La iniciativa busca ordenar el desarrollo del litoral, preservar los ecosistemas marinos y establecer criterios para el aprovechamiento de los recursos naturales, con posibles repercusiones en las inversiones turísticas, inmobiliarias y de construcción
SANTO DOMINGO. – La Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado de la República avanzó en el estudio de las propuestas legislativas destinadas a establecer un marco regulatorio para la zona costera marítima dominicana, con el propósito de conciliar el desarrollo económico con la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento responsable del patrimonio natural.
Entre las iniciativas examinadas figura el proyecto de ley sectorial de la Zona Costera Marina y sus Recursos, presentado por el senador Antonio Marte, representante de Santiago Rodríguez. La propuesta procura establecer mecanismos para ordenar las actividades que se realizan en el litoral y garantizar que su desarrollo responda a criterios de sostenibilidad.
En ese sentido, contempla medidas para conservar, restaurar y administrar los ecosistemas costeros y marinos, así como regular el aprovechamiento de los bienes y servicios que estos proporcionan. Asimismo, plantea prevenir la contaminación, la destrucción de los espacios naturales, las intervenciones inadecuadas y la sobreexplotación de los recursos, además de salvaguardar el patrimonio ambiental y cultural.
De igual manera, durante la sesión se conoció una iniciativa del senador Félix Bautista, orientada a establecer instrumentos para la administración, conservación y uso sostenible de los bienes de dominio público marítimo-terrestre y de los recursos naturales asociados a estos territorios.
Esta segunda propuesta abarca la protección de ecosistemas, paisajes, especies, recursos genéticos y otros componentes biológicos y abióticos que integran los espacios costeros y las aguas próximas al litoral.
La comisión estuvo presidida por el senador Manuel Rodríguez, debido a que Antonio Marte, titular de ese órgano legislativo, es autor de una de las piezas sometidas a consideración.
En el encuentro también participaron los senadores Moisés Ayala, representante de Barahona; Antonio Marte, de Santiago Rodríguez, y Santiago José Zorrilla, de El Seibo.
¿Qué implicaciones tendría una legislación de esta naturaleza?
Más allá de su componente ambiental, una regulación de las zonas costeras tendría repercusiones en la manera en que se planifican y desarrollan las actividades económicas en los territorios próximos al mar. Esto se debe a que el litoral dominicano concentra importantes ecosistemas, como playas, manglares, arrecifes de coral y humedales, que, además de su valor ecológico, constituyen un soporte fundamental para el turismo, la pesca y las inversiones inmobiliarias.
De aprobarse, una legislación de este alcance permitiría establecer disposiciones más específicas sobre el uso, la ocupación y la intervención de estos espacios. Entre sus posibles efectos se encuentran:
- Ordenamiento de las construcciones: establecer criterios para regular los desarrollos hoteleros, turísticos y residenciales próximos al litoral, tomando en cuenta las condiciones ambientales y territoriales.
- Conservación de los ecosistemas: reforzar la protección de manglares, arrecifes, humedales y otros entornos naturales esenciales para la biodiversidad y la protección de las costas frente a fenómenos climáticos.
- Protección del dominio público marítimo-terrestre: fortalecer los mecanismos para preservar los espacios costeros de carácter público y evitar ocupaciones o usos contrarios a las disposiciones legales.
- Aprovechamiento responsable de los recursos: establecer parámetros para que actividades como el turismo y la pesca puedan desarrollarse sin comprometer la integridad de los ecosistemas.
- Planificación del territorio: promover una gestión más organizada del litoral, procurando armonizar las inversiones privadas, las necesidades de las comunidades y la protección del medioambiente.
Para las industrias de la construcción y el desarrollo inmobiliario, el alcance de estas propuestas reviste especial interés, debido a que una regulación más definida podría incidir en la planificación de nuevos proyectos, las condiciones para intervenir terrenos cercanos al mar y los requisitos ambientales que deberán observarse.
El reto estará en encontrar un punto de equilibrio entre la protección de los recursos naturales y el dinamismo de las inversiones que impulsan el crecimiento de los destinos turísticos del país. En una economía donde buena parte de la actividad inmobiliaria y hotelera se concentra en zonas costeras, contar con reglas claras será determinante para ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas, reducir los conflictos por el uso del territorio y evitar que la expansión de los desarrollos comprometa el patrimonio ambiental del que depende su propia sostenibilidad.
Por ahora, ambas iniciativas permanecen bajo estudio legislativo, por lo que sus disposiciones definitivas y el alcance de las eventuales regulaciones dependerán del curso que sigan en el Congreso Nacional.
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