SANTO DOMINGO.- República Dominicana afronta una cadena de dificultades que incluye más de 70 requisitos y una ruta crítica de hasta 10 instituciones para lograr los permisos para la construcción de una vivienda, razones que contribuyen a que el país se ubique como uno de los de mayor crecimiento de unidades habitaciones informales en América Latina y El Caribe, además del déficit habitacional que padece.

De acuerdo a los datos ofrecidos durante la 6ta jornada del Código Modelo Sísmico para América Latina y El Caribe el crecimiento de la vivienda informal en el país ronda el 70%, mientras país como Perú alcanzan el  40%, Ecuador 55% y Colombia 50%.

Vivian Reyes, viceministra de Normas y Tramitaciones del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), expuso 16 desafíos que debe afrontar la nación dominicana para superar la producción de viviendas.

“La compleja ruta crítica de aprobaciones. Más de 70 requisitos y hasta 10 instituciones. Normativa desactualizada a la realidad constructiva, no adaptada a la autoproducción”, subrayó la funcionaria ante representantes de 15 países que desde el pasado miércoles participan del encuentro en el Hotel Barceló, en Santo Domingo.

Reyes añadió la heterogeneidad en criterios y requisitos para el otorgamiento de permisos en los gobiernos locales, el crecimiento no planificado hacia suelos con diferentes tipos de vocación y zonas vulnerables, ausencia de dotación de servicios e infraestructuras conexas.

Además, citó los problemas de titularidad o del estatus jurídico de los terrenos, el costo del suelo urbano que según las cifras que presentó anda por el orden de entre el 8 al 20% del costo de la vivienda.

Agregó la baja capacidad de ahorro/ingreso sumado a la informalidad laboral que limita el acceso al sistema financiero formal, el valor del dinero y su impacto en la demanda, las trabas legales para mayor volumen de financiamiento a la producción de viviendas, a costos razonables.

Reyes añadió el desplazamiento de la demanda, estableciendo que alrededor del 70/ no reside en el país, el aumento de la oferta destinada a renta corta, escasa innovación en métodos constructivos, la poca asistencia técnica cualificada y accesible para la autoproducción y el costo de los materiales de construcción que se trasladan al precio de la vivienda.

Dentro de los retos mencionó los tiempos de respuesta para la obtención del título y su impacto en los costos de financiamiento de la producción de viviendas.

Al exponer sobre los «retos en la aplicación de códigos en República Dominicana: edificaciones-vivienda informal», Reyes dijo que dichos desafíos implican enfrentarse a un peligro o dificultad por lo que la acción ante los mismos debe ser a corto plazo o de inmediato.

En ese sentido, citó la inversión pública en vivienda social, infraestructura urbana y social, regulación adecuada del uso del suelo en cuanto a  la relación  y entre economía y oferta de vivienda y el compromiso entre Estado y el sector privado para la supervisión y cumplimiento de normas de construcción definidas.

SANTO DOMINGO.- Entre 60 y 70 mil vivienda sinformales se construyen cada año en República Dominicana, incrementando la vulnerabilidad de las edificaciones y representando además, un riesgo significativo ante la posibilidad de un sismo de magnitud, dijo ayer Héctor O’ Reilly, segundo vicepresidente de la Comisión Permanente del Código Modelo Sísmico para América Latina y El Caribe (CMS Al&EC).

Al pronunciar unas palabras en la inauguración de la 6ta Jornada de la Comisión Permanente, que se lleva a cabo en el Hotel Barceló, con la participación de 15 países, el experto sostuvo que se trata de un problema que el país debe encarar a la mayor brevedad posible porque de producirse un movimiento telúrico de importancia podrían ocurrir cuantiosas pérdidas humanas, igual que ha pasado en países como Haití.

Según los datos que aportó en su discurso, la cantidad de licencias que el país aprueba cada año, en modo alguno se corresponde con el número de viviendas construidas, precisando cifras arrojadas por el Censo Nacional, que han colocado en 80 mil las unidades habitacionales nuevas que produce el país, anualmente.

Expuso que los lugares donde más licencia se aprueban es en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago, Higuey y San Pedro. Sin embargo, en muchas de las ciudades del país-precisó- hay años, donde nunca se ha aprobado una licencia para construir una vivienda.

“En el año que más licencia se han otorgado fue el pasado 2022 con 1,595 licencias, no quiere decir que con esas solo se van a construir esa cantidad, porque hay licencias que  son múltiples donde se pueden construir hasta 300 viviendas pero en definitiva el total de viviendas de acuerdo a los censos nacionales se producen al año por el orden de 80 mil viviendas nuevas, en los últimos ocho años”, declaró el representante dominicano.

Y añadió: “ quiere decir que se producen viviendas informales entre 60 y 70 mil  anuales, lo que quiere decir que el problema de vulnerabilidad va creciendo cada año y por tanto es un problema que hay que encarar a la brevedad posible porque si se produce un sismo importante pudiéramos tener daños cuantiosos, pérdidas de vida y pudiéramos encontrarnos con un nivel de desastre tan grande como el ocurrido en Haití”.

O’ Reilly consideró que se trata de un tema que puede incidir en el desarrollo del país y un problema social y económico, que para resolverlo necesita el concurso de toda la sociedad, incluyendo la de los técnicos que pueden ayudar a minimizar el problema haciendo nuevos desarrollos urbanos y modificando los existentes.

Citó el caso de una experiencia vivida en Japón, donde observó, se están haciendo modificaciones urbanas, recomponiendo para construir viviendas adecuadas que no tengan vulnerabilidad.

Dijo que los ingenieros pueden ayudar a producir viviendas seguras y económicas, ayudar a reparar y reforzar las viviendas existentes para que sean seguras. “ Es una función de todos, me parece que es un problema que no se la ha dado el carácter porque no se han hecho las investigaciones necesarias para llegar a ese punto”.

Un reto

De su lado Miguel Cruz, de Costa Rica sostuvo que la vivienda informal representa un reto para América Latina y El Caribe. “La vivienda informal urbana es un tema complejo porque no hay manera única de enfrentarla y es un problema multidisciplinario, no podemos pensar que vamos a resolver el problema de la vivienda informal urbana de una vez, hay que involucrar a los urbanistas, sociólogos, ingenieros ambientales y a los economistas, es un problema técnico y cultural”, opinó el primer vicepresidente de la Comisión Permanente CMS AL&EC.

Cruz dijo que la solución para la vivienda informal urbana requiere recursos económicos, y que además se debe trabajar por etapas y con reubicaciones.

“Todos los esfuerzos que hacemos como código se refiere a construcciones formales en las cuales intervienen ingenieros y arquitectos y todo hemos desarrollado como hacer mejor esas condiciones de manera que no haya fallas en el momento que tengamos un terremoto y no tengamos pérdidas de vida, pero tenemos un reto y es el de las viviendas informales, es un reto de toda América Latina en todos nuestros países se hacen viviendas informales en todo el país”.

El evento

Hasta mañana viernes 28, representantes de países como Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, San Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Turquía, Venezuela y República Dominicana estarán discutiendo sobre el tema de las construcciones sismorresistentes, buscando alternativas para disminuir los riesgos en las edificaciones.

SANTO DOMINGO.-La Confederación Dominicana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (COPYMECON), anunció ayer que el Banco de Reservas dispuso una partida especial de los fondos del encaje legal, para las pequeñas y medianas empresas de la construcción.

“Anunciamos que los ejecutivos del Banco de Reservas nos llamaron para darnos la noticia de que habían contemplado nuestras propuestas y tomaron la decisión de habilitar recursos especializados con intereses blandos para la pequeñas empresas constructoras y afines”, informó ayer Eliseo Cristopher, presidente de la entidad.

Cristopher recordó que esa institución ha venido señalando por años que el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y la Junta Monetaria, han liberado miles de millones de pesos a través del encaje legal y Facilidad de Liquidez Rápida (FLR) colocados en las entidades de intermediación financiera para préstamos blandos a sectores productivos del país, de los que las pequeñas empresas de la construcción no han podido acceder.

Representantes del sector presentes en la rueda de prensa para anunciar la medida. (Fuente externa).

«Hacemos de conocimiento a todo el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción y afines y de la población en general, que nuestras propuestas han sido ponderadas por el Banreservas, quien ha dispuesto una partida especial para otorgar préstamos a las MiPymes».

Los ejecutivos de la construcción felicitaron al gobierno, a Samuel Pereyra, gerente general; e Isidro García, subgerente de negocios del Banco de Reservas, por acercarse a la institución para manifestarle la información de la medida, asegurando que esto marca el inicio del despegue del sector para seguir aportando al desarrollo del país.

De su lado, Juan B. Mora, vicepresidente de COPYMECON y presidente APYMECONA Azua, expresó que de materializarse la medida estarían en la antesala del despegue del sector de la construcción y el crecimiento y fomento de la economía, además de impactar la problemática del déficit habitacional y demás flagelos sociales que impiden el desarrollo de la nación.  

Lucha constante   

En diversas ocasiones COPYMECON reclamó a las autoridades la inclusión de las pequeñas empresas de la construcción en las medidas adoptadas por el BCRD, señalando que el incremento en las tasas de interés, una actitud conservadora en la inversión pública y los altos precios en los materiales, ha desfavorecido al sector construcción, obligando a la readecuación de los presupuestos de los proyectos de infraestructura y generando cifras negativas.

Otra de la problemática señalada por la entidad es que las entidades de intermediación financiera deben flexibilizar sus requisitos para permitir la participación de las pequeñas empresas, así como la lucha para crear acciones tendentes a promover un sistema financiero más inclusivo, donde todos podamos tener oportunidades en los planes de desarrollo económico del país.

Además de solicitar un fondo especial de RD$10,000 millones para capitalizar al sector MiPymes de la construcción y contribuir a dinamizar la construcción y disminuir el déficit habitacional, un problema social demandado por la población hace años. 

Cristopher declaró que los miembros de la entidad en todo el país, han recibido el anuncio del Banreservas con júbilo y gran entusiasmo y de inmediato han comenzado a preparar sus documentos de solicitud de fondos para emprender con la dinamización de la economía y la construcción de proyectos en sus demarcaciones.

En la rueda de prensa para dar a conocer la información, estuvieron presentes representantes de diferentes provincias del país, como los miembros de la asociación de jóvenes empresarios, mujeres constructoras, emprendedores, entre otros.

SANTO DOMINGO.–  Si bien la construcción ha experimentado una baja en su ritmo de crecimiento, el consumo per cápita de cemento se ha mantenido fuerte, debido especialmente a la estabilidad económica y política que ha logrado el estado en los últimos años, dijo ayer el presidente de la Asociación Dominicana de Cementos Portland (ADOCEM), Giuseppe Maniscalco.

El representante de la industria cementera nacional destacó que la industria local cuenta actualmente con un consumo per cápita de alrededor de 505 kilogramos por habitante, y que en términos de capacidad instalada de producción de cemento, República Dominicana es considerada la primera nación de Centroamérica y el Caribe, después de México, la cual llega a los 708 kg por persona posicionándose muy por encima del promedio de Latinoamérica y el Caribe.

«Desde hace muchos años, las inversiones que se han realizado para fortalecer la capacidad de producción de la industria cementera local han permitido responder al rápido crecimiento del sector construcción, uno de los principales motores de la economía nacional y la recuperación económica, lo que nos ha llevado de ser un mercado importador neto de cemento a proveedor autosuficiente y exportador», señaló Maniscalco.

Destacó además, que la implementación de parte del gobierno, de reformas estructurales en áreas claves, las medidas de inyección de liquidez de los 119,000 millones de pesos colocados a través del sistema financiero y la reducción de la tasa de política monetaria, implementada por el Banco Central, junto con los esfuerzos para aumentar la calidad del capital humano y atraer Inversión Extranjera Directa, han sido cada vez más importantes para sostener el potencial de crecimiento con que cuenta el país.

Asimismo, dijo que la capacidad de la industria cementera nacional ha contribuido a satisfacer la demanda local, y a exportar hasta aproximadamente el 20% de su producción y mantener una estabilidad en este sector, que se refleja en niveles de precios estables y sostenibles.

«La manera óptima para garantizar el flujo saludable de las inversiones tanto en el sector de la construcción, la industria cementera y del país en general es poder mantenernos como los más competitivos de la región», precisó el presidente de ADOCEM.

Con relación al desempeño del sector de enero a mayo de este 2023, acorde a las informaciones provistas por el Banco Central, el consumo de cemento en el mercado local y de exportación aumentó en un 1.5 % comparado con igual período del año pasado, lo que unido a las 2,779,188 toneladas de cemento producidas a la fecha, y la evidente mejora de otros indicadores económicos, apuntan a una estimación de crecimiento acelerado al cierre del año.

«Confiamos en que este impulso seguirá consolidando aún más a la industria del cemento y la economía en general», expuso el presidente de ADOCEM.

SANTO DOMINGO.-El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales puso en marcha este miércoles una plataforma que permitirá al público interesado gestionar permisos ambientales para los proyectos de nuevo ingreso sometidos a la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental, del Viceministerio de Gestión Ambiental.

El titular de esa dependencia estatal, Miguel Ceara Hatton, dio a conocer los detalles del “Sistema de Autorizaciones Ambientales Virtual”, una herramienta digital que permitirá agilizar y hacer más transparentes las solicitudes de autorizaciones ambientales para obras, proyectos y actividades económicas.

El funcionario expuso que el nuevo sistema abre una puerta que permitirá saber el estatus de los documentos, “saber quién le pone las manos, cuál va a ser el tiempo que dura en un lugar; y el tiempo que el consultor y el promotor del proyecto, lo procesa.

“Yo me siento contento y emocionado porque estamos haciendo un cambio estructural de este ministerio y una forma de ganar un espacio y una legitimidad en esta sociedad”, dijo Ceara Hatton.

La plataforma fue desarrollada por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de Medio Ambiente permitirá y este día fue lanzada la primera fase del proyecto.

“Lo que estamos inaugurando hoy aquí es un paso de avance y de transformación de lo que venía haciendo este ministerio”, resaltó el servidor público.

“Uno de los puntos más débiles que teníamos, y creo que aún tenemos, es el tema de la permisología. Tanto los permisos que se tramitan a través de la gestión ambiental, como los que se tramitan por conduces famosos de minería”, añadió.

“Desde que yo llegué aquí todo el mundo me hablaba que esto era un problema, que se prestaba a cosas mal hechas, que las decisiones tardaban, que no se avanzaba, que era muy difícil, y, a veces, nos encontramos resistencia interna. Y poco a poco se fue avanzando, se fue avanzando, y hemos podido, hoy, presentar resultados, que se va a mejorar, con toda seguridad”, indicó.

Recordó, por ejemplo, que procesar la permisología y hacer los estudios para un determinado proyecto conlleva un tiempo, porque va más allá de un sello en un documento. En ese sentido, recordó que un estudio de impacto ambiental puede llegar a tener miles de páginas. Indicó que la gente, a veces, “no entiende la complejidad del proceso que se hace. Un permiso ambiental es algo importante en este país, porque estamos tomando decisiones de manera tal que esas decisiones no tengan consecuencias negativas con relación al medio ambiente”.

Al acto de lanzamiento, realizado en el salón multiusos del Medio Ambiente, asistieron el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría; el de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, y de Administración Pública, Darío Castillo Lugo.

Asimismo, Peter Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y coordinador del Programa Burocracia Cero, y Bartolomé Pujals, responsable de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).

Al evento asistieron, también, representantes de diversos ministerios, así como de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) y la Cámara Minera Petrolera.

Bartolomé Pujols resaltó la plataforma lanzada por Medio Ambiente, que se embarca dentro de Burocracia Cero, una iniciativa gubernamental que “está cumpliendo ese rol de ser un muro contra la corrupción y un muro contra la ineficiencia, pero a la vez es un puente hacia la transparencia y hacia la buena administración”.

SANTO DOMINGO.-Compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas en el ámbito de la construcción resistente a terremotos y unificar criterios para afrontar de manera conjunta desafíos y problemáticas de los terremotos y  otros fenómenos de origen natural que afectan la región, es el objetivo común de 15 países que se reunirán en el país desde hoy miércoles 26 y hasta el próximo viernes 28 del presente mes de julio 2023.

República Dominicana fungirá como anfitriona de la sexta jornada de Código Modelo Sísmico, que se llevará a cabo en el hotel Barceló (Lina) con el enfoque de tratar la seguridad sísmica en América Latina y el Caribe.

El evento iniciará a las 9 de la mañana y reunirá a expertos en sismología e ingeniería sísmica de 15 países, así como a destacadas autoridades del Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe, con el fin de crear alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la seguridad sísmica en la región.

“Es una gran oportunidad que tiene nuestro país y la región para unificar los criterios sobre evaluación sísmica de edificaciones e infraestructuras, bajo el Código Modelo Sísmico”, dijo Leonardo Reyes Madera, director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), institución organizadora que cuenta con el respaldo de otras entidades públicas, academias y del sector construcción y sismológico del país.

Durante tres días, representantes de países como Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, San Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Turquía, Venezuela y República Dominicana estarán discutiendo sobre el tema.

Además la jornada, permitirá homologar, mejorar estándares y optimizar el acceso a los conocimientos y recursos para el desarrollo de la investigación sísmica, en los países involucrados, señala una nota de prensa de Onasvie.

Agrega que igualmente buscarán fomentar la integración profesional, cooperar para la elaboración de documentos técnicos regionales y aspirar a certificaciones internacionales para el Código.

Temas

Los expositores tendrán a cargo temas como la presentación del capítulo madera del Código Modelo Sísmico, resultados de consultoria del BID sobre códigos de construcción, planes y políticas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la prevención y mitigación de los efectos de los terremotos sobre las unfraestructuras viales de República Dominicana, impacto de los terremotos de Turquia y Siria de febrero 2023, código modelo sísmico mexicano, entre otros.

Objetivo del Código Modelo

El Código Modelo Sísmico ha sido desarrollado con el objetivo de establecer normas y pautas de construcción que permitan reducir los riesgos sísmicos y garantizar la seguridad de las personas y las estructuras en caso de terremotos. El Código Modelo Sísmico para América Latina y El Caribe (CMS AL&EC) es un documento referencial y voluntario, elaborado de manera colaborativa y solidaria, con la mayor participación de instituciones públicas reguladoras e instituciones profesionales especialistas, considerando las realidades sísmicas, económicas y técnicas de todos los países de la región, estableciendo los contenidos y estándares mínimos que consideran los códigos, reglamentos y normas sísmicas.

El documento sostiene que la dinámica productiva del subsector, es el resultado tanto de las demandas del sector privado con fines residenciales, como del sector público.

SANTO DOMINGO.- Del 2014 al 2021 el sector Construcción realizó el mayor aporte al PIB con relación al resto de subsectores industriales (12.1%), incrementando su participación en 3.6 puntos porcentuales, según plantea un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).

Asimismo el análisis “Panorama productivo de República Dominicana: Un análisis a nivel territorial”, realizado por el Viceministerio de Análisis Económico y Social (VAES), da cuenta que en el año 2021 el país contaba con un total de 7,396 empresas en la rama de la construcción, de las cuales el 54.2% se dedicaba a la construcción de edificios, 13.7% a obras de ingeniería civil y el resto realizaban actividades especializadas de la construcción.

El documento sostiene que la dinámica productiva del subsector, es el resultado tanto de las demandas del sector privado con fines residenciales, como del sector público. En este último-dice- es de gran importancia el componente inversión por incluir construcciones civiles tales como escuelas, hospitales, viaductos, entre otras.

Agrega el informe que por su alto nivel de encadenamiento con el resto de las industrias nacionales, Construcción se clasifica como un sector clave para la economía dominicana. Establece que desde una perspectiva regional, dicha actividad distribuye sus aportes al PIB de tal manera que, si bien sobresalen los aportes de las regiones del Cibao  (17.3%) y Enriquillo (15.9%), son también importantes los aportes que el subsector realiza en las demás, en torno al 10.0%. No obstante, asegura, la actividad se concentra principalmente en Ozama (35.8%) y Cibao Norte (16.2%).

En cuanto al mercado laboral, en el periodo 2016-2021, la población ocupada del sector Construcción representó, en promedio, el 7.7% a nivel nacional, experimentando un crecimiento anual de 6.5%; sin embargo, dicho renglón se caracteriza por realizar uno de los mayores aportes al segmento informal total (15.4%), tan solo superada por la actividad comercio (28.7%).

Explica que el ingreso de los ocupados en la Construcción es superior al de los empleados de la manufactura, pero inferior al ingreso del subsector de minas y canteras. Este resultado evidencia una relación entre mayores salarios en informalidad”.

Cuatro provincias concentraron la mayoría de construcciones privadas

“La actividad Construcción presenta un destacado sesgo hacia las regiones Ozama (58.3%), Cibao Norte (10.8%) y Yuma (7.2%). Desde la perspectiva provincial, cuatro provincias concentran el 73.3% de las principales construcciones privadas realizadas en 2021: Santo Domingo, con el 49.9% de las construcciones, y el resto repartido entre Santiago (9.4%), el Distrito Nacional (8.4%), y Peravia (5.4%). La Altagracia, con una participación promedio de 4.7% le sigue en importancia, entre otras provincias”, plantea el análisis.

Del 2016 al 2021, el valor promedio de las construcciones privadas fue de RD$18.3 millones, considerando importante el de las edificaciones registradas en las regiones Enriquillo, Ozama, Cibao Norte y Yuma, las cuales oscilaron entre RD$17.7 millones a RD$31.4 millones.

A nivel provincial, Monseñor Nouel, el Distrito Nacional, Barahona, Santiago y La Altagracia exhibieron las mayores inversiones promedio.

El análisis del Ministerio de Economía sostiene que en 2021 la dinámica de la concesión de licencias de construcción indica una continuidad del desarrollo de la actividad en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago, con el 71.4% del total.

“A estas provincias le siguen en importancia La Altagracia, Duarte, Puerto Plata, La Vega, San Pedro de Macorís, Espaillat y La Romana, las cuales concentran el 20.9% de las licencias. El resto de las provincias no superan las 15 licencias anuales”.

En cuanto a la dinámica de construcción del sector público, específicamente de los gobiernos locales, el estudio observó que Cibao Sur e Higuamo son las regiones que destinan una mayor proporción de su gasto total a la construcción, con 26.4% y 24.1%, respectivamente. Asimismo, resaltan las participaciones de Cibao Norte con 22.6% y Yuma con 20.5%.

“ En el extremo opuesto se encuentra la región Ozama, la cual solo destinó el 13.6% de su gasto a esta partida. Las regiones que conforman el Sur (El Valle, Enriquillo y Valdesia) se colocan en torno al 18.0%. Las participaciones provinciales colocan a Sánchez Ramírez en el primer lugar con un 36.3%, a esta le sigue Monte Plata (28.7%), La Altagracia (25.8%), Santiago (24.4%), Bahoruco (24.2%), La Vega (22.4%), Monseñor Nouel (21.9%) y San Pedro de Macorís (21.7%). Las demás provincias se ubican por debajo del promedio nacional; sin embargo, es importante destacar el porcentaje de la provincia Dajabón y del Distrito Nacional, los cuales se ubican por debajo del promedio nacional en 11.1 p.p. y 15.6 pp”.