En nuestro país, la seguridad laboral en la construcción no es una recomendación opcional; es una obligación legal orientada a prevenir accidentes, lesiones y enfermedades profesionales. El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el poder ejecutivo mediante el Decreto núm. 522-06, junto con la Resolución núm. 04-2007, del Ministerio de Trabajo, establecen disposiciones fundamentales para la prevención de riesgos, incluidas las aplicables a las obras de construcción.
El desafío del sector construcción no consiste únicamente en conocer estas disposiciones, sino en convertirlas en prácticas permanentes. Una norma no protege vidas por el simple hecho de existir; su efectividad depende de que se cumpla, se supervise y se exija su aplicación.
Detrás de cada vivienda, torre, complejo turístico u obra de infraestructura existe una responsabilidad que no podemos relegar a un segundo plano: garantizar la seguridad y la salud de quienes hacen posible su ejecución.
La prevención comienza con la planificación
Cada obra debe disponer de un programa de seguridad y salud en el trabajo que identifique los riesgos de las distintas etapas constructivas, establezca medidas de control y defina procedimientos seguros.
No se trata de cumplir un requisito documental, sino de anticiparse a los peligros antes de que se conviertan en accidentes. El uso de equipos de protección personal (cascos, botas, guantes, gafas, protección auditiva y sistemas contra caídas, según corresponda) es indispensable.
Pero no podemos reducir la seguridad al equipo que lleva puesto el trabajador. Es necesario controlar los riesgos asociados con andamios, excavaciones, trabajos en altura, maquinaria, herramientas, instalaciones eléctricas, caída de objetos y circulación dentro de la obra.
A esto se suman la capacitación del personal, la señalización, el orden, la limpieza, los accesos seguros y la preparación para responder ante emergencias. Cada actividad debe ejecutarse bajo condiciones que reduzcan razonablemente la exposición al peligro.
La responsabilidad es compartida, y cada quien debe cumplir con lo que le toca
El empleador debe proteger a sus trabajadores y proporcionar las condiciones preventivas necesarias.
El contratista principal debe coordinar las medidas de seguridad en el conjunto de la obra conforme a sus obligaciones. Los subcontratistas deben controlar los riesgos de sus actividades, mientras que los trabajadores deben respetar los procedimientos establecidos y comunicar las situaciones peligrosas.
La supervisión responsable debe comprobar que las medidas preventivas se apliquen en cada frente de trabajo, documentar los incumplimientos y dar seguimiento a las acciones correctivas.
La fiscalización del cumplimiento legal corresponde, además, a las autoridades competentes, particularmente al Ministerio de Trabajo en materia de seguridad y salud laboral.
En la construcción dominicana debemos superar la práctica de considerar la seguridad como un costo adicional o una formalidad administrativa. La presión por cumplir cronogramas y presupuestos no justifica improvisaciones ni la exposición innecesaria de los trabajadores.
Un accidente puede destruir una familia, paralizar una obra y generar consecuencias humanas, económicas y legales que pudieron evitarse.
Necesitamos fortalecer una cultura preventiva basada en la planificación, la capacitación, la supervisión permanente, los registros de incidentes y la corrección oportuna de las condiciones inseguras.
Cumplir la norma es una obligación; convertir la prevención en una cultura es una responsabilidad ética de todos.
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