Se trata de un plan piloto que servirá como referencia para futuras intervenciones en distintas zonas del país
SANTO DOMINGO.– La infraestructura dominicana comienza a prepararse para uno de los mayores desafíos de las próximas décadas: el cambio climático. Con ese propósito, el Gobierno dominicano pondrá en marcha una estrategia que busca incorporar criterios de resiliencia en la planificación territorial y en el desarrollo de obras públicas y privadas, apoyándose en la formación especializada de profesionales, el uso de tecnologías geoespaciales y el fortalecimiento de la gestión del riesgo.
De acuerdo con la Presidencia de la República, la iniciativa forma parte de un convenio de cooperación suscrito entre el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), mediante el cual ambas instituciones desarrollarán acciones orientadas a que la infraestructura nacional esté mejor preparada para responder a fenómenos asociados al cambio climático.
Uno de los principales compromisos del acuerdo será la capacitación y certificación de al menos 2,500 ingenieros, arquitectos y agrimensores durante los próximos tres años en áreas relacionadas con resiliencia climática, planificación territorial, gestión del riesgo, geomática y mercados de carbono.
Según explicó el vicepresidente ejecutivo del CNCCMDL, Max Puig, la iniciativa busca incorporar el conocimiento técnico del sector construcción al diseño de políticas públicas que permitan fortalecer la capacidad del país frente a los efectos del cambio climático.
“La acción climática requiere del compromiso y la articulación de todos los sectores”, afirmó el funcionario, al destacar que la cooperación permitirá impulsar infraestructura más resiliente y avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.
La planificación de las obras incorpora nuevas herramientas
Conforme a lo informado por la institución, la estrategia no se limitará a la formación de profesionales. También contempla la creación del Observatorio Nacional de Infraestructura Resiliente, una plataforma que concentrará información técnica para apoyar la planificación de obras y facilitar la toma de decisiones frente a riesgos climáticos.
Asimismo, ambas instituciones trabajarán en la publicación de la segunda edición del Atlas Nacional del Cambio Climático, una herramienta que permitirá identificar zonas vulnerables y disponer de información actualizada para orientar el desarrollo territorial.
Como parte de ese proceso, el convenio prevé además la integración de 50 estaciones meteorológicas administradas por el CODIA a los sistemas de información del Consejo Nacional para el Cambio Climático, fortaleciendo el monitoreo de variables atmosféricas y la disponibilidad de datos para la planificación de proyectos de infraestructura.
La entidad gubernamental destacó que también se incorporarán tecnologías de observación de la Tierra, información geoespacial y herramientas de análisis territorial que permitirán mejorar la gestión del riesgo y desarrollar proyectos sustentados en evidencia técnica.
Proyectos piloto y acceso a financiamiento internacional
Otro de los componentes del acuerdo será la ejecución de 15 proyectos piloto enfocados en infraestructura resiliente y planificación territorial, cuyos resultados servirán como referencia para futuras intervenciones en distintas zonas del país.
De igual manera, el CNCCMDL y el CODIA impulsarán la formulación conjunta de iniciativas para acceder a fondos internacionales destinados a la acción climática, con el objetivo de fortalecer la investigación aplicada, la innovación tecnológica y el intercambio de conocimientos.
Desu parte, el presidente nacional del CODIA, Enrique Rosario García, sostuvo que la alianza permitirá poner las capacidades técnicas del gremio al servicio del desarrollo nacional y fortalecer la preparación de los profesionales que participan en el diseño y ejecución de obras.
De acuerdo con la Presidencia, el convenio busca consolidar una cooperación permanente entre ambas instituciones para que la planificación del territorio y la construcción de infraestructura incorporen cada vez más criterios de adaptación y resiliencia frente a los efectos del cambio climático, un desafío que organismos internacionales identifican como uno de los principales riesgos para el desarrollo de los países insulares durante las próximas décadas.
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