Dieciocho meses para prepararnos: el desafío del sector inmobiliario ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas
La prórroga para aplicar determinadas disposiciones sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas ofrece al sector inmobiliario dominicano una oportunidad para revisar sus controles, capacitar a sus equipos y convertir el cumplimiento normativo en una práctica cotidiana.
Dieciocho meses. Ese es el tiempo adicional que tienen las empresas para prepararse ante la aplicación de determinadas disposiciones del nuevo Código Penal dominicano relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Sin embargo, hay una pregunta que considero mucho más importante que conocer la fecha de entrada en vigor de estas disposiciones: ¿qué vamos a hacer con esos 18 meses?
¿Esperaremos hasta el último momento para revisar nuestros procedimientos? ¿Continuaremos operando de la misma manera, confiando en que nunca enfrentaremos una situación que comprometa jurídicamente a nuestra empresa? ¿O aprovecharemos este período para prepararnos, capacitar a nuestros colaboradores y desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento?
La reciente promulgación de la Ley núm. 88-26, que modifica el artículo 31 de la Ley núm. 44-26, establece que los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley núm. 74-25 comenzarán a aplicarse el 5 de mayo de 2028, con la salvedad prevista en el artículo 393.
Esta decisión representa una oportunidad que el sector inmobiliario dominicano no debería desaprovechar.
La prórroga no es una invitación a esperar
En el ejercicio profesional he aprendido que muchos conflictos jurídicos no comienzan necesariamente con una actuación deliberadamente incorrecta, sino con decisiones tomadas sin la debida orientación, procedimientos que nunca fueron revisados o responsabilidades que nadie asumió oportunamente.
Por eso, cuando hablamos de prevención, no nos referimos únicamente al cumplimiento de una disposición legal. Hablamos de proteger empresas, inversiones, patrimonios y reputaciones construidas durante años.
Es importante comprender que esta prórroga no suspende las obligaciones legales actualmente vigentes. Las empresas inmobiliarias que tengan la condición de sujetos obligados conforme a la Ley núm. 155-17 deben continuar cumpliendo sus deberes de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
El nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas plantea desafíos adicionales que deben estudiarse y abordarse conforme a sus disposiciones específicas.
¿Qué vas a hacer con estos 18 meses?
Esta es la pregunta que quisiera dejar sobre la mesa de cada empresario inmobiliario.
¿Revisarás los procedimientos internos de tu empresa? ¿Identificarás los riesgos jurídicos asociados a tus operaciones? ¿Capacitarás a tus agentes, empleados y colaboradores? ¿O esperarás hasta mayo de 2028 para preguntarte por dónde comenzar?
Prepararse no significa necesariamente crear estructuras administrativas complejas ni incurrir en gastos desproporcionados. Significa comenzar por conocer nuestra realidad empresarial y establecer controles acordes con el tamaño, las características y los riesgos de cada organización.
Una empresa inmobiliaria debería poder responder preguntas fundamentales:
- ¿Quién verifica la documentación de los clientes?
- ¿Cómo se supervisan las operaciones?
- ¿Quién autoriza determinadas decisiones?
- ¿Qué procedimientos existen para reportar situaciones irregulares?
- ¿Cómo se documentan las actuaciones de los colaboradores?
Si no tenemos respuestas claras, ya sabemos por dónde comenzar.
La cultura de cumplimiento no se construye con un manual
Uno de los mayores desafíos de las organizaciones es comprender que el cumplimiento normativo no consiste simplemente en tener documentos archivados.
Podemos contar con manuales, políticas internas y formularios perfectamente elaborados, pero si nuestros colaboradores desconocen su contenido o no los aplican, difícilmente podremos hablar de una verdadera cultura de cumplimiento.
La prevención debe formar parte de las operaciones cotidianas.
Desde la captación de una propiedad hasta el cierre de una transacción, cada procedimiento debe responder a criterios de legalidad, transparencia, supervisión, trazabilidad y responsabilidad.
Aquí quiero detenerme en un aspecto fundamental: la capacitación del personal y de los colaboradores inmobiliarios.
No podemos exigir actuaciones responsables a quienes no hemos proporcionado los conocimientos y las herramientas necesarias para desempeñar correctamente sus funciones.
Capacitar no debe verse como un gasto, sino como una inversión en la sostenibilidad de nuestras empresas.
El compromiso gremial con la preparación del sector
Las transformaciones legislativas también requieren instituciones profesionales dispuestas a orientar y acompañar a sus miembros.
Desde la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), asumimos este período como una oportunidad para contribuir a la preparación del sector inmobiliario dominicano.
Como institución con personalidad jurídica, contamos con una estructura institucional desde la cual podemos promover iniciativas de orientación, formación y acompañamiento para nuestros miembros.
Estamos en disposición de aportar nuestra experiencia, promover espacios de capacitación y desarrollar herramientas prácticas que permitan a las empresas comprender el alcance de estas disposiciones, evaluar sus procedimientos y fortalecer sus mecanismos de prevención.
Entendemos que la profesionalización de nuestro sector no depende únicamente de nuevas regulaciones, sino también de nuestra capacidad para anticiparnos a ellas y asumir responsablemente los cambios.
El tiempo no prepara a las empresas. Las decisiones sí.
Dieciocho meses pueden ser suficientes para transformar procedimientos, fortalecer controles y capacitar equipos. Pero también pueden transcurrir sin que hayamos realizado un solo cambio.
La diferencia estará en lo que decidamos hacer desde ahora.
No debemos interpretar la ampliación del plazo como una razón para postergar nuestras responsabilidades, sino como una oportunidad para construir organizaciones más sólidas, transparentes y jurídicamente preparadas.
La seguridad jurídica no comienza cuando recibimos una notificación, enfrentamos una investigación o surge un conflicto. Comienza mucho antes, con las decisiones que tomamos para prevenirlos.
El calendario ya está corriendo.
La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué vas a hacer con estos 18 meses?
Lecturas recomendadas:
