Entre 2004 y 2012, el Instituto Nacional de la Vivienda pasó de entregar cerca de 1,860 unidades por año a apenas 738, antes de recuperar terreno hacia el final del período
SANTO DOMINGO. – Durante los tres gobiernos de la vida democrática y moderna, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández en su primer mandato e Hipólito Mejía, el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, se mantuvo como el organismo central de la política habitacional dominicana, una continuidad que continuó cuando Leonel regresó al poder en agosto de 2004, aunque se produjo un frenazo drástico en el ritmo al que se construían viviendas nuevas.
Según cifras institucionales recopiladas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en su Sistema de Indicadores Sociales, y sistematizadas años después por la organización Ciudad Alternativa en un estudio sobre la política habitacional de 2000 a 2016, el INVI reportó, para todo el período 2000-2012, un total de 17,035 viviendas nuevas, 2,021 viviendas rurales, 4,862 unidades bajo la categoría de «proyectos especiales» y 342,466 intervenciones de mejoramiento habitacional urbano.
La distribución de esas cifras en el tiempo revela un quiebre que coincide, casi exactamente, con el cambio de gobierno de 2004. Entre 2000 y 2004, bajo Hipólito Mejía, se concentró el 55% de todas las viviendas nuevas construidas en los años analizados, el 77% de los proyectos especiales y el 100% de los proyectos rurales. El ritmo de aquellos primeros años rondaba las 1,859 viviendas nuevas por año.
Con la llegada de Fernández, ese ritmo se perdió. Entre 2005 y 2009, el INVI promedió apenas 738 viviendas nuevas anuales, dos veces y media menos que en el quinquenio anterior y el punto más bajo de toda la serie llegó en 2010, con solo 168 unidades entregadas en todo el año.
La recuperación llegaría después, entre 2011 y 2012, cuando el promedio anual volvió a acercarse a las 1,340 viviendas, ya en el tramo final del segundo mandato de Fernández.
El perfil de las familias beneficiarias también fue cambiando con los años. (Fuente externa).
La distribución geográfica de esa producción tampoco fue uniforme, ya que más de la mitad de las viviendas nuevas construidas en el periodo, el 53%, se concentró en las regiones Ozama y Cibao, que agrupan al 51.4% de la población del país. La región Ozama por sí sola, que integra el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, absorbió el 39.6% del total nacional.
Más vivienda para clase media alta
El perfil de las familias beneficiarias también fue cambiando con los años, según los reportes institucionales los cuales indican que, entre 2000 y 2004, predominaron los proyectos destinados a familias de ingresos medios y bajos, mientras entre 2006 y 2009 creció con fuerza la proporción de recursos dirigida a familias de ingresos medios y altos, llegando a representar 55.5% de la inversión ejecutada durante 2008.
Solo a partir de 2010 la totalidad de los proyectos volvió a concentrarse exclusivamente en familias de bajos ingresos y hay un caso concreto que ilustra ese giro hacia perfiles de mayor ingreso: en 2011 se inauguró Torres El Progreso, en la avenida Luperón esquina Anacaona, un complejo de 180 apartamentos de 157.47 metros cuadrados, con tres habitaciones, tres baños, cuarto de servicio y dos parqueos.
La inversión ejecutada por el Estado a través del INVI ascendió a RD$1,081,907,881.37, según documentó en su momento el Observatorio de Vivienda y Suelo de Ciudad Alternativa. Esa sola cifra representó 26.5% de toda la inversión en activos del instituto entre 2006 y 2010, en momentos en que las viviendas típicas que construía el INVI medían apenas 45 metros cuadrados y costaban alrededor de RD$440,000.
Conviene precisar los matices de esta información: el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística manejan, para el mismo período, dos metodologías distintas de cálculo del déficit habitacional, con resultados que no siempre coinciden entre sí, una divergencia que la propia investigación de Ciudad Alternativa señala como un obstáculo persistente para diagnosticar con precisión el estado de la vivienda en el país.
Tampoco existen, para los años previos a 2013, estadísticas públicas que distingan con claridad cuántas de estas viviendas fueron donadas y cuántas entregadas mediante financiamiento, ni el desglose exacto de los criterios de selección de beneficiarios en cada proyecto. Vacíos documentales que esta serie prefiere señalar como tales, en lugar de completar con supuestos.
Lo que sí permiten afirmar las cifras disponibles es que la producción pública de vivienda durante estos ocho años osciló bastante más de lo que suele reconocerse, con una caída pronunciada en la primera mitad del período y una recuperación parcial hacia el final, justo cuando el país se preparaba para un nuevo cambio de gobierno.
Fuentes: Ciudad Alternativa, “Las Marcas de la Política Habitacional: Vivienda, Derechos Humanos y Fiscalidad en República Dominicana, 2000-2016” (Jenny Torres, Rafael Jovine, Jaime Rodríguez y Bartolomé Pujals, Santo Domingo, septiembre de 2017), Capítulo II. | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM), serie 2000-2012. | Memorias institucionales del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), años 2013, 2014 y 2015. | Observatorio de Vivienda y Suelo, Ciudad Alternativa (2011).
Historia de la Vivienda Social en la República Dominicana 2004-2012
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