El nuevo órgano ciudadano dará seguimiento a la ejecución financiera de DO Sostenible, entidad que administra los fondos recaudados
SANTO DOMINGO.– Luego de la entrada en vigor de los cambios introducidos al esquema de financiamiento de la gestión de residuos sólidos, el Gobierno creó una comisión ciudadana que tendrá la misión de dar seguimiento al uso de los recursos administrados por el fideicomiso DO Sostenible, encargado de gestionar los fondos provenientes de la contribución especial establecida por la legislación vigente.
De acuerdo con el Decreto 498-26, emitido por el presidente Luis Abinader, la nueva Comisión de Veeduría Ciudadana tendrá funciones de observación, seguimiento y formulación de recomendaciones sobre la ejecución física y financiera de los programas financiados con esos recursos.
La medida incorpora un mecanismo de vigilancia ciudadana sobre un fideicomiso que administra fondos destinados a financiar proyectos relacionados con la gestión integral de residuos sólidos, una política que tiene incidencia sobre distintos sectores productivos, entre ellos la construcción y el desarrollo inmobiliario.
Supervisará cómo se utilizan los recursos
Según establece el decreto, la comisión verificará que los recursos administrados por DO Sostenible sean utilizados exclusivamente para los fines previstos en la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y sus modificaciones.
También podrá solicitar información al Consejo del Fideicomiso y a la fiduciaria, recibir observaciones y denuncias de ciudadanos, gobiernos locales, recicladores, empresas y organizaciones vinculadas al sector, además de elaborar informes periódicos sobre sus hallazgos.
Conforme al documento, uno de esos informes deberá publicarse anualmente en el portal oficial del fideicomiso, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Seguimiento sin sustituir a los órganos de control
El informe precisa que la comisión tendrá carácter consultivo y honorífico, por lo que no sustituirá las funciones del Consejo del Fideicomiso ni de los organismos de fiscalización del Estado.
Entre sus atribuciones figura dar seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados, verificar el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de auditorías y proponer medidas para mejorar la transparencia, la integridad institucional y el acceso a la información pública.
Asimismo, sus integrantes deberán firmar un compromiso ético antes de asumir sus funciones, declarando la inexistencia de conflictos de interés y su deber de confidencialidad.
Cinco integrantes
De acuerdo con el Decreto 498-26, la comisión estará coordinada por Alliet Ortega y será integrada además por Manuel García Arévalo, Giselle Pérez Reyes, Roberto Despradel Catrain y Ruth de los Santos.
La normativa establece que los miembros fueron seleccionados bajo criterios de independencia y solvencia moral.
Un nuevo paso en la implementación de la ley
Según argumenta el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto, la creación de esta comisión responde a los principios de transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana contemplados en la Constitución, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley sobre Fideicomiso Público y la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
El Gobierno sostiene que el objetivo es fortalecer la confianza pública en la administración de los recursos que financian la política nacional de gestión de residuos, mediante un mecanismo de seguimiento ciudadano sobre la ejecución del fideicomiso DO Sostenible.
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