SANTO DOMINGO. El Ministerio Público informó que ha identificado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por consultas y procedimientos que, según las evidencias recopiladas, no fueron realizados.
La investigación documenta 4,363 autorizaciones correspondientes a consultas y procedimientos por un monto de RD$41.1 millones, registrados entre enero de 2021 y febrero de 2025, de acuerdo con los datos presentados por el órgano acusador.
La información fue ofrecida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), luego de que el tribunal aplazara para este miércoles 23 de septiembre el conocimiento de las medidas de coerción contra los imputados de la Operación Cobra 2.0-A.
Ministerio Público pedirá 18 meses de prisión preventiva
La audiencia continuará este miércoles a las 2:00 de la tarde, cuando el Ministerio Público presentará su solicitud de medidas de coerción contra los imputados.
El órgano persecutor solicitará 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo, mientras que las defensas dispondrán del tiempo otorgado por el tribunal para examinar las evidencias depositadas en el expediente.
En ese escenario, el aplazamiento de la audiencia anterior no fue solicitado por el Ministerio Público, sino por los abogados de los imputados, quienes pidieron un plazo para estudiar las pruebas presentadas por la Fiscalía. La incorporación de una nueva persona al proceso también influyó en la decisión del tribunal.
El expediente presentado por el MP consta de unas 525 páginas, según reportes de la audiencia.
Señalan esquema que involucraba a exempleados y médicos
Ortiz explicó que la investigación apunta a un esquema organizado desde el interior del SeNaSa, en el que habrían participado exempleados de la institución y profesionales de la medicina que contaban con códigos asignados.
“Se han encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al SeNaSa, procedimientos que no fueron realizados”, señaló la representante del Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación, una de las modalidades investigadas consistía en utilizar datos reales de afiliados para tramitar y facturar consultas o procedimientos que estos no habían recibido.
La Fiscalía sostiene que estas maniobras provocaban la salida de recursos de la aseguradora estatal y reducían la cobertura disponible para los usuarios afectados.
Incorporan a una nueva imputada
Mirna Ortiz depositó la solicitud de medida de coerción contra la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades la mañana del lunes.
Su incorporación elevó a 26 el número de personas sometidas en esta nueva fase, entre ellas 22 médicos, de acuerdo con la información ofrecida por el Ministerio Público.
El juez Rigoberto Sena fijó la continuación de la audiencia para este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los fiscales fundamentan la solicitud de complejidad en la existencia de múltiples hechos, víctimas y posibles participantes, además de las características de delincuencia organizada que atribuyen al expediente.
Imputados en caso SENASA
Entre los imputados figuran Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También están incluidos Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Completan la lista Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Operación Cobra inició la investigación
El proceso forma parte de una investigación que comenzó con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó el año pasado a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo del SeNaSa y señalado por la Fiscalía como cabecilla del entramado.
En esa primera etapa también fueron apresados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El órgano acusador busca obtener sanciones penales y el decomiso de recursos que, según la investigación, habrían sido sustraídos al Estado dominicano.
A los involucrados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Investigación apunta a desvío de recursos públicos
Durante las pesquisas, el Ministerio Público asegura haber recopilado evidencias de presuntos sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento jurídico para distraer fondos mediante operaciones fraudulentas.
Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, la estructura habría operado desde la dirección ejecutiva del SeNaSa, con la participación de funcionarios de la institución y prestadores de servicios de salud.
Operación Onco14 amplió las pesquisas
Como parte de otras líneas investigativas relacionadas con el expediente, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco14, que derivó en el arresto de tres personas señaladas por formar parte de una estructura que habría utilizado de manera fraudulenta al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
La investigación involucra al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes afectados por cáncer y al propio SeNaSa.
Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Según las autoridades, Vargas Sánchez se divorció de Lora Cruceta en 2014 y posteriormente ocupó la vicepresidencia, además de desempeñarse como auditora interna y externa del patronato que administra el instituto oncológico durante el período en que el imputado presidía esa organización.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
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