El gremio ha llamado a propietarios, anfitriones, administradores, inversionistas y desarrolladores a sumarse activamente al proceso de revisión y hasta entonces no se sabrá cuánto de este esquema original se mantendrá y cuánto se ajustará a partir de las observaciones técnicas que ADORECO y otros actores han planteado
SANTO DOMINGO. – De acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo citadas por ADORECO, el país cuenta actualmente con cerca de 60,000 propiedades de renta corta y más de 140,000 habitaciones bajo esa modalidad, un ecosistema que involucra propietarios, anfitriones, administradores, empresas de property management, inversionistas y proveedores de servicios.
Aunque el reglamento se ha colocado en la mesa de negociación, hay que entender qué planteaba en su versión original, porque ese primer borrador es la base sobre la cual se construirá la próxima propuesta, y porque anticipa el tipo de obligaciones que probablemente reaparezcan, con ajustes, en la versión definitiva.
El borrador original, actor por actor
Propietarios. Debían registrar individualmente cada inmueble que rentaran, incluso si no lo administraban directamente, aportando póliza de responsabilidad civil, documento de identidad, ubicación detallada y datos de contacto.
El punto más sensible para quienes viven en condominios: quedaban sujetos a lo que decidiera la asamblea de propietarios, de modo que, si esta objetaba las rentas cortas, el inmueble no podría registrarse, incluso si ya operaba bajo esa modalidad antes de la resolución.
Administradores de inmuebles. Debían identificar y registrar individualmente a cada propietario cuyas propiedades gestionaran, con requisitos que variaban según fueran persona física, jurídica o no residente. Este último grupo enfrentaba una carga adicional: designar un «Prestador de Servicios» con representación legal en el país. Los administradores personas físicas debían además estar al día con la DGII y presentar certificado de no antecedentes penales.
Anfitriones. El borrador los definía de forma amplia, como toda «persona gestora» que interactúa con el huésped, de forma presencial o automatizada. Los no residentes dependían, igual que los administradores, de un Prestador de Servicios que respondiera localmente por ellos.
Plataformas digitales. Pasaban de intermediarias comerciales a fiscalizadoras de facto: debían exigir la constancia RENATUR a toda propiedad nueva, dar 60 días de gracia a las ya listadas y, después de ese plazo, dejar de publicitar las que no estuvieran registradas.
También quedaban obligadas a reportar al MITUR las «incidencias» derivadas de malas prácticas, lo cual podía derivar en la revocación del registro de una propiedad.
Huéspedes. En el papel, la resolución buscaba garantizar estándares mínimos de seguridad, higiene y protección contractual, en línea con la Ley 358-05 de Protección al Consumidor. El riesgo, sin embargo, era que la fricción del proceso de registro redujera temporalmente la oferta formalizada disponible mientras el sector se ajustaba.
El sector en su conjunto. El borrador fijaba un plazo transitorio de tres meses para que miles de propiedades completaran el registro, lo que generaba preocupación de que operadores de buena fe quedaran fuera de las plataformas simplemente por no completar el trámite a tiempo.
A esto se sumaba una contradicción interna señalada por especialistas: el texto definía la «Corta Estadía» exigiendo fines «no comerciales», pero regulaba en la práctica toda una industria comercial.
Qué pasó y qué sigue
El Ministerio de Turismo (MITUR) retiró el lunes 20 de julio el proyecto de resolución que buscaba crear el Registro Nacional de Alojamientos Turísticos (RENATUR), para dar paso a una mesa de diálogo con los actores del ecosistema de rentas cortas.
La decisión fue comunicada por la Consultora Jurídica de la institución, Brenda Morales, quien informó que el proyecto será retirado del portal institucional mientras se desarrolla el proceso de consenso, al cual fue invitada la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO).
El gremio, que había solicitado días antes una extensión del plazo de consulta pública por considerar insuficiente el análisis técnico y jurídico del borrador, calificó el retiro como «un paso importante hacia la construcción de una regulación moderna, equilibrada y con mayor seguridad jurídica».
Según explicó la organización, un equipo multidisciplinario propio, integrado por abogados, especialistas en políticas públicas, administradores de propiedades y anfitriones, había realizado un análisis técnico del proyecto antes de que se anunciara su retiro.
Con el proceso ahora trasladado a una mesa de diálogo, la pregunta para los próximos meses es cuánto de este esquema original se mantendrá y cuánto se ajustará a partir de las observaciones técnicas que ADORECO y otros actores han planteado.
El gremio ha llamado a propietarios, anfitriones, administradores, inversionistas y desarrolladores a sumarse activamente al proceso de revisión.
Lecturas recomendadas:
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