República Dominicana, Cuba y Haití desarrollan evaluaciones técnicas y capacitan especialistas para identificar vulnerabilidades y fortalecer la seguridad de instalaciones esenciales
SANTO DOMINGO.– Más de 4,300 infraestructuras hidráulicas y al menos 15 centros educativos han sido evaluados en República Dominicana, Cuba y Haití como parte de una iniciativa regional dirigida a identificar vulnerabilidades estructurales y reducir los riesgos de interrupción de servicios esenciales ante fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia.
Los trabajos también han permitido capacitar a 47 especialistas y movilizar recursos para intervenir instalaciones priorizadas, con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta y funcionamiento frente a posibles desastres.
Estas acciones forman parte del proyecto «Fortalecimiento de Capacidades, Seguridad y Resiliencia de Infraestructuras Críticas en República Dominicana, Cuba y Haití», ejecutado desde 2024 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con financiamiento de la Coalición para la Infraestructura Resiliente ante Desastres (CDRI).
La iniciativa cuenta, además, con la colaboración de instituciones nacionales de los tres países y el respaldo financiero de los gobiernos de la India, Australia y el Reino Unido, así como de la Unión Europea, mediante el Fondo Acelerador de Resiliencia de Infraestructura (IRAF).
República Dominicana evalúa escuelas y sistemas de abastecimiento de agua
En territorio dominicano, las evaluaciones se concentraron en siete centros educativos, examinados mediante el Índice de Seguridad en Centros Educativos de República Dominicana (ISCERD), herramienta utilizada para identificar condiciones de vulnerabilidad y orientar posibles intervenciones.
Asimismo, fueron inspeccionadas cuatro infraestructuras destinadas al suministro de agua potable, entre ellas el acueducto de Quisqueya, donde avanzan gestiones para implementar mejoras funcionales.
Estos diagnósticos buscan proporcionar información técnica que permita a las autoridades establecer prioridades de mantenimiento, planificar inversiones y fortalecer la seguridad de las instalaciones que prestan servicios a la población.
Por otra parte, las labores incorporaron criterios relacionados con género, discapacidad e inclusión, con la finalidad de considerar las necesidades de distintos grupos poblacionales en la gestión del riesgo.
Cuba y Haití también identifican vulnerabilidades
En Cuba, los trabajos alcanzaron 4,319 obras hidráulicas, equivalentes al 63 % del inventario nacional, mediante la aplicación del Sistema de Gestión Integrada del Agua (S-GIA).
Esta herramienta facilita la recopilación de información sobre las condiciones de las instalaciones y contribuye a determinar cuáles requieren mayor atención para garantizar su funcionamiento.
Mientras tanto, Haití examinó ocho escuelas ubicadas en Puerto Príncipe y avanzó en procesos similares en el Departamento Norte.
De igual manera, el país desarrolló la adaptación del instrumento de evaluación escolar a sus condiciones particulares, mediante la creación del Índice de Seguridad en Centros Educativos de Haití (ISCERH).
En cuanto al abastecimiento de agua, las autoridades haitianas completaron inspecciones en dos acueductos del departamento Oeste, al tiempo que continuaban los trabajos en otras regiones.
Especialistas advierten sobre la necesidad de prevenir daños
Los resultados fueron presentados durante el encuentro «Infraestructura crítica bajo presión: por un Caribe más resiliente», que reunió a autoridades, técnicos y representantes de las tres naciones para analizar los desafíos relacionados con la protección de instalaciones estratégicas.
Durante la apertura, la representante residente del PNUD en República Dominicana, Ana María Díaz, destacó la importancia de anticipar amenazas, fortalecer las capacidades institucionales y orientar las inversiones hacia la protección de los servicios indispensables para la población.
En ese mismo contexto, el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), Leonardo Reyes Madera, resaltó la necesidad de disponer de herramientas especializadas que permitan detectar debilidades y mejorar la seguridad estructural.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig, planteó que las acciones posteriores a una emergencia no deben limitarse a recuperar las instalaciones afectadas, sino que deben incorporar criterios climáticos para disminuir futuros daños.
Asimismo, sostuvo que la resiliencia de las obras esenciales debe ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas y en las decisiones de inversión.
Invertir en prevención para reducir pérdidas humanas y económicas
Durante el intercambio, Juan Fernández, representante de la Defensa Civil, señaló que destinar recursos a medidas preventivas contribuye a disminuir las consecuencias humanas, materiales y económicas provocadas por los desastres.
Además, consideró fundamental la coordinación entre las instituciones para mantener operativos los servicios básicos durante situaciones de emergencia.
En tanto, Aishwarya Pillai, representante de IRIS/SIDIS, subrayó la importancia de incorporar criterios de resiliencia desde las etapas de planificación y financiamiento hasta la operación de las infraestructuras.
También destacó la cooperación entre los países del Caribe como un mecanismo para reducir brechas técnicas y acelerar la implementación de soluciones.
Analizan experiencias internacionales sobre seguridad estructural
Como parte de la jornada, especialistas abordaron temas relacionados con la inversión pública resiliente y las estrategias utilizadas en Chile para enfrentar amenazas sísmicas.
El programa incluyó una intervención del doctor H. Kit Miyamoto, centrada en la importancia de convertir los datos sobre riesgos en decisiones que permitan proteger las instalaciones y evitar interrupciones prolongadas de sus operaciones.
Igualmente, se compartieron experiencias dominicanas sobre evaluación estructural y manejo de escombros después de fenómenos destructivos.
Estas discusiones permitieron examinar alternativas para mejorar la preparación institucional y fortalecer los mecanismos de respuesta ante posibles emergencias.
Buscan garantizar la continuidad de los servicios esenciales
Las infraestructuras críticas comprenden instalaciones y sistemas de los que dependen actividades fundamentales, como el suministro de agua potable, la educación, la salud, la energía y las comunicaciones.
Su deterioro o paralización durante un desastre puede afectar directamente a las comunidades, limitar el acceso a servicios básicos y generar consecuencias económicas y sociales.
Por esta razón, las evaluaciones desarrolladas en los tres países procuran transformar los diagnósticos técnicos en acciones concretas de mantenimiento, planificación y asignación de recursos.
Con la continuidad del proyecto, el PNUD y las instituciones participantes buscan consolidar capacidades nacionales y regionales que permitan reducir vulnerabilidades, mejorar la seguridad de las obras públicas y fortalecer la prestación de servicios indispensables ante futuras emergencias.
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