SANTO DOMINGO. — El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó este lunes al nuevo presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), la ratificación del arquitecto Emiliano Familia y del ingeniero Nelson Colón como veedores del gremio ante la Comisión Ejecutora de la Ley núm. 16-26 que ordena el pago de deudas a contratistas de obras estatales.
Mediante una comunicación dirigida al arquitecto George Richardson, el organismo sostiene que, conforme a informaciones recibidas, la designación de ambos profesionales fue aprobada por la pasada Junta Directiva Nacional y que no habría sido una decisión personal o unilateral del entonces presidente del gremio, sino una determinación adoptada institucionalmente.
Explicó que, una semana antes de las elecciones de las nuevas autoridades del CODIA, el presidente saliente firmó una comunicación dirigida al presidente de la Comisión Ejecutora, en la cual se hacía constar la designación de Familia y Colón.
La entidad explicó que durante varios días se informó al organismo que Richardson, quien en ese momento ocupaba la Secretaría General del CODIA, no había firmado dicha comunicación.
Piden esclarecer lo ocurrido
La organización considera necesario que las actuales autoridades esclarezcan lo ocurrido, debido a que la ausencia de una firma no debería utilizarse para desconocer una designación que, según las informaciones de que disponen, fue aprobada por el organismo competente del gremio.
“El respeto a las decisiones institucionales y la continuidad administrativa deben colocarse por encima de cualquier diferencia personal o circunstancial”, expresó el CIC este lunes 24 de agosto.
La entidad destacó que Familia y Colón conocen ampliamente la Ley 16-26, su Protocolo Operativo y las reclamaciones de los contratistas que durante años han gestionado el pago de acreencias pendientes por obras ejecutadas para el Estado.
Advierten presencia necesaria
El CIC advirtió que la presencia de veedores experimentados resulta aún más necesaria ante las recientes actuaciones de la Comisión Ejecutora, que ha comenzado a validar acreencias y a adoptar decisiones que podrían modificar las prioridades anunciadas durante su primera sesión.
En consecuencia, solicitó a la nueva Junta Directiva Nacional ratificar formalmente a Familia y Colón y comunicar la decisión sin demora al presidente de la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26.
La organización afirmó que esa medida fortalecería la continuidad institucional del CODIA, evitaría que el proceso sea afectado por interpretaciones personales o políticas y garantizaría una veeduría conocedora de la prolongada lucha de los contratistas.
“El CIC no está solicitando privilegios ni posiciones particulares. Está reclamando que se respete una decisión institucional y que el CODIA ejerza una veeduría firme, técnica y transparente en defensa de sus miembros”, expuso.
¿Qué dice la Ley 16-26?
La Ley núm. 16-26 de la República Dominicana, promulgada el 1 de mayo de 2026, crea una comisión especial encargada de revisar, evaluar y validar las reclamaciones de deudas por obras públicas ejecutadas con o sin contrato formal, así como de gestionar el pago a los contratistas del Estado.
Está conformada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien la preside; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.
Los miembros de la comisión sancionaron decisiones fundamentales que están orientadas a establecer el marco operativo para la implementación de la referida legislación y avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas del Estado con los contratistas acogidos a esta normativa bajo lineamientos de transparencia.
La legislación impacta a contratistas de obras ejecutadas para entidades como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y otras instituciones estatales.
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