SANTO DOMINGO. – En mayo de 1989, el gobierno dominicano suspendió el pago de US$23 millones a la banca extranjera, porque no tenía con qué pagar. En agosto suspendió US$12 millones más y en septiembre de ese año, el Banco Central se vio obligado a suspender totalmente la deuda con los bancos comerciales internacionales.
Eran US$800 millones, y el país quedó en una situación de insolvencia que cortó el acceso a todo crédito externo y todo esto ocurría mientras el programa de obras públicas más costoso de la historia dominicana seguía en marcha.
El sociólogo Leopoldo Artiles Gil documentó este proceso en el capítulo que dedicó a los diez años de Balaguer en el Tomo VI de la Historia General del Pueblo Dominicano, publicado por la Academia Dominicana de la Historia en 2018. Fue como un efecto dominó.
El dólar, que en agosto de 1986 se cotizaba a RD$2.70, había llegado a RD$4.75 en julio de 1987, a RD$6.35 en agosto de 1988, y a RD$8.40 en diciembre de 1989. Para abril de 1990, se cotizaba a RD$11 por cada dólar.
La inflación, que el Banco Central estimaba en 39% para 1988, cifra cuestionada por el economista Andrés Dauhajre, quien la situaba en 60%, llegó al 100% al cierre de 1990. Las reservas de petróleo se agotaron: de las 19 plantas generadoras de electricidad existentes, 12 habían dejado de producir energía ese año por falta de combustible o averías y la población recibía dos a cuatro horas de electricidad al día.
Cómo se financió el programa de obras
La explicación de por qué un gobierno sin divisas pudo sostener durante cuatro años el programa de obras públicas más ambicioso del país está en la política monetaria. Artiles Gil lo explica:
- Balaguer recurrió a la emisión inorgánica de dinero para financiar el programa.
- Restringió el crédito al sector privado para ampliarlo al sector público.
- Impuso un sistema de tasas de cambio múltiples que le permitía comprar divisas a los exportadores por debajo del precio de mercado, a RD$3.50 cuando el dólar libre se cotizaba a RD$4.75 y luego distribuirlas de forma discrecional a importadores y empresarios aliados.
Esa modalidad de clientelismo patrimonialista alimentó la espiral inflacionaria y desincentivó las exportaciones, que comenzaron a subvaluar sus ventas para esconder divisas del Banco Central.
El ex secretario técnico, Leopoldo Espaillat Nanita, describió el mecanismo en la Revista Ahora en 2001, citado por Artiles Gil: la presión de la falta de divisas para cubrir el alto componente importado del plan de inversiones “determinó un proceso de devaluación del peso y una inflación creciente que desajustó toda la estructura de precios de la economía”.
Añadió que la política de contratos abiertos para absorber los efectos de la inflación en los insumos de construcción “permitió todo tipo de maniobras de corrupción con los contratos de construcción del Estado, al romperse los parámetros de fiscalización económica”.
Pacto de Solidaridad y de nuevo el FMI
En agosto de 1990, con una huelga general como amenaza inmediata y la economía al borde del colapso, Balaguer firmó el Pacto de Solidaridad Económica con el empresariado. El acuerdo, al que no fueron invitados los sectores populares, estableció compromisos de control de precios, reforma tributaria, tasa de cambio única y reducción del déficit público.
Su cumplimiento fue parcial. Lo que sí produjo, a largo plazo, fue el marco para el primer acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, firmado en julio de 1991.
Balaguer había criticado al FMI durante toda su campaña de 1986 y responsabilizado sus políticas de los males del país. Artiles Gil documenta la reunión del 16 de octubre de 1990 en la que el economista Carlos Despradel le propuso liberar la tasa de cambio y negociar con el Fondo.
La reacción de Balaguer, según el propio Despradel: se puso de pie colérico, lo señaló con el dedo y le dijo que era culpable de la situación del país por haber sido el artífice de los acuerdos con el FMI durante el gobierno de Jorge Blanco.
La negociación con el Fondo, con la Iglesia Católica como mediadora indispensable, a través de monseñor Agripino Núñez Collado, tomó varios meses más.
Efectos del acuerdo sobre la vivienda
El acuerdo de julio de 1991 prohibió la emisión de dinero inorgánico, estableció una reforma tributaria, eliminó la doble tributación y levantó las barreras a las importaciones.
El efecto inmediato fue la estabilización de la moneda y la recuperación del acceso al crédito internacional. Como efecto colateral, poco esperado, la eliminación de la comisión cambiaria a las importaciones hizo que los ingresos aduanales del gobierno se quintuplicaran, como recoge Artiles Gil citando al economista Carlos Despradel. La economía creció un 8% en 1992.
Ese crecimiento llegó justo a tiempo para las celebraciones oficiales del V Centenario y abrió el camino a un modelo económico que cambiaría la naturaleza de la inversión.
El turismo, que en la década de los ochenta había visto construir 13,654 nuevas habitaciones hoteleras, multiplicó ese número por 2.5 en los años noventa: 32,873 habitaciones nuevas. Las zonas francas pasaron de exportar US$1,194 millones en 1992 a US$4,100 millones en 1998, con una tasa de crecimiento anual del 23%, según el economista Despradel, citado por Artiles Gil.
La vivienda social, que había sido el eje del gasto público en construcción durante el período 1986-1990, cedía su lugar al turismo y a las zonas francas como motores del modelo.
El Centro Dominicano de Estudios de la Educación (CEDEE) había advertido en su Boletín No.5 de 1991 cuáles serían los sectores beneficiados por el giro económico: las zonas francas, el turismo y la agroindustria.
Para los barrios populares que habían sido demolidos en nombre del programa de renovación urbana, el nuevo modelo no traía una promesa diferente.
Fuentes: Artiles Gil, Leopoldo. Los Diez Años de Gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, 1986-1996. En: Historia General del Pueblo Dominicano, Tomo VI. Academia Dominicana de la Historia, 2018. | CEDEE, Boletín No.5, Santo Domingo, 1991. En: Navarro García, Andrés. Barrios en Zozobra. UNAM, 2014. | Navarro García, Andrés. Barrios en Zozobra. UNAM, 2014.
Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. (Capitulo XXIII).
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