Esta guia ayuda a coontrbuir los sectores bancacios a mejorar los procesos de prevencion ante los pelrigrosos
SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos (SB) puso a disposición de las entidades de intermediación financiera una serie de pautas establecidas en la Guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos ambientales y sociales en el sector bancario, con el propósito de fortalecer los protocolos relacionados con estos ámbitos.
Pero, ¿en qué consiste esta guía y cómo contribuye a que las empresas identifiquen y mejoren sus debilidades en materia social y ambiental?
¿Para qué sirve esta guía?
Según la entidad, el documento tiene como objetivo orientar a las entidades de intermediación financiera en la gestión de los riesgos ambientales y sociales asociados a sus operaciones. Para ello, establece lineamientos sobre gobernanza, políticas internas, debida diligencia ambiental y social, categorización de riesgos e incorporación de estos criterios en las distintas etapas del proceso crediticio.
Asimismo, contempla mecanismos de monitoreo, capacitación institucional e indicadores de desempeño que permiten evaluar la aplicación de estas prácticas.
La guía también ofrece herramientas prácticas para facilitar la implementación de Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) en las entidades financieras, contribuyendo a identificar, prevenir y gestionar posibles impactos negativos derivados de las actividades que financian.
¿Por qué son necesarios estos lineamientos para el sector bancario?
Tal como explica la Superintendencia de Bancos, los riesgos ambientales y sociales requieren una atención similar a la de los riesgos financieros tradicionales, debido a que pueden afectar la calidad de las carteras de crédito y generar consecuencias financieras, legales, regulatorias y reputacionales para las entidades.
Asimismo, la publicación recoge estándares y referencias internacionales, entre ellos las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC), los Principios del Ecuador, los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).
¿A cuáles sectores favorecen estos lineamientos socioambientales?
La SB plantea estas directrices con el propósito de que puedan ser aplicadas en distintos sectores de la economía. La guía incluye buenas prácticas dirigidas a actividades consideradas de alto impacto, como energía, agroindustria, construcción, minería y turismo.
Estas áreas presentan una exposición significativa a riesgos relacionados con el cambio climático, el uso de los recursos naturales y los posibles impactos sociales derivados de sus operaciones.
¿Qué es esta guía?
Según la Carta Circular CCI-REG-2026000010 de la Superintendencia de Bancos, se trata de una herramienta orientada a fortalecer las capacidades de las entidades financieras para identificar, evaluar y gestionar riesgos vinculados con el medioambiente, el cambio climático y los aspectos sociales asociados a las actividades que financian.
En ese sentido, la guía busca que las entidades no solo evalúen la capacidad financiera de sus clientes, sino que también consideren los posibles riesgos ambientales y sociales de los proyectos y actividades que respaldan mediante el otorgamiento de créditos.
Materialización de los riesgos ambientales y sociales (A&S)
Tal y como lo detalla en el documento integro, la materialización de los riesgos ambientales y sociales (A&S) para las entidades financieras puede producirse de distintas maneras. Entre los principales riesgos se encuentran:
1. Riesgo de crédito
Se presenta cuando un cliente no puede cumplir con el pago de un préstamo o cuando los impactos ambientales y sociales negativos afectan el valor de las garantías. Este riesgo puede surgir cuando el cliente debe asumir obligaciones legales, impuestos, tarifas o multas para remediar daños ambientales y sociales ocasionados por negligencia, así como cuando está obligado a pagar compensaciones a terceros.
2. Riesgo reputacional
Está relacionado con clientes o actividades comerciales vinculados a situaciones controversiales. Una entidad de intermediación financiera (IF) puede ver afectada su imagen e integridad como consecuencia de malas prácticas, acciones adversas de un cliente o actividades comerciales desfavorables que generen una percepción negativa ante los medios de comunicación y la sociedad.
3. Riesgo regulatorio
Surge a partir de cambios en las políticas públicas y normativas que obligan a las empresas y entidades de intermediación financiera a realizar ajustes en su gestión ambiental, social y climática. Entre estas medidas pueden encontrarse los impuestos al carbono y las restricciones al uso de combustibles fósiles, que podrían incrementar los costos operativos. Asimismo, el aumento de los litigios relacionados con el cambio climático puede elevar los riesgos legales, especialmente en sectores con altos niveles de emisiones de carbono.
4. Riesgo de mercado
Se refiere a la posible pérdida de valor de activos o carteras financieras como consecuencia de cambios en el entorno asociados con factores ambientales, sociales o de gobernanza (ASG). Estos factores pueden afectar la oferta, la demanda o la percepción del mercado. Entre los ejemplos se encuentran los cambios en las regulaciones ambientales, las modificaciones en las preferencias de los consumidores, la desvalorización de activos, la presión social y la transición hacia una economía baja en carbono.
5. Riesgo asociado a las garantías
Las entidades de intermediación financiera suelen utilizar terrenos, maquinarias u otros activos como garantía para reducir el riesgo crediticio. Sin embargo, cuando un terreno presenta contaminación o daños ambientales que afectan a terceros, la institución financiera que adquiere el activo podría asumir responsabilidades legales y los costos de remediación. Esto puede generar un pasivo ambiental y, en algunos casos, estos costos pueden superar el valor de la garantía, provocando pérdidas para la entidad financiera.
6. Riesgo legal
Consiste en la posibilidad de que una entidad financiera enfrente sanciones, demandas o procesos judiciales como consecuencia del incumplimiento de leyes, regulaciones o compromisos relacionados con aspectos ambientales y sociales.
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