Según la acusación del MP, la discoteca experimentó modificaciones estructurales que habrían sido ordenadas por los acusados con el propósito de aumentar las ganancias, aun a costa de elevar conscientemente los niveles de riesgo
SANTO DOMINGO. El Ministerio Público (MP) presentó el pasado viernes formalmente su acusación contra Antonio y Maribel Espaillat, a quienes imputa haber incurrido en homicidio involuntario y en una conducta de negligencia sistemática que, según la acusación, condujo al colapso del techo del Jet Set y provocó la muerte de 236 personas y heridas a más de 180.
La acusación fue presentada ante la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde se conoce el juicio de fondo contra los hermanos Espaillat.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, sostuvo que la tragedia pudo haberse evitado si la administración del establecimiento hubiese actuado oportunamente para corregir las condiciones que representaban un peligro.
“El peso de la negligencia pudo más que el techo de Jet Set”, afirmó Camacho.
Ministerio Público espera una sentencia condenatoria
Al salir del tribunal, Camacho valoró el avance del proceso y destacó que la audiencia se desarrolló sin dilaciones.
“Lo primero a resaltar en este caso es que, a nosotros, desde el Ministerio Público, nos alegra enormemente que este proceso avance sin dilaciones”, manifestó.
Sostuvo que el desarrollo de la audiencia demuestra que el Ministerio Público está preparado para sustentar sus acusaciones y que, cuando la defensa no utiliza recursos con el propósito de prolongar el proceso, los procedimientos judiciales pueden avanzar con normalidad.
“El Ministerio Público presentó ante el tribunal su acusación; presentó las pruebas con que cuenta el Ministerio Público para demostrar su acusación y esperamos que al final del proceso se produzca una sentencia condenatoria”, expresó.
Camacho agregó que una decisión basada en las pruebas aportadas por el órgano acusador debería conducir a una condena.
“Una decisión sobre la base de las pruebas que hemos presentado no puede tener otro final que no sea el de una sentencia condenatoria”, afirmó.
Víctimas reclaman indemnizaciones de hasta RD$100 millones
En el aspecto civil, los abogados de las víctimas que se adhirieron a la acusación del MP solicitaron indemnizaciones que oscilan entre RD$50 millones y RD$100 millones, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.
En el ámbito penal, la mayoría de los representantes legales de las víctimas se ha adherido a la acusación presentada por el Ministerio Público contra Antonio y Maribel Espaillat.
Otros abogados, sin embargo, mantienen las pretensiones civiles consignadas originalmente en sus respectivas querellas.
Piden la pena máxima
El Ministerio Público explicó que, debido a las condiciones jurídicas bajo las cuales se desarrolla el proceso, este continúa regido por las disposiciones del antiguo Código Penal. Por esa razón, incluso una eventual condena con la pena máxima prevista para el tipo penal imputado no reflejaría plenamente la magnitud del daño ocasionado a las víctimas.
Camacho recordó que el colapso provocó la muerte de 236 personas, dejó más de 180 heridos y afectó a más de 200 familias, además de dejar numerosos menores en condición de orfandad.
Afirmó que, como mínimo, el sistema de justicia debe responder a las víctimas mediante una sentencia condenatoria y la imposición de la pena máxima que permita la legislación aplicable.
El director de Persecución también señaló que el caso cuenta con fundamentos suficientes para procurar una condena. Recordó que durante la etapa de medida de coerción se impusieron medidas contra los imputados y que, posteriormente, un juez de la etapa intermedia dictó auto de apertura a juicio.
“El juicio se va a definir con pruebas y las pruebas van a permitir al Ministerio Público que este tribunal dicte una sentencia condenatoria conforme a los hechos que hemos acusado”, sostuvo.
Acusación señala cambios estructurales y falta de seguridad
Durante la presentación de la acusación, el Ministerio Público sostuvo que el establecimiento fue sometido a reparaciones superficiales, inadecuadas e insuficientes para responder a las condiciones que requería la estructura y garantizar la seguridad de quienes acudían al lugar.
Según la acusación, la discoteca experimentó modificaciones estructurales que habrían sido ordenadas por los acusados con el propósito de aumentar las ganancias, aun a costa de elevar conscientemente los niveles de riesgo.
El órgano acusador también afirmó que, desde 2011, el techo del establecimiento comenzó a utilizarse con fines operativos y que esa ocupación se produjo de manera constante y progresiva.
Los fiscales indicaron que demostrarán mediante diferentes pruebas que el colapso ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025 no puede ser explicado como un simple accidente ni como un acontecimiento completamente imprevisible.
De acuerdo con la acusación, existía un conjunto de condiciones estructurales, modificaciones, sobrecargas y señales de deterioro progresivo que eran conocidas por las personas responsables del control y operación del establecimiento.
Rechazan consultor técnico de la defensa
Antes de iniciar la presentación de la acusación, el juez Franny González rechazó la solicitud de la defensa para incorporar un consultor técnico externo.
El Ministerio Público había solicitado que se rechazara el recurso de oposición presentado por la defensa, al considerar que no se demostró que la decisión anterior fuera contraria a derecho ni se aportaron elementos nuevos y suficientes que justificaran su modificación.
Camacho explicó que tanto la acusación como la defensa cuentan con peritajes y peritos propios, por lo que, a juicio del Ministerio Público, no era necesaria la incorporación de consultores técnicos externos.
Afirmó que su participación podría contribuir a prolongar innecesariamente el proceso.
Audiencias serán los viernes
El juez de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Franny González, estableció que las audiencias del juicio se realizarán los viernes.
La decisión fue comunicada a las partes luego de que el magistrado recesara la audiencia hasta las 3:00 de la tarde.
En la sesión vespertina, el tribunal continuó escuchando a los abogados de las víctimas, quienes exponen sus posiciones en torno a una tragedia que, además de las 236 personas fallecidas, dejó más de 180 heridos y numerosas familias afectadas.
El juicio busca determinar las responsabilidades penales y civiles derivadas del desplome del techo del Jet Set, ubicado en la avenida Independencia, en el sector El Portal del Distrito Nacional, ocurrido la noche del 8 de abril de 2025
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