La legislación fue firmada por el presidente de la República, Luis Abinader, el día 01 de mayo de 2026, quedando formalmente incorporada al ordenamiento jurídico nacional
SANTO DOMINGO.– Aunque el sector construcción considera la promulgación de la Ley 16-26 como un avance importante, representantes de los contratistas aseguran que el verdadero desafío comenzará ahora: la validación de expedientes y el inicio efectivo de los pagos pendientes acumulados durante décadas.
La legislación, según explicaron miembros del Comité Institucional Codiano (CIC), autoriza el reconocimiento y pago de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas para el Estado dominicano, además de crear una comisión especial encargada de revisar los casos incluidos en la normativa.
Sin embargo, para los ingenieros y empresas involucradas, la expectativa actual se concentra en lo que ocurrirá después de la promulgación: la integración formal de esa comisión, la depuración de los expedientes y el inicio del proceso administrativo que permitiría convertir las reclamaciones históricas en pagos concretos.
Contratistas esperan conformación inmediata de la comisión
Miguel Liberato, vocero del CIC, explicó que el sector espera que en los próximos días el Gobierno anuncie oficialmente la integración completa de la comisión contemplada en la ley.
Ese organismo estará conformado por representantes del Ministerio de Hacienda y Economía, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
De acuerdo con Liberato, la comisión tendrá la responsabilidad de recibir, revisar, validar y depurar los expedientes correspondientes a cientos de contratistas que reclaman pagos pendientes por obras ejecutadas para instituciones públicas.
“El CIC espera que en los próximos días el país conozca oficialmente la integración completa de la comisión”, indicó.
La organización también solicitó al Ministerio de Hacienda agilizar el proceso para evitar nuevos retrasos administrativos.
El sector espera que los primeros expedientes sean evaluados
El ingeniero civil Manuel Inoa aseguró que parte de los expedientes impulsados originalmente por el CIC ya estaban siendo evaluados por el Ministerio de Hacienda incluso antes de la promulgación de la ley.
Según explicó, muchos de los casos cuentan con contratos registrados, cubicaciones y documentación legal validada, aunque algunos presentan inconsistencias administrativas relacionadas con adendas o procesos complementarios.
“Todo está en Hacienda”, afirmó Inoa al referirse al estatus de los expedientes correspondientes al grupo inicial de contratistas vinculados al CIC.
El ingeniero sostuvo que uno de los principales pronósticos del sector es que los casos con documentación más completa puedan convertirse en los primeros en ser procesados para pago una vez la comisión inicie sus funciones.
Esperan que el proceso reactive empresas y devuelva confianza
Representantes del sector consideran que la legislación podría generar un efecto económico importante en la construcción dominicana, especialmente para empresas y profesionales afectados durante años por retrasos de pago.
Miguel Liberato señaló que la medida podría representar una inyección de liquidez para contratistas que mantienen reclamaciones históricas contra el Estado, mientras que Manuel Inoa entiende que el proceso también serviría para devolver confianza a quienes ejecutan obras públicas.
“Le da una motivación a los ingenieros para que le construyan al Estado dominicano”, expresó Inoa.
El CIC considera que, si el proceso avanza de manera organizada, la legislación podría convertirse en un precedente institucional para fortalecer los mecanismos de contratación pública y evitar que futuras obras terminen atrapadas durante años en procesos administrativos inconclusos.
Más de 600 personas físicas y jurídicas serían impactadas
Según datos ofrecidos por el CIC, alrededor de 600 personas físicas y jurídicas aparecen contempladas dentro de la legislación como posibles acreedores del Estado.
La ley incluye expedientes vinculados a obras ejecutadas para entidades como el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
El documento legislativo enumera proyectos de asfaltado, caminos vecinales, escuelas, viviendas, sistemas sanitarios y obras públicas desarrolladas en distintas provincias del país.
“Muchos murieron esperando”
Para Manuel Inoa, el impacto de la legislación no es únicamente económico.
El ingeniero afirmó que al menos 18 profesionales vinculados a estas reclamaciones fallecieron en los últimos años mientras esperaban una solución definitiva por parte del Estado.
Por esa razón, sostiene que el sector espera que la promulgación de la ley no quede únicamente como una disposición legal, sino que se traduzca en acciones concretas, validaciones ágiles y pagos efectivos para los contratistas incluidos en el proceso.
Numeración asignada
El 01 de mayo del presente año la ley quedó formalmente incorporada al ordenamiento jurídico nacional, tras el Poder Ejecutivo asignarle el número 16-26 a la ley que ordena el reconocimiento, validación y pago de las deudas viejas pendientes con contratistas del Estado dominicano.
La Ley 16-26 constituye un paso trascendental para avanzar hacia la solución de una deuda histórica reclamada durante décadas por decenas de contratistas cuyas obras fueron ejecutadas, recibidas y actualmente se encuentran al servicio del Estado y de la sociedad dominicana, dijeron los voceros.
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