Melchor Alcántara sostiene que la rentabilidad esperada de los alquileres de corta estadía forma parte de la decisión de compra de algunas unidades y pide medir sus efectos sobre los nuevos proyectos
SANTO DOMINGO. – La discusión sobre la regulación de las rentas cortas también debe analizar qué efecto tendría sobre la demanda de apartamentos destinados a inversión y, por esa vía, sobre el financiamiento y la construcción de nuevos proyectos inmobiliarios, según plantea el Observatorio Nacional de la Industria de la Construcción (ONIC).
El director del organismo, Melchor Antonio Alcántara Damirón, sostiene que la renta corta no puede analizarse únicamente como una modalidad de alojamiento que compite con los hoteles, porque una parte de esta oferta está vinculada directamente a proyectos residenciales y turísticos cuyos compradores contemplan la posibilidad de generar ingresos mediante el alquiler de sus unidades.
El planteamiento forma parte del debate abierto después de que el Ministerio de Turismo sometiera a consulta pública un proyecto para crear el Registro Nacional de Alojamientos Turísticos (RENATUR).
El borrador establecía el registro obligatorio de los inmuebles destinados a alquileres vacacionales de corta estadía y señalaba que la inscripción sería indispensable para comercializar esos servicios, tanto directamente como mediante plataformas digitales.
MITUR retiró el proyecto el 20 de julio para abrir una mesa de diálogo con los actores del ecosistema de rentas cortas y por tanto, las disposiciones de aquel borrador se encuentran actualmente en revisión y no constituyen una regulación vigente.
El vínculo con la inversión inmobiliaria
Alcántara Damirón plantea que la posibilidad de explotar una unidad mediante alquileres de corta duración puede formar parte de la expectativa de rentabilidad del comprador.
Desde esa perspectiva, advierte que una reducción significativa de esa capacidad de explotación podría modificar la decisión de inversión, aunque reconoce que ese efecto debe ser medido y no asumido como un hecho.
La secuencia que plantea el ONIC es que una menor rentabilidad esperada podría reducir el interés por adquirir unidades destinadas a inversión; una menor demanda podría disminuir la velocidad de ventas de determinados proyectos y, eventualmente, afectar su financiamiento y ejecución.
El organismo considera que ese posible impacto debe estudiarse porque los efectos de una decisión sobre la inversión inmobiliaria pueden aparecer con retraso respecto del momento en que se modifica una regulación.
La construcción, además, tiene un peso relevante en la economía dominicana. El Banco Central informó que esta actividad creció 14.9% interanual en junio de 2026 y explicó aproximadamente el 30% del crecimiento del IMAE de ese mes.
El organismo atribuyó el comportamiento principalmente al aumento en la ejecución de proyectos de inversión privada y al mayor dinamismo de la inversión pública.
El crédito destinado a la construcción también aumentó 22.6% interanual al cierre de junio, equivalente a más de RD$34,000 millones adicionales frente al mismo período de 2025, según el Banco Central.
Una cadena económica más amplia
Para el ONIC, el posible efecto sobre la construcción no se limita al desarrollador inmobiliario. Alcántara Damirón describe una cadena que comienza con la adquisición del terreno y continúa con el desarrollo y la preventa del proyecto, el financiamiento, la construcción, la contratación de trabajadores, la compra de materiales y mobiliario y el pago de impuestos.
“Cada proyecto moviliza una cadena productiva amplia”, sostiene el organismo, que considera que cualquier modificación de los incentivos para invertir en desarrollos inmobiliarios debe evaluarse por sus efectos sobre el conjunto de la economía.
Plantea, en particular, que el Estado determine qué proporción de las ventas inmobiliarias está asociada a compradores que adquieren unidades con la expectativa de destinarlas a renta corta. Sin ese dato, sostiene, resulta difícil estimar cuánto podría afectar una regulación más restrictiva a la demanda de nuevas unidades.
La posición del organismo no cuestiona la necesidad de regular la actividad. De hecho, plantea como elementos razonables el registro, el cumplimiento tributario y los estándares de seguridad, la protección al consumidor y la transparencia del mercado.
El debate se produce, además, mientras los representantes de las rentas cortas han cuestionado varios aspectos del proyecto retirado por MITUR. ADORECO señaló, entre otros puntos, que el borrador imponía cargas administrativas que podían afectar de manera distinta a pequeños anfitriones y operadores profesionales y planteó observaciones sobre los requisitos documentales y la seguridad jurídica.
Para el ONIC, la discusión que ahora se desarrolla en la mesa de diálogo debe incorporar esa dimensión económica: no solo cuánto puede ganar la hotelería con una eventual regulación más restrictiva, sino cuánto podría ganar o perder el país en inversión inmobiliaria, construcción, empleo y generación de nueva oferta turística.
El objetivo, plantea Alcántara Damirón, debería ser encontrar una regulación que ordene la actividad sin reducir innecesariamente los incentivos que permiten que el turismo genere nuevas inversiones inmobiliarias y proyectos de construcción.
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