El Comité Institucional Codiano advierte que evaluará acciones administrativas y judiciales si las entidades no responden dentro de los plazos legales y no descarta piquetes pacíficos
SANTO DOMINGO.- El Comité Institucional Codiano (CIC) informó que remitió comunicaciones a diez instituciones públicas, a través de sus respectivas Oficinas de Acceso a la Información (OAI), para solicitar detalles sobre el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el protocolo de actuación de la Comisión Ejecutora de la Ley núm. 16-26.
El ingeniero Miguel Liberato, vocero autorizado del CIC, advirtió que los contratistas darán seguimiento individualizado a las solicitudes y que, si las entidades no responden dentro de los plazos legales, evaluarán las acciones administrativas y judiciales correspondientes. Asimismo, no descartó la organización de piquetes pacíficos frente a las instituciones que incumplan sus obligaciones.
Liberato explicó que la iniciativa responde a la preocupación del sector por la lentitud de las instituciones deudoras, que, pese a haber recibido el referido protocolo hace más de tres meses, todavía no han remitido la documentación necesaria para que la Comisión Ejecutora pueda verificar, evaluar y validar las acreencias correspondientes.
Al respecto, precisó que los 92 expedientes están distribuidos entre los ministerios de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de Educación (MINERD), así como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entre otras entidades.
En ese contexto, el vocero consideró que “no es aceptable que, después de más de tres meses de haber recibido el protocolo operativo, instituciones que conocen estas deudas desde hace más de seis años todavía no hayan remitido la documentación requerida”.
Solicitan detalles sobre los expedientes pendientes
Asimismo, Liberato señaló que las comunicaciones buscan establecer qué actuaciones administrativas han realizado las instituciones desde que recibieron el protocolo, cuáles expedientes han preparado, cuántos han enviado a la Comisión Ejecutora y qué obstáculos, si los hubiere, han impedido completar el proceso.
De esta manera, el CIC procura conocer el estado de los trámites y determinar qué acciones han adoptado las entidades públicas para facilitar la revisión y validación de las deudas reclamadas por los contratistas.
Invocan la Ley de Libre Acceso a la Información Pública
Por otra parte, Liberato explicó que las solicitudes fueron formuladas al amparo de la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, cuyo artículo 8 establece un plazo ordinario de quince días hábiles para responder, prorrogable excepcionalmente por otros diez días hábiles, previa justificación y notificación oportuna.
En esa misma línea, recordó que los artículos 9 y 10 de dicha legislación contemplan consecuencias jurídicas ante el incumplimiento de los plazos y la denegación de información.
Piden cumplir con las responsabilidades documentales
Liberato reiteró que el Comité Institucional Codiano reconoce la importancia del trabajo que desarrolla la Comisión Ejecutora de la Ley núm. 16-26. Sin embargo, consideró indispensable que las instituciones deudoras cumplan oportunamente con sus responsabilidades documentales.
Según explicó, la entrega de esos expedientes constituye un paso necesario para que la comisión pueda avanzar en la verificación y validación de las acreencias, por lo que la falta de documentación impide continuar con ese proceso.
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