La sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que busca propiciar la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua continúa generando reacciones en el ámbito científico y académico. La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y el Equipo Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informaron que, tras analizar el fallo, decidieron reiterar los términos del comunicado previo de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, organización de la que forman parte.
De acuerdo con las entidades, la decisión judicial pretende facilitar el desarrollo de proyectos en favor de un particular, lo que ha despertado inquietudes sobre su alcance. En un pronunciamiento público, ambas instituciones señalaron que la sentencia resulta “altamente sospechosa”, al considerar que se alinea con pretensiones históricas provenientes de sectores políticos, empresariales, legislativos, inversionistas, militares, funcionarios y religiosos que durante años han impulsado iniciativas orientadas a reducir los límites de áreas protegidas en beneficio privado.
Argumentos legales y cuestionamientos constitucionales
La Academia de Ciencias y la UASD indicaron que sus preocupaciones se intensifican al entender que la decisión del TSA contraviene el mandato expreso del artículo 16 de la Constitución dominicana. Este establece que la vida silvestre, las unidades de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas asociados son bienes patrimoniales inalienables, inembargables e imprescriptibles, y que cualquier reducción de sus límites solo puede realizarse mediante una ley aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso Nacional.
Asimismo, recordaron que la Ley Sectorial sobre Áreas Protegidas 202-04 define el sistema como definitivo e irreducible en cada una de sus partes y en su totalidad. Según la normativa, las áreas públicas bajo régimen legal de protección constituyen un componente del patrimonio estatal no transferible bajo ninguna circunstancia, lo que refuerza el carácter permanente de estos espacios.
Alertas sobre un posible precedente nacional
Las comisiones advirtieron que la sentencia podría constituir un ensayo con pretensiones más amplias, tomando al Parque Nacional Jaragua como punto de partida para desmembrar progresivamente el Sistema Nacional de Áreas Protegidas mediante formalidades judiciales. A su juicio, esto abriría la puerta a antiguas aspiraciones de apropiación de territorios que resguardan el patrimonio natural y cultural del país.
Las entidades también recordaron que las áreas protegidas y su biodiversidad proveen servicios ambientales esenciales, entre ellos la calidad del aire, el suministro de agua, la seguridad alimentaria, la pesca, el turismo, la regulación climática, el control de la erosión y la mitigación de los efectos del cambio climático. Por ello, enfatizaron que ninguna sentencia debería poner en riesgo el bienestar colectivo para favorecer intereses particulares.
Finalmente, la Academia de Ciencias y la UASD expresaron su esperanza de que el Tribunal Constitucional derogue lo que calificaron como una sentencia improcedente e inexplicable y consolide el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como un bien público fundamental, cerrando el paso a las pretensiones históricas de apropiación de estos bienes colectivos.
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