SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, tras declararlos culpables de asociación de malhechores y uso de documentos falsos para adquirir de manera fraudulenta la empresa Costa Dorada S.A., vinculada a más de 6.3 millones de metros cuadrados de terrenos costeros en Sabana Buey, provincia Peravia.
La decisión establece condenas de seis, cuatro y tres años de prisión, respectivamente, además del pago conjunto y solidario de una indemnización de RD$100 millones por daños y perjuicios ocasionados a las empresas afectadas.
El tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las magistradas Yissel Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, concluyó que quedó demostrada la existencia de una estructura societaria distinta a la originalmente registrada, sustentada en documentos falsificados.
Los hechos fueron calificados conforme a los artículos 265, 266, 148 y 151 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de las empresas Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., S.R.L.; Grand Cays Corporation; y Okra Company LTD.
Además de las penas de prisión, los jueces condenaron a los imputados y a la razón social Global Multi Business Corporation al pago de RD$100 millones como indemnización civil a favor de las víctimas.
Tribunal valida teoría de falsificación documental
Durante la motivación de la sentencia, el tribunal sostuvo que quedó demostrada la falsificación documental y la transformación irregular de Costa Dorada S.A. en Costa Dorada S.R.L.
Según la decisión, aunque la empresa original permanecía en una “actuación pasiva” dentro del ámbito societario, esa condición no implicaba pérdida de derechos sobre el patrimonio inmobiliario ni autorizaba actuaciones de terceros sobre la compañía.
El tribunal indicó que los propietarios originales detectaron la situación al acudir a diligencias ante la Cámara de Comercio, donde encontraron que la empresa había sido transformada societariamente.
“Lo que sí se determinó es que la empresa había sido ciertamente transformada en Costa Dorada S.R.L.”, señalaron los jueces durante la lectura del dispositivo.
La sentencia también cuestiona la legitimidad de las actuaciones societarias realizadas y los poderes otorgados para actuar en representación de la compañía, tomando en cuenta que, según el tribunal, no existía autorización válida de los propietarios históricos.
Proceso se extendió durante años
El expediente judicial se originó a partir de acciones iniciadas en 2013 por las familias Mayol y Serrano, luego de detectar presuntas maniobras destinadas a asumir el control de la empresa y de los terrenos vinculados a Costa Dorada.
De acuerdo con la acusación presentada durante el proceso, la estructura fraudulenta habría utilizado cientos de documentos falsificados y operaciones societarias irregulares para ejecutar el fraude.
Entre los elementos señalados en el expediente figura la utilización del nombre de Luis Américo Minervino, fallecido en 2010, quien posteriormente aparecía realizando transferencias de acciones años después de su muerte.
Parte de esas acciones, según la acusación, terminaron siendo adquiridas por la empresa Global MultiBusiness Corporation GMB C, S.R.L.
Ministerio Público solicitó garantizar seguridad jurídica
Durante las conclusiones del proceso, el Ministerio Público, representado por Magaly Sánchez, coordinadora del Departamento de Investigación de Casos Complejos de la Fiscalía del Distrito Nacional, solicitó al tribunal imponer sanciones acordes con la gravedad de los hechos y garantizar la seguridad jurídica y la inversión privada.
Asimismo, la acusación privada, representada por el abogado Jorge López Hilario en nombre de las familias Mayol y Serrano, había solicitado condenas de 20 años de prisión contra Rafael Olegario Helena Regalado y Ailec Paloma Soto Garabito, y 10 años contra Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
El tribunal fijó para el próximo 10 de junio, a las 9:00 de la mañana, la lectura íntegra de la sentencia.
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