Más allá de las secuelas económicas, la fractura de familias y comunidades, además del impacto en la salud mental fueron el precio que pagaron miles de personas. Todo por la escala de las operaciones, las promesas incumplidas y el modo subrepticio con que se ejecutaron
SANTO DOMINGO. – El programa de renovación urbana de Balaguer no se ejecutó sobre terrenos vacíos, sino sobre barrios con décadas de historia, casas construidas por sus propietarios con el trabajo de años, pasó por encima de redes de convivencia, comercio informal y solidaridad vecinal que desaparecieron junto con las estructuras demolidas.
El arquitecto Andrés Navarro García documentó en su tesis de maestría, “Barrios en Zozobra”, el patrón mediante el cual esos desalojos se produjeron, y compiló los testimonios de quienes los vivieron.
El proceso seguía un patrón que evidenció Navarro: no había anuncio oficial, sino que comenzaba con el rumor de que se harían nuevas avenidas y edificaciones, sin saber exactamente cuándo y dónde.
Semanas o meses después llegaban encuestadores a levantar datos de las familias y marcar las edificaciones, como cuando, en el libro del Éxodo los israelíes marcaban sus casas para que el Ángel de la Muerte no les tocara. En esta época las marcas tenían otro significado.
Cuando se preguntaba, solo afirmaban que a cada familia se le daría una casa nueva, refiere Andrés Navarro. Luego se informaba a cuál oficina debían acudir los censados para negociar la tasación de su vivienda y fijar la fecha de desocupación.
A quienes no aceptaban los resultados o no encontraban dónde mudarse en el plazo fijado, se les sometía a distintos tipos de presión, que incluía el sitio, según describió el vicario de la parroquia de Guachupita, el padre Jesús Zaglul, en el documento de video “Santo Domingo: 500 años después”, producido por COPADEBA y CEDAIL en 1987:
“No se ha sacado a la gente a la fuerza porque no se le ha sacado de la casa, pero se le ha cortado la luz, se le han dejado lomas de tierra en el frente de sus casas, se le ha roto las cañerías del agua, dejando solamente una para casi toda la parte del barrio que está siendo desalojada. Además de eso, van con la policía junto a los ingenieros y se han hecho amenazas directas, diciendo que se van a sacar a la fuerza de sus casas… Esa presión, que no se ve, que no sale, que nadie se entera, acaba con la gente”.
Las cifras barrio por barrio
Una recopilación de datos sobre los desalojos realizada por una organización no gubernamental en 1991 y documentada por Navarro García estableció las siguientes cifras por zona: Los Mameyes, Maquitería, Simónico y sectores aledaños registraron 3,720 familias desalojadas; San Carlos, Villa Francisca y partes del centro histórico, 1,459.
Villa Juana, Villa Consuelo y cercanías, 2,577 familias según ese recuento, aunque fuentes periodísticas de la época estimaban hasta 5,000 en esa sola zona; Hoyo de Chulín, La Zurza y parte de Cristo Rey, 3,482; Guachupita, La Ciénaga y barrios vecinos, 1,557; barrios enclaves a lo largo de la carretera Francisco del Rosario Sánchez, 1,143.
Sabana Perdida y algunos sectores de Villa Mella y Los Mina, 921; Las Ochocientas, Los Ríos y aledaños, 742; La Tablita de San Juan Bosco, 191.
El total de esas cifras parciales suma 16,192 familias. La estimación total a fines de 1991 superaba las 20,000. Ese mismo año, el decreto 358/91 ordenó el desalojo de unas 10,000 familias adicionales de La Ciénaga y Los Guandules.
Lo prometido y lo construido
Los datos sobre la relación entre familias desplazadas y apartamentos construidos revelaron una brecha sistemática. En Villa Juana y Villa Consuelo, el proyecto Expreso V Centenario desalojó a aproximadamente 5,000 familias según fuentes periodísticas; el proyecto construyó 2,000 apartamentos.
En La Zurza, el censo de 1981 registraba 30,515 habitantes, equivalentes a unas 5,548 familias. El proyecto habitacional construyó 501 apartamentos. Algunos medios, haciendo eco al discurso oficial, los presentó al inaugurarse como “un milagro del siglo XX”.
La presidenta del Club de Madres de La Zurza, Fresa Durán, declaró en noviembre de 1991 que los principales problemas del barrio seguían siendo la falta de agua potable, la ausencia de tendido eléctrico formal y la deficiente recogida de basura.
Casas nuevas, nuevos problemas
En Puerto Isabela, los apartamentos construidos sobre el antiguo Hoyo de Chulín, los problemas aparecieron antes de que pasara un mes de la entrega. Los residentes denunciaban falta de agua, cercas de alambres de púas al interior del proyecto e impedimentos para instalar negocios informales.
Manuel Severino, del edificio H, declaró a la prensa que en enero había muerto su niño más pequeño al caer desde la cuarta planta, y que el agua escaseaba porque el ingeniero Espaillat se había llevado la bomba y las mujeres embarazadas del edificio tenían que salir hasta la avenida Máximo Gómez a buscar agua. Eso reveló una nota publicada por e periódico El Siglo el 14 de junio de 1989, documentada por Navarro García.
En julio de 1989, el arquitecto Rafael Tomás Hernández reconoció públicamente ante la prensa la existencia de vicios en las construcciones, los cuales calificó de «vicios menores».
En noviembre de 1991, la Junta Popular de Organizaciones Barriales y Comunitarias (JUNTAPO) denunció que el 90% de los 876 apartamentos entregados en Villa Juana y Villa Consuelo tenía grandes filtraciones, grietas en las estructuras y un sistema de desagüe deficiente.
Pantojas: el destino no soñado
El barrio Pantojas, denominado oficialmente La Redención y ubicado a más de 15 kilómetros del centro, detrás del Cementerio Cristo Redentor, a lo largo de una estrecha carretera entre los poblados rurales de Pantojas y La Isabela, fue creado para reubicar a cientos de familias desalojadas de Villa Consuelo, el kilómetro 8½ de la carretera Sánchez, La Incineradora, La Puya y La 70.
En 1991, Navarro García documentó los testimonios de sus moradores a través de la prensa de la época. Victoriano Sepúlveda, desalojado de Villa Consuelo, denunció que en Pantojas no había escuelas, dispensarios médicos, drenaje pluvial ni un teléfono público, y que las calles no estaban en condiciones aceptables.
Rafael Bautista describió el agua como «de tan mala calidad que debemos colarla antes de tomarla porque llega con muchos desperdicios». La mayoría de las viviendas eran casas de madera rescatadas de las antiguas viviendas demolidas, cubiertas con zinc viejo o cartón.
Para 1991, el único servicio regular con que contaban era el transporte, porque varias rutas de autobuses pasaban por sus cercanías.
La prensa publicó en junio de 1991: “Pantojas continuará creciendo, pues es el principal recipiente de los desalojados de Santo Domingo y pese al desarrollo urbanístico experimentado en el país, el ‘nuevo barrio’ se expande sin ningún tipo de control ni planificación”.
La salud mental y la fractura familiar
La escala de los desalojos, las promesas incumplidas, el modo con que se ejecutaron, provocó, más allá de las secuelas económicas, la fractura de familias y comunidades, amén del impacto en la salud mental.
En 1990, el Instituto de Investigaciones y Asesorías en Salud (IASA) realizó un estudio sobre la población desalojada reasentada en Pantojas, con una muestra de 150 personas, cuyos resultados fueron publicados por el periodista Francisco Sánchez Martínez en el diario Hoy el 9 de octubre de ese año bajo el título “Desalojos y Salud Mental”.
El 84% de los entrevistados padecía intranquilidad interior; el 82.6% manifestaba ánimo deprimido; el 68% sentía temor a morir; el 64% reportaba irritabilidad; el 61.3% tenía cefaleas fuertes; el 54% sufría insomnio; y el 54% tenía temor a volverse loco.
El dirigente barrial José Ceballos, de COPADEBA, sintetizó el impacto de los desalojos en una entrevista incluida en el documento de video “Santo Domingo: 500 años después”, producido por COPADEBA y CEDAIL en 1987: “Esta situación está trayendo las siguientes consecuencias: primero, se están rompiendo las familias que integran el sector barrial; hay familias que han tenido que enviar parte de los hijos al campo; que la esposa ha tenido que ir a vivir donde un amigo o donde un compadre, y que el esposo ha quedado en el aire buscando dónde pasar la noche. También ha traído como consecuencia el destruir las organizaciones populares, de tal manera que grupos de familias que ya habían logrado formas de buscarse la vida, hoy se encuentran divididas, separadas”.
Fuentes: Navarro García, Andrés. Barrios en Zozobra. UNAM, 2014. | IASA. Instituto de Investigaciones y Asesorías en Salud, 1990. En: Sánchez Martínez, Francisco. Desalojos y Salud Mental. Hoy, 9 de octubre de 1991. | COPADEBA/CEDAIL. Santo Domingo: 500 años después. Documento de video, 1987. | El Siglo, Última Hora, Hoy, varios números 1989-1991, citados en Navarro García, 2014.
Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. (Capitulo XX).
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