Aunque la industria de la construcción es uno de los principales motores de empleo y crecimiento económico en R.D., el sector enfrenta un desafío estructural: la alta presencia de mano de obra no calificada. Muchos trabajadores adquieren sus habilidades de forma empírica, aprendiendo en la práctica o mediante transmisión informal de conocimientos.
Si bien la experiencia tiene valor, la falta de formación técnica estandarizada limita la profesionalización del sector y afecta la calidad, seguridad y eficiencia de las obras, especialmente en oficios especializados como maestros constructores, varilleros, electricistas, plomeros, carpinteros e instaladores.
La necesidad de certificación técnica para trabajar en obras
Frente a esta realidad, el país necesita avanzar hacia un proceso gradual de la calificación técnica de la mano de obra obrera en la construcción.
Una medida clave sería establecer como requisito que quienes desempeñen labores especializadas dentro de los proyectos de construcción cuenten con certificación técnica básica que valide sus competencias.
Un sistema de formación que ya existe
El país ya cuenta con mecanismos legales diseñados precisamente para financiar la capacitación de los trabajadores.
La Ley No. 116-80 del INFOTEP establece que todas las empresas dominicanas deben aportar el 1% de su nómina al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, responsable de la capacitación técnica del capital humano en los distintos sectores productivos.
Este aporte se realiza de manera obligatoria y permanente, lo que significa que el sector empresarial ya contribuye al financiamiento del sistema nacional de formación técnica.
Por otro lado, el sector construcción también dispone de un instrumento legal que podría reorientarse estratégicamente hacia la capacitación de su mano de obra: la Ley No. 6-86, que establece un aporte del 1 % sobre el valor de las obras construidas para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Construcción.
Sin embargo, tras la entrada en vigencia del sistema establecido por la Ley de Seguridad Social, este mecanismo ha pasado a representar en la práctica una doble carga contributiva para el sector, lo que abre la posibilidad de replantear el uso de esos recursos y destinarlos a la formación técnica y certificación de los trabajadores.
Esto significa que el propio sector genera recursos económicos que pueden destinarse a la capacitación de los obreros.
Responsabilidad compartida: Estado, gremios y sindicatos
La tecnificación calificada de la mano de obra de la construcción debe ser una responsabilidad compartida entre el Estado y el sector privado, representado por gremios profesionales y las organizaciones sindicales obreras.
El Estado debe promover políticas públicas y normativas que faciliten la capacitación y certificación de los trabajadores, aprovechando la infraestructura de formación existente.
Los gremios de los profesionales de la construcción deben establecer estándares mínimos de calificación técnica para la contratación de mano de obra, ya que actualmente la capacitación de los obreros no está vinculada de forma obligatoria a su contratación en las obras.
Un sector donde los salarios sí se revisan cada dos años
El sector construcción se distingue de otros sectores productivos porque las tarifas mínimas de la mano de obra obrera se revisan y actualizan cada dos años a través del Comité Nacional de Salarios, adscrito al Ministerio de Trabajo.
En este proceso participa activamente el sector sindical, defendiendo la actualización salarial y las condiciones laborales.
Salarios y calidad deben avanzar juntos
Sin embargo, así como el sector sindical exige legítimamente aumentos de las tarifas de la mano de obra, también resulta necesario que el sector patronal y de los profesionales de la construcción, representado por los gremios de ingenieros, arquitectos y constructores, promuevan y exijan procesos de capacitación y certificación técnica en la calificación de los trabajadores que ejecutan las obras.
En otras palabras, la discusión salarial debe ir acompañada de exigencias de estándares de calidad en la formación de la mano de obra. Y los reajustes salariales deben estar supeditados a la estandarización y calificación de los trabajadores.
Si se establecen mecanismos de certificación técnica y capacitación obligatoria para los oficios de la construcción, será posible elevar simultáneamente el nivel técnico de los trabajadores y la calidad de las edificaciones que se construyen en el país.
En un sector que mueve una parte importante de la economía nacional, invertir en la formación técnica del trabajador de la construcción es una estrategia clave para fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la confianza en la industria.
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