El MAP prepara un reglamento que establecerá controles, responsabilidades y mecanismos de supervisión para el uso de estas herramientas en el Estado dominicano
SANTO DOMINGO.– El uso de sistemas de inteligencia artificial en las instituciones públicas dominicanas contará con un marco regulatorio general a partir de 2027, cuando el Ministerio de Administración Pública (MAP) prevé concluir una normativa que establecerá las reglas para implementar estas tecnologías en los servicios del Estado.
El reglamento definirá criterios sobre transparencia, gestión de riesgos, protección de datos personales y responsabilidades de las instituciones que incorporen herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones.
La disposición también busca establecer garantías para evitar que el uso de estos sistemas afecte derechos fundamentales, provoque discriminación o limite el acceso de los ciudadanos a servicios y beneficios públicos.
La iniciativa dará continuidad al Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, aprobado mediante el Decreto núm. 787-26, que establece principios para regular el uso de estas herramientas en la administración estatal.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, explicó que el propósito es aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los servicios, simplificar los procedimientos y facilitar la relación entre las instituciones y la ciudadanía.
Supervisión y protección de derechos
Entre las disposiciones contempladas en el Código de Ética figuran la protección de los datos personales, la no discriminación, el respeto al debido proceso y la supervisión humana de los sistemas de inteligencia artificial.
También se establecen evaluaciones de impacto para aquellas herramientas cuyo funcionamiento pueda incidir significativamente en los derechos fundamentales, el acceso a beneficios públicos o la prestación de servicios esenciales.
La aplicación de estos principios involucrará al MAP, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), cada una dentro de sus respectivas competencias.
El reto de preparar al Estado
La regulación estará acompañada de medidas para mejorar las capacidades tecnológicas de las instituciones y preparar a los servidores públicos para trabajar con estas herramientas.
En ese sentido, el MAP desarrolla un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos, junto con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El proyecto contempla formación en gestión de datos, transformación digital y utilización responsable de sistemas de inteligencia artificial.
La estrategia también incluye disposiciones para facilitar el intercambio de información entre instituciones, digitalizar procedimientos y coordinar las inversiones tecnológicas del Estado.
Entre ellas figuran los decretos núm. 403-26, sobre interoperabilidad y gobernanza de datos; núm. 384-26, que establece la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, y núm. 714-26, relativo a la coordinación de la infraestructura digital estatal.
Evaluación de las condiciones del país
El MAP también desarrolla, con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA, por sus siglas en inglés).
El estudio, cuya misión técnica se realizó en marzo de 2026, examina las condiciones de República Dominicana para incorporar estas tecnologías, incluyendo infraestructura, disponibilidad de datos, personal especializado, capacidades institucionales y regulación.
Sus resultados servirán de referencia para identificar las áreas que requieren fortalecimiento antes de ampliar el uso de inteligencia artificial en la administración pública.
El Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público será elaborado durante 2027 y posteriormente sometido al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decreto.
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