SANTO DOMINGO.– Con la promulgación de la Ley núm. 36-26 por parte del presidente Luis Abinader el pasado 9 de julio, la preocupación dejó de concentrarse únicamente en el monto de las contribuciones para enfocarse en las implicaciones que tendrá su aplicación sobre sectores estratégicos de la economía, entre ellos la construcción y el mercado inmobiliario.
La normativa, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, entró en vigor tras ser promulgada por el Poder Ejecutivo y redefine la escala de contribuciones especiales que deberán pagar las personas jurídicas, asociaciones sin fines de lucro, patrimonios autónomos y entidades públicas, tomando como referencia sus ingresos brutos anuales.
Su aprobación pone fin a meses de debates debido al incremento sustancial de las contribuciones para financiar el sistema nacional de gestión de residuos, medida que ha generado descontento en el tejido empresarial dominicano.
En el caso de las organizaciones vinculadas a la construcción consideran que aún persisten aspectos que podrían afectar el desarrollo de proyectos inmobiliarios y encarecer el costo de la vivienda.
Del aumento de tarifas a nuevas preocupaciones
La discusión sobre la reforma comenzó a finales de 2025, cuando la Ley 98-25 incrementó las contribuciones especiales que pagan las empresas para financiar la gestión de residuos sólidos, con aumentos que en algunos casos superaban el 500 % respecto a la normativa anterior.
Las críticas del empresariado llevaron a que, en abril de este año, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), suspendiera temporalmente el cobro de esos montos mientras el Congreso evaluaba una modificación de la legislación.
Como resultado de ese proceso, el Congreso aprobó una nueva reforma que ahora quedó formalizada con la promulgación de la Ley 36-26.
La nueva escala elimina el esquema único que obligaba a las empresas con ingresos superiores a los RD$100 millones a pagar RD$675,000 anuales y lo sustituye por una tabla progresiva cuyos montos oscilan entre RD$400,000 y RD$2.2 millones, dependiendo del nivel de ingresos. Asimismo, amplía el primer tramo de contribución, de manera que las empresas con ingresos de hasta RD$5 millones pagarán RD$5,000 anuales.
No obstante, aunque algunas empresas experimentarán reducciones respecto al régimen aprobado en diciembre de 2025, otras asumirán incrementos o nuevas obligaciones, razón por la cual el debate se trasladó del monto de las tarifas hacia el alcance de la ley y su impacto sobre determinadas figuras jurídicas.
El punto que preocupa a la construcción
Uno de los principales cuestionamientos del sector construcción no se centra exclusivamente en el valor de la contribución, sino en la aplicación de esta obligación a los fideicomisos inmobiliarios.
Antes incluso de que la ley fuera promulgada, empresarios del sector advirtieron que gravar tanto al promotor como al fideicomiso que desarrolla un mismo proyecto podría generar una doble carga económica sobre una sola operación inmobiliaria.
Jochimin Pérez, CEO de Constructora JPérez, sostuvo que el fideicomiso constituye un vehículo jurídico para ejecutar proyectos y no una actividad económica independiente, por lo que aplicar una contribución adicional sobre esa estructura podría traducirse en una duplicidad de cargas.
«Un promotor que desarrolla un proyecto directamente tributa una sola vez. Un promotor que utiliza un fideicomiso podría terminar tributando dos veces por el mismo proyecto», señaló a El Inmobiliario el pasado 22 de junio del año en curso.
¿Podría aumentar el costo de las viviendas?
La preocupación de los desarrolladores radica en que cualquier incremento en la estructura financiera de un proyecto termina reflejándose, en mayor o menor medida, en el precio final de las unidades habitacionales.
Según explican representantes del sector, los fideicomisos permanecen activos durante varios años, desde la planificación hasta la entrega de las viviendas, por lo que una contribución anual podría incorporarse como un costo adicional dentro del presupuesto general del desarrollo inmobiliario.
Este escenario adquiere mayor relevancia en los proyectos de vivienda de bajo costo, donde los márgenes financieros son más estrechos y los fideicomisos constituyen una herramienta ampliamente utilizada para facilitar el acceso al financiamiento y aprovechar los incentivos previstos en la Ley 189-11 sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso.
Precisamente ese fue uno de los argumentos expuestos por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (Acosde), la Asociación de Constructores y Desarrolladores de La Altagracia (Adecla) y la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon), que solicitaron revisar el alcance de la reforma antes de su aprobación definitiva.
En un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron que respaldan el fortalecimiento de la gestión ambiental del país, pero insistieron en que cualquier medida debe responder a criterios de proporcionalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad económica para evitar efectos no previstos sobre el acceso a la vivienda.
¿Cómo cambiaron las contribuciones?
La promulgación de la Ley 36-26 modifica nuevamente la escala de las contribuciones especiales por gestión de residuos sólidos que deben pagar las empresas, luego de los incrementos introducidos por la Ley 98-25. Aunque la nueva normativa reduce algunas tarifas que habían sido ampliamente cuestionadas por el sector empresarial, también amplía el universo de contribuyentes y aumenta los montos para determinados rangos de ingresos.
En el caso de las empresas de mayores ingresos, la ley sustituye la tarifa fija de RD$675,000 por una escala progresiva que va desde RD$400,000 hasta RD$2.2 millones, dependiendo de la facturación anual.
Lecturas recomendadas:
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- Empresarios de la construcción advierten carga tributaria en fideicomisos inmobiliarios podría impactar costos viviendas
- ¿Cuánto pagarán las constructoras por gestión de residuos sólidos tras la actualización de la DGII en 2026?
