La normativa, aprobada mediante el Decreto 787-26, establece controles para garantizar la transparencia, proteger los derechos ciudadanos y regular el uso de sistemas automatizados en las instituciones públicas
SANTO DOMINGO. – El Gobierno dominicano aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, mediante el Decreto 787-26, con el propósito de establecer reglas para el desarrollo y utilización responsable de estas tecnologías en las instituciones del Estado.
La disposición busca garantizar que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la Administración pública se realice bajo principios de transparencia, seguridad, inclusión y respeto a los derechos humanos.
La iniciativa fue desarrollada mediante un proceso participativo y multisectorial encabezado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con el acompañamiento técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
Asimismo, el documento toma como referencia los estándares internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
¿Qué establece el Código de Ética de la Inteligencia Artificial?
Uno de los principales objetivos de la normativa es regular el uso de sistemas automatizados que puedan influir en decisiones administrativas o afectar directamente los derechos de los ciudadanos.
En ese sentido, el código establece disposiciones de cumplimiento obligatorio para las instituciones de la Administración pública centralizada y descentralizada.
Entre sus principales medidas se encuentran:
1. Evaluaciones de impacto ético y de derechos: Los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto impacto, especialmente aquellos que puedan afectar el acceso a derechos, beneficios sociales o decisiones sancionadoras, deberán someterse a evaluaciones previas. Además, necesitarán la aprobación del órgano de supervisión antes de entrar en funcionamiento.
2. Transparencia y revisión humana: Los ciudadanos tendrán derecho a conocer cuándo una decisión o trámite administrativo haya contado con el respaldo de inteligencia artificial. También podrán solicitar explicaciones comprensibles y recurrir a mecanismos de revisión por parte de personas.
3. Prohibición de determinados usos: El código prohíbe prácticas como la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal predictivo basado en prejuicios territoriales o socioeconómicos, la automatización de sentencias penales y el desarrollo de armas autónomas.
4. Protección de niños, niñas y adolescentes: La normativa establece salvaguardas especiales para este sector de la población y prohíbe el uso de inteligencia artificial que genere o distribuya contenido lesivo, abusivo o discriminatorio contra menores de edad.
5. Soberanía digital y protección de datos: Las instituciones públicas deberán exigir a sus proveedores garantías de trazabilidad, ciberseguridad y control soberano de los datos de los ciudadanos. De esta manera, se busca evitar la contratación de sistemas cuyo funcionamiento no pueda ser auditado por el Estado.
Crearán Consejo Nacional de Ética de IA
Como parte de los mecanismos de supervisión, el decreto dispone la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, concebido como un órgano consultivo y de coordinación.
Este organismo estará integrado por instituciones estatales y representantes no gubernamentales del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, con el objetivo de promover la participación de la sociedad civil y la academia, así como el seguimiento de las disposiciones establecidas.
De igual forma, la normativa contempla un período transitorio de 180 días calendario para que las entidades públicas adapten sus procedimientos internos a los nuevos requerimientos.
Durante ese plazo, las instituciones deberán registrar los sistemas tecnológicos que utilizan, designar a los funcionarios responsables y aplicar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del código.
¿Por qué es importante regular la inteligencia artificial en los servicios públicos?
La inteligencia artificial permite automatizar procesos, analizar grandes cantidades de información y agilizar la prestación de servicios. Sin embargo, su utilización en instituciones públicas también plantea desafíos relacionados con la privacidad, la protección de datos, la discriminación algorítmica y la transparencia de las decisiones administrativas.
Por esta razón, establecer normas para su implementación busca evitar que las herramientas tecnológicas vulneren derechos fundamentales o generen decisiones injustas sin mecanismos de supervisión.
En el caso de República Dominicana, la aprobación de este código representa un paso hacia la incorporación de criterios éticos y controles institucionales en la transformación digital del Estado, procurando que los avances tecnológicos estén acompañados de garantías para la ciudadanía.
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