Una evaluación de la infraestructura educativa realizada por encargo del Gobierno ha identificado planteles que requieren demolición, reforzamiento o intervención
SANTO DOMINGO. – La primera edición de LA Agenda Semanal, el nuevo espacio de seguimiento de la gestión gubernamental, dejó sobre la mesa un dato que trasciende el cierre de 57 escuelas: el Gobierno está construyendo, mediante evaluaciones de vulnerabilidad estructural, una radiografía de las condiciones en que se encuentra parte de la infraestructura educativa del país frente al riesgo sísmico.
El dato fue presentado ayer lunes en el Palacio Nacional por Roberto Herrera Polanco, director de Infraestructura Escolar, quien explicó que 12 empresas fueron contratadas para realizar evaluaciones de vulnerabilidad estructural en centros educativos de distintas zonas del país.
El resultado inicial es que 57 planteles fueron retirados de servicio: 34 deberán ser demolidos por completo y 23 sometidos a demolición parcial, cifras que, por sí solas, no revelan la dimensión exacta del diagnóstico.
Falta saber dónde están los planteles evaluados, qué antigüedad tienen, qué características estructurales presentaron, cuáles fueron las razones técnicas detrás de cada demolición o reforzamiento, y cuántos estudiantes ocupan hoy esas instalaciones.
¿Qué encontraron los expertos?
Herrera Polanco explicó que las evaluaciones se han concentrado especialmente en zonas próximas a la Cordillera Septentrional, debido a la presencia de una falla sísmica y a las características del terreno en esas localidades. El funcionario recordó que la isla se encuentra en una región sísmicamente activa y que su historia registra terremotos de gran magnitud.
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) tiene entre sus funciones evaluar la vulnerabilidad sísmica de edificaciones, infraestructuras y líneas vitales. Sin embargo, en la presentación del lunes, Herrera Polanco atribuyó las evaluaciones a las 12 empresas contratadas por Infraestructura Escolar, sin precisar qué papel jugó ONESVIE en ese proceso ni cómo se dividió el trabajo entre unas y otra.
El funcionario también informó sobre un segundo grupo de edificaciones, identificadas al inicio de su gestión por presentar el defecto conocido como «columna corta»: eran 60 en total, de las cuales 42 estaban siendo intervenidas y 19 ya habían sido reforzadas y entregadas.
¿Qué es una columna corta?
El término tiene una definición técnica dentro de la ingeniería sismorresistente. Según el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (LIS-UCR), el efecto de columna corta ocurre cuando se reduce la longitud libre de una columna, algo que puede suceder de forma involuntaria por errores constructivos, por deficiencias en la regulación urbanística o porque el diseñador no consideró cómo se comportaría la estructura completa frente a un sismo. Al quedar restringida en un tramo más corto, la columna se vuelve más rígida que una de altura completa y absorbe una proporción mucho mayor de la fuerza horizontal que genera un terremoto, lo que puede provocar fallas frágiles por cortante.
En la práctica, esta condición suele generarse cuando muros de mampostería con ventanas rodean parcialmente una columna, dejando libre solo una porción de su altura. Esa porción concentra tensiones muy superiores a las que soportaría la misma columna si estuviera libre en todo su tramo, según describen los ingenieros José Luis Beauperthuy y Alfredo Urich en un estudio técnico sobre el fenómeno. Es, además, una de las causas identificadas con mayor frecuencia en el colapso de escuelas durante terremotos en distintos países de la región.
Que la propia Dirección de Infraestructura Escolar haya detectado columna corta en decenas de edificaciones y haya iniciado intervenciones no significa que ese sea el defecto que llevó a retirar de servicio a los 57 planteles. Sin los informes técnicos individuales, no es posible extrapolar ese hallazgo a todo el diagnóstico.
El mantenimiento y las nuevas aulas
La revisión de vulnerabilidad estructural avanza junto a otros frentes de trabajo de Infraestructura Escolar. Herrera Polanco informó que, mediante el programa de mantenimiento 24/7, se interviene en 1,457 planteles con la participación de 297 microempresas, de los cuales 1,226 ya habían sido entregados al momento de la presentación.
En cuanto a ampliación de infraestructura, el funcionario reportó la entrega de 1,321 aulas nuevas, con una proyección de llegar a 1,503 al cierre de agosto y a unas 1,700 en septiembre. Son procesos distintos de la evaluación sísmica, aunque forman parte de la misma gestión.
Además, con el año lectivo ya iniciado, 268 planteles evaluados permanecen pendientes de intervención, mientras se preparan nuevos procesos de licitación para completarla.
Una red construida durante décadas
La infraestructura educativa dominicana es resultado de décadas de construcción bajo normas que han cambiado con el tiempo. La antigüedad de un plantel no determina por sí sola su vulnerabilidad, esa es una conclusión que corresponde a las evaluaciones técnicas, pero sí hace relevante conocer bajo qué normativa fue diseñado cada edificio y si ha sido evaluado o reforzado desde entonces.
La Dirección de Infraestructura Escolar ha señalado antes que buena parte de la planta física educativa data de los gobiernos de Trujillo y Balaguer, antes de que existieran las normas antisísmicas vigentes hoy, por lo que la evaluación en marcha no trata solo de decidir qué hacer con los planteles que ya muestran daños visibles, sino de entender cómo responde, en conjunto, una red construida en épocas distintas frente a los criterios técnicos actuales.
El mapa que todavía falta
La presentación del lunes permitió conocer el tamaño de algunas decisiones, pero no el detalle territorial del diagnóstico. Sigue sin conocerse el listado completo de los planteles evaluados por las 12 empresas contratadas, ni el resultado individual de cada estudio.
Tampoco hay, en un solo documento de acceso público, la relación de los 57 centros retirados de servicio con su ubicación, antigüedad, matrícula y las condiciones específicas que motivaron cada decisión. Sin esos datos, la cifra de 57 mide el problema, pero no explica todavía cómo se distribuye ni qué patrones sigue.
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