A lo largo de su trayectoria han recibido recursos públicos mediante transferencias del Presupuesto General del Estado y, según las propias organizaciones, cuentan además con cuotas de sus miembros y otras fuentes de ingresos
SANTO DOMINGO. Los registros presupuestarios permiten comprobar una parte del flujo más reciente y verificable de transferencias corrientes del Ministerio de Turismo a asociaciones sin fines de lucro (ASFL), publicadas por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).
Cuánto ha llegado de cooperación internacional a cada clúster en años recientes, y bajo qué proyectos, es un dato pendiente pues no se encontraron documentos recientes que permitan atribuir montos específicos a destinos específicos.
La Ley de Presupuesto General del Estado 2025 contempló, bajo el capítulo del Ministerio de Turismo, transferencias corrientes a cinco asociaciones sin fines de lucro por un total de RD$18.5 millones en el presupuesto de 2025.
Las cinco organizaciones son el Fondo Provincial de Desarrollo Ecoturístico de la Provincia Monseñor Nouel RD$5 millones, el Consejo de Desarrollo Ecoturístico Provincia Sánchez Ramírez RD$5 millones, el Clúster Ecoturístico de la Provincia Espaillat y Afines, Inc., RD$6.5 millones, Happy Dolphins, Inc., RD$500,000 y el Clúster Turístico La Romana Bayahibe, Inc., con RD$1.5 millones.
El Clúster Turístico del Destino Puerto Plata no aparece en esa lista de 2025.
Lo que propone el anteproyecto para 2026
El Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, elabora cada año un anteproyecto de presupuesto de ASFL que recomienda al Poder Ejecutivo las asignaciones por organización.
Ese anteproyecto se incorpora al proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado que el Ejecutivo somete al Congreso y para el ejercicio 2026, fechado en septiembre de 2025, recomendó RD$30.5 millones para seis organizaciones bajo el Ministerio de Turismo: las cinco de 2025, más el Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, Inc., con RD$12 millones.
Si esa recomendación se mantuvo sin cambios hasta la promulgación de la Ley 99-25, del 16 de diciembre de 2025, que aprueba el Presupuesto General del Estado 2026, el resultado sería que Puerto Plata pasó de no figurar en la lista de transferencias a ser, de las tres organizaciones que llevan “clúster” en su nombre, la que recibe la asignación más alta.
Asignar no es ejecutar
Una asignación presupuestaria tampoco equivale, por sí sola, a la ejecución del dinero y el propio CASFL describe el circuito completo: la organización solicita fondos a través del Sistema Integrado de Gestión de las ASFL (SIGASFL); la institución sectorial y el CASFL evalúan la solicitud; el CASFL formula una recomendación de presupuesto; esa recomendación pasa a la Dirección General de Presupuesto; y, finalmente, debe incorporarse al proyecto de Presupuesto General del Estado y ser aprobada por el Congreso Nacional.
Entre la asignación y la ejecución hay, además, un mecanismo de control. Según su propio informe de gestión del primer semestre de 2025, el CASFL realizó 268 inspecciones a ASFL en todo el territorio nacional y treinta informes de auditoría de cumplimiento, en los que identificó incumplimientos y hallazgos sobre gastos inadmisibles en algunas organizaciones.
Ese aparato de control no es exclusivo de los clústeres turísticos; se aplica a las más de 700 asociaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos en el país. Pero confirma que la asignación presupuestaria es apenas el primer eslabón de una cadena que incluye rendición de cuentas, inspección y, cuando corresponde, sanción.
Lo que la Ley 122-05 exige para recibir fondos públicos
La Ley 122-05 dispone que determinadas asociaciones puedan ser consideradas para recibir fondos del Presupuesto General del Estado, siempre que cumplan los requisitos establecidos y hayan alcanzado el tiempo mínimo de incorporación previsto en el mismo texto.
El CASFL, por su parte, exige que las ASFL interesadas en fondos públicos completen un proceso de incorporación legal, clasificación y habilitación sectorial, además de inscribirse en el Registro Nacional de Habilitación.
Entre los criterios de evaluación de cada solicitud, el CASFL pondera el cumplimiento legal, administrativo y financiero de la organización, su gobernanza, su transparencia y sus mecanismos de rendición de cuentas, la viabilidad técnica del proyecto presentado y, cuando la organización ya ha recibido fondos antes, la calidad de sus rendiciones de cuentas previas.
Por eso, una pregunta central para seguir el dinero de los clústeres no es solamente cuánto aparece asignado en el presupuesto, sino, también, cuánto fue desembolsado, cuánto se ejecutó, qué proyecto financió y qué institución fiscalizó cada partida.
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