El período que va de 1996 a 2000 construyó buena parte de su identidad política en torno a la modernización del Estado y sin embargo en la historiografía académica de la vivienda social dominicana, es un cuatrienio con registro muy pobre
SANTO DOMINGO. – En Constanza una losa vaciada y pañetada que era parte de un proyecto de 100 viviendas, la mitad de ellas dúplex, destinadas a familias que el huracán Georges dejó sin techo en septiembre de 1998.
La Colonia Kennedy, así se llama el sector, aparece registrada años después en el inventario nacional de obras paralizadas que levantó Participación Ciudadana: una construcción casi terminada e inhabitada.
Esa losa es un punto de entrada para contar lo que pasó con la vivienda social durante el primer gobierno de Leonel Fernández (16 de agosto de 1996 – 16 de agosto de 2000) porque resume, en un solo lugar, la tensión central del período: un Estado que sí construyó, que sí respondió a una emergencia, pero que dejó una parte importante de esa respuesta sin terminar, repitiendo un patrón que esta serie ya ha documentado en gobiernos anteriores.
Lo que había en agosto de 1996
Cuando Fernández asumió, el país cargaba un déficit habitacional que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) había medido apenas un año antes: 29.6 por ciento del parque habitacional dominicano, según los cálculos de 1995 recogidos en el estudio “Situación de la vivienda en América Latina y el Caribe” (UNECLAC, 1996) y citados por Alan Gilbert en su trabajo “La vivienda en América Latina”, editado por el Banco Interamericano de Desarrollo/INDES, en 2001.
De ese total, 16.7 puntos correspondían a déficit cuantitativo, viviendas que faltaba construir, y 12.9 a déficit cualitativo, este último medido en ese estudio de forma más estrecha que las metodologías actuales: únicamente como la proporción de viviendas sin acceso a agua potable.
Es, hasta donde pudo rastrear esta investigación, la cifra más antigua y mejor documentada del déficit habitacional dominicano expresada en un porcentaje nacional. No hay, en cambio, una medición censal propia: la primera de ese tipo llegaría recién con el Censo de 2002.
República Dominicana entró a 1996, y a la administración que se presentaría a sí misma como la más moderna del país en generaciones, sin una manera oficial y propia de cuantificar el problema que heredaba.
El giro: crecer la economía, no necesariamente la vivienda
El sello del primer gobierno de Fernández fue macroeconómico y la hemeroteca habla de un país que registró en esos años el crecimiento más alto de América Latina y uno de los más altos del mundo, un desempeño que la prensa económica de la época bautizó como el «milagro económico dominicano».
El sector construcción fue parte visible de ese dinamismo porque creció 18.2 por ciento en 1999, y los metros de construcción de apartamentos y viviendas bajo permisos de la entonces Secretaría de Obras Públicas pasaron de 1.8 a 3.1 millones, según cifras que la propia Oficina de Prensa de la Presidencia divulgó en 2003 en respuesta a señalamientos del entonces presidente Hipólito Mejía sobre un supuesto abandono de las provincias.
Ese documento, que por su origen y su propósito debe leerse como lo que es, una pieza de defensa política y no un reporte técnico neutral, contiene, sin embargo, una admisión que interesa a esta serie: «Encontramos muchos proyectos habitacionales sin terminar».
Es la confirmación, en boca del propio gobierno que llegó después de Leonel, de que la herencia incluía obras inconclusas de la administración anterior y el inventario de Participación Ciudadana permite ponerle nombre a algunas de ellas, como el proyecto habitacional Pica Piedra, en La Romana, iniciado en 1994, que quedó paralizado justamente en 1996, el año del cambio de gobierno.
De 1996 a 2000 Leonel Fernández Reyna gobernó la República Dominicana. (Foto/Listín Diario).
Según ese mismo documento de la Presidencia, la Dirección de Bienes Nacionales había entregado, hasta mayo de 1999, 23 proyectos con un total de 2,297 casas y apartamentos distribuidos en distintas provincias, La Goya, Galván, Santiago Rodríguez, Monción, Moca, Ciudad Satélite, Los Ciruelitos, Los López, San Miguel en La Vega, Los Maestros en Bonao, El Cercadillo en Yamasá y Villa Fundación, además del conjunto habitacional Porvenir en San Pedro de Macorís, de 34 edificios.
Son cifras que corresponden a una escala más modesta y dispersa que los programas de construcción masiva que esta serie ha documentado en los gobiernos de Balaguer.
El inventario de obras paralizadas
El otro lado del expediente lo ofrece Participación Ciudadana, que en su documento reporta proyectos habitacionales identificados a nivel nacional con inicio entre 1996 y 2000, entre los que destacan: el proyecto Arroyo Seco, en Tamayo (Bahoruco), iniciado en 1997 con 52 viviendas y paralizado ese mismo año; un edificio para profesionales en Pedernales, iniciado en 1998, con tres niveles y seis apartamentos, paralizado en 2003.
También señala, ya correspondientes a la gestión de Hipólito Mejía, el proyecto Gautier, en San Pedro de Macorís, iniciado en 2000 con 150 viviendas planificadas, de las cuales se llegaron a construir 54 antes de paralizarse en 2004; y, del lado del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI), el proyecto de la calle Ramón Paulino en Valverde, con 200 viviendas planificadas, también iniciado en 2000 y paralizado en 2003.
Cabe señalar que ninguno de estos proyectos alcanza, individualmente, la escala de los conjuntos multifamiliares que definieron la política habitacional de Balaguer y el propio inventario de Participación Ciudadana, a diferencia de lo que hace con acueductos, vías o electrificación, no ofrece un desglose porcentual del período 1996-2000 en el rubro de vivienda: la comparación hay que construirla caso por caso, no citando una estadística ya calculada por la fuente.
Un silencio que también es dato
Hay, además, otro vacío que vale señalar porque dice tanto como cualquier cifra. Ninguna de las tres investigaciones académicas más rigurosas que existen sobre la historia de la vivienda social dominicana, la tesis doctoral de la arquitecta Natalia Ulloa Cáceres (2017), la tesis de maestría de Evelyn Vanessa González Mueses (Universidad Politécnica de Valencia, 2014) y la tesis de Andrés Navarro García sobre los desalojos y la renovación urbana bajo Balaguer (UNAM, 2014), dedica una sección al primer gobierno de Fernández (En este último caso, el período de investigación abarcó hasta 1990).
La de Ulloa Cáceres, la más reciente y completa en su tratamiento cronológico, salta directamente de los proyectos del Quinto Centenario, en 1992, a «La Nueva Barquita», un proyecto de 2014. El período que va de 1996 a 2000, el de un gobierno que construyó buena parte de su identidad política en torno a la modernización del Estado, es, en la historiografía académica de la vivienda social dominicana, un cuatrienio sin un registro claro que seguir.
Fuentes: Participación Ciudadana. “Inventario Nacional de Construcciones Públicas Paralizadas” (Ginell Castillo, autor; levantamiento hasta agosto de 2004). | Oficina de Prensa de la Presidencia de la República. “Resumen de las obras ejecutadas por el gobierno del doctor Leonel Fernández en tres años y medio de su administración” (2003). | Gilbert, Alan. “La vivienda en América Latina”. Banco Interamericano de Desarrollo/Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES), Documento de Trabajo I-7UE/Es, septiembre de 2001, con datos de UNECLAC, “Situación de la vivienda en América Latina y el Caribe”, Santiago, 1996. | Ulloa Cáceres, Natalia. “La vivienda social en Santo Domingo: oportunidades de reciclaje del parque construido#. Tesis doctoral, 2017. | González Mueses, Evelyn Vanessa. “Sobre la vivienda social dominicana en el siglo XX: caso de Santo Domingo”. Tesis de maestría, Universidad Politécnica de Valencia, 2014. | Navarro García, Andrés. “Barrios en Zozobra. Estado y Organizaciones Populares en la Renovación Urbana en Santo Domingo, 1986-1990”. Tesis de maestría, UNAM, 2014.
Lecturas recomendadas:
