre luego de que la magistrada Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, se inhibiera de conocer el proceso al alegar una relación de amistad afectiva con una de las víctimas del siniestro, que de acuerdo con el comunicado, es una decisión sustentada en las disposiciones del Código Procesal Penal relativas a la imparcialidad judicial.
Con la asignación del nuevo tribunal, el magistrado González deberá emitir el auto de fijación de audiencia mediante el cual serán convocados el Ministerio Público, la defensa de los imputados y las partes querellantes para dar inicio formal al juicio de fondo.
El caso que puso a prueba el sistema judicial dominicano
El envío a juicio fue ordenado por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, quien concluyó que existían méritos suficientes para que el proceso avanzara bajo la tipificación de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, descartando la solicitud de algunos querellantes que buscaban una acusación por homicidio voluntario.
En su decisión, el magistrado también excluyó del proceso penal al Ayuntamiento del Distrito Nacional, al Ministerio de Obras Públicas (MOPC), y a otras instituciones estatales, mientras dispuso medidas conservatorias sobre bienes de los imputados con el objetivo de garantizar una eventual reparación económica a las víctimas.
La apertura del juicio de fondo marca el inicio de la etapa en la que serán debatidas públicamente las pruebas documentales, testimoniales y periciales relacionadas con una tragedia que, más de un año después de ocurrida, continúa generando interrogantes sobre las responsabilidades penales, civiles e institucionales derivadas del colapso del emblemático centro de entretenimiento.
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