Los gremios de la construcción sostienen que las nuevas contribuciones por residuos sólidos incrementan la carga sobre el sector, mientras desarrolladores afirman que algunos proyectos de vivienda de bajo costo comienzan a perder viabilidad económica
SANTO DOMINGO.– La promulgación de la Ley núm. 36-26 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos no puso fin a las preocupaciones del sector construcción. Por el contrario, desarrolladores y gremios afirman que la entrada en vigor de la normativa mantiene abiertas interrogantes sobre el costo de construir viviendas, la tributación aplicada a los fideicomisos inmobiliarios y el impacto que estas cargas podrían tener sobre el acceso a una vivienda, especialmente la de bajo costo.
Aunque la nueva legislación modificó la escala de contribuciones establecida por la Ley 98-25, representantes del sector consideran que el debate dejó de centrarse únicamente en los montos para enfocarse en las consecuencias económicas que tendría su aplicación sobre una industria que ya enfrenta elevados costos financieros, materiales más caros y retrasos en los procesos de aprobación de proyectos.
La preocupación se mantiene
Las advertencias comenzaron incluso antes de la promulgación de la ley. A finales de junio, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (Aprocovici), la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (Acosde), la Asociación de Constructores y Desarrolladores de La Altagracia (Adecla), y la Cámara Dominicana de la Construcción (Cadocon), manifestaron que la reforma podría traducirse en nuevos costos para el desarrollo de proyectos habitacionales.
En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que la inclusión de los fideicomisos inmobiliarios dentro de las nuevas obligaciones contributivas podría generar una doble carga económica sobre proyectos que ya soportan esas responsabilidades fiscales a través de sus promotores, situación que, según advirtieron, terminaría reflejándose en el precio final de las viviendas.
Los gremios también expresaron preocupación por la posible tensión que la medida podría generar con el régimen especial establecido en la Ley 189-11 sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, instrumento que ha servido como uno de los principales mecanismos para impulsar la construcción de viviendas y facilitar el acceso al financiamiento.
Del aumento de costos al precio de las viviendas
Para Rafael Durán, ingeniero y desarrollador inmobiliario, el impacto de la nueva legislación trasciende el pago de una contribución adicional.
A su juicio, cualquier empresa constructora que opere proyectos de cierta magnitud supera con facilidad los niveles de ingresos contemplados por la ley, por lo que deberá asumir aportes que se suman a una estructura de costos ya presionada por factores financieros y operativos.
Durán explicó que la situación resulta aún más compleja en los fideicomisos inmobiliarios, donde, además del pago realizado por la empresa constructora, estos vehículos jurídicos también quedan alcanzados por las contribuciones previstas en la legislación.
«Claro que va a impactar porque hay que aumentar el precio, pero realmente la vivienda de bajo costo ya no aguanta más aumentos para que pueda ser adquirida por las clases de menores ingresos», afirmó.
Según explicó, los desarrolladores enfrentan un escenario en el que resulta cada vez más difícil mantener la rentabilidad de los proyectos sin trasladar parte de esos costos al comprador final.
«Lo que estamos haciendo es saliendo de los proyectos de bajo costo. Nos estamos yendo a otro tipo de fideicomisos dirigidos a una clase media que puede absorber esos incrementos», sostuvo.
A su entender, la vivienda de bajo costo opera actualmente con márgenes muy reducidos, por lo que cualquier incremento adicional termina comprometiendo su viabilidad económica.
ACOSDE insiste en el riesgo para el acceso a la vivienda
Una posición similar mantiene la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (Acosde).
La organización advirtió que la aplicación de la Ley 36-26 podría incrementar los costos de desarrollo de los proyectos habitacionales al incorporar nuevas obligaciones sobre los patrimonios autónomos o fideicomisos, lo que, a su juicio, generaría escenarios de doble tributación sobre estructuras jurídicas que ya soportan cargas fiscales.
Su presidente, Riubell Montes de Oca, sostuvo que ese aumento en los costos terminaría reflejándose en el precio final de las viviendas y podría agravar el déficit habitacional del país.
Asimismo, la entidad considera que la disposición resulta incompatible con el régimen especial previsto en la Ley 189-11, creada para fomentar el acceso a la vivienda y fortalecer el mercado hipotecario.
Un debate que trascendió a la construcción
Las preocupaciones por la reforma no se limitaron al sector constructor.
Previo a la promulgación de la ley, la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advirtió que las modificaciones sucesivas realizadas a la Ley 225-20 generaban incertidumbre para los sectores productivos y afectaban la planificación financiera de las empresas.
El gremio sostuvo que reformas con impacto económico deben sustentarse en procesos de consulta amplios, análisis técnicos y reglas estables que garanticen seguridad jurídica para los contribuyentes.
En la misma línea también se pronunciaron anteriormente organizaciones empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), que solicitaron una discusión más amplia sobre los cambios introducidos a la legislación.
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