SANTO DOMINGO. El incremento de propiedades destinadas a rentas cortas en los distintos destinos del país, es la principal causa por la que el Gobierno se plantea regular ese modelo de negocios en República Dominicana. En la actualidad en el Ministerio de Turismo (MITUR) cursa una iniciativa que busca mejorar esa experiencia a nivel local.
Ayer, el presidente Luis Abinader informó que el Gobierno dominicano analizaba establecer nuevas reglas para los alquileres de corta estancia ofrecidos mediante plataformas como Airbnb, debido al crecimiento de esta modalidad y su incidencia en el mercado de viviendas.
Durante su intervención en el espacio con la prensa LA Agenda Semanal, el mandatario explicó que las autoridades estudiaban el comportamiento de este segmento y las experiencias aplicadas en otros países para determinar un mecanismo de regulación adecuado para República Dominicana.
La discusión se desarrollaba mientras el Ministerio de Turismo (MITUR) había sometido a consulta pública una propuesta para crear un registro obligatorio de las propiedades destinadas a este tipo de hospedaje.
Impacto en el mercado inmobiliario
El mandatario explicó que cada vez más personas adquieren apartamentos con la finalidad de destinarlos a alquileres temporales mediante plataformas digitales.
Según planteó, este comportamiento podía incidir en los precios de las viviendas, debido al aumento de la demanda de unidades adquiridas como inversión y posteriormente destinadas a estadías de corta duración.
MITUR propuso crear el RENATUR
Como parte de este proceso, el Ministerio de Turismo había presentado un proyecto de resolución para crear el Registro Nacional de Alojamientos Turísticos (RENATUR).
La propuesta contemplaba registrar apartamentos, villas, casas, habitaciones, bungalós y otras propiedades utilizadas para alquileres vacacionales de corta estadía.
El proyecto, que fue retirado por los cuestionamientos realizados por los empresarios dedicados a este modelo en el país, buscaba establecer un mecanismo de identificación y control de estas operaciones y permitir al Estado disponer de un inventario actualizado.
RENATUR era una propuesta de MITUR sometida a consulta pública, por lo que no constituía una regulación definitiva.
Cada inmueble tendría que registrarse
El proyecto establecía que los propietarios o administradores debían registrar individualmente cada propiedad destinada a alquiler vacacional.
La inscripción se planteaba como requisito para comercializar las unidades, tanto directamente como mediante plataformas digitales.
Entre los documentos contemplados figuraban información del propietario o administrador, datos del inmueble, certificado de título y una póliza de responsabilidad civil. Cuando la propiedad estuviera anunciada en plataformas, también tendría que suministrarse su identificador.
Condominios tendrían que autorizar la actividad
La propuesta también incluía condiciones para los apartamentos ubicados en condominios.
Los propietarios tendrían que presentar el reglamento del residencial para comprobar si las rentas cortas estaban permitidas. Si existía una prohibición expresa, el inmueble no podría ser registrado.
Cuando el reglamento no contemplara esta actividad, se planteaba presentar una declaración de la asamblea de propietarios autorizándola.
Plataformas digitales asumirían nuevas obligaciones
MITUR también había planteado responsabilidades para las plataformas digitales.
Estas tendrían que solicitar el comprobante de inscripción en RENATUR antes de permitir nuevas publicaciones de propiedades ubicadas en el país.
Para los inmuebles que ya estuvieran anunciados, el proyecto contemplaba un período de hasta 60 días para completar la regularización. Luego de ese plazo, las unidades que no cumplieran podrían ser retiradas de las plataformas.
Sector pidió mayor participación
La propuesta había generado reacciones entre los representantes de las rentas cortas. La Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) había solicitado ampliar el período de consulta y establecer una mesa técnica con propietarios, administradores, inversionistas y plataformas digitales.
La entidad respaldaba la formalización del sector, pero consideraba necesario analizar el impacto de las medidas y tomar en cuenta que estos inmuebles también eran utilizados para viajes de negocios, actividades académicas y residencias temporales.
La regulación tendría impacto inmobiliario
Una eventual normativa podría generar cambios para propietarios, inversionistas, desarrolladores, administradores y agentes inmobiliarios.
El principal desafío sería establecer un equilibrio entre el crecimiento de los alquileres de corta duración, la actividad turística, la inversión inmobiliaria y la disponibilidad de viviendas para alquiler residencial.
Mientras el Gobierno analizaba los próximos pasos, la propuesta de RENATUR presentada por MITUR constituía uno de los principales antecedentes del proceso de regulación de las rentas cortas en República Dominicana.
Lecturas recomendadas:
- Ministerio de Turismo propone organismo para registro obligatorio de las operaciones de rentas cortas en República Dominicana
- ADORECO pide al Ministerio de Turismo extender consulta pública sobre regulación de rentas cortas y advierte riesgos para el sector
- Sector público y privado crean alianza para impulsar un turismo más sostenible
