El reciente conversatorio celebrado en el Senado de la República sobre el anteproyecto de Ley de Intermediación y Publicidad Inmobiliaria, ya aprobado por esta cámara y actualmente pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados, dejó claro que el sector inmobiliario dominicano atraviesa un momento histórico. Más que una regulación, esta iniciativa representa un consenso nacional orientado a fortalecer la seguridad jurídica, combatir la informalidad y elevar la confianza en uno de los principales motores económicos del país.
No todos los días un sector completo logra sentarse en la misma mesa con el Estado y el poder legislativo para construir una regulación consensuada.
Y precisamente eso fue lo que ocurrió durante el conversatorio “Ley que regula la Intermediación y la Publicidad Inmobiliaria: Alcance, impacto y oportunidades para el sector”.
Más allá de un encuentro técnico o protocolar, el conversatorio evidenció algo mucho más profundo: la República Dominicana atraviesa uno de los momentos más importantes para el futuro de su sector inmobiliario. Porque cuando un sector decide ordenarse, está decidiendo crecer en serio. Y ordenar también es crecer.
El sector que creció más rápido que sus reglas
Durante años, el mercado inmobiliario dominicano ha experimentado un crecimiento acelerado impulsado por el turismo, la inversión extranjera, el desarrollo urbano y la demanda habitacional. Hoy, polos como Punta Cana, Puerto Plata, Santo Domingo, Santiago y Las Terrenas forman parte de una dinámica económica que ha convertido al sector en uno de los pilares del crecimiento nacional, con impacto directo en el Producto Interno Bruto, la generación de empleos y la competitividad del país.
Sin embargo, mientras el mercado crecía, también lo hacía una realidad que el sector llevaba años enfrentando: la ausencia de una regulación clara sobre la intermediación inmobiliaria.
Y cuando un sector crece más rápido que sus mecanismos de control y profesionalización, inevitablemente aparecen las consecuencias.
Cuando se pierde la confianza, pierde todo el sector
Malas prácticas, publicidad engañosa, informalidad y operaciones realizadas sin la debida diligencia comenzaron a afectar no solo a consumidores e inversionistas, sino también a los agentes y empresas que durante años han trabajado correctamente y han sostenido el crecimiento del sector aún sin regulación.
Porque el verdadero problema nunca ha sido la existencia de profesionales serios. El problema ha sido la falta de herramientas para diferenciar al profesional responsable de quien opera al margen de toda estructura.
Existen agentes capacitados, éticos y comprometidos con la seguridad jurídica. Pero también existen operaciones donde el enfoque no está en la protección del cliente ni en la correcta verificación legal de los inmuebles, sino únicamente en la rapidez de la venta. Proyectos promovidos sin validar documentación, inmuebles ofertados sin una revisión adecuada de su situación legal y decisiones tomadas sobre información incompleta han terminado afectando familias completas y debilitando la confianza en el mercado.
Y cuando se pierde la confianza, pierde todo el sector. Pierde el comprador. Pierde el inversionista. Pierde el agente serio. Y pierde la imagen país.
El espíritu de la iniciativa: proteger al que cumple
Precisamente por eso, uno de los momentos más importantes del conversatorio fue cuando el senador Rafael Barón Duluc, propulsor de la iniciativa legislativa, expresó una frase que resume el espíritu del proyecto:
“Esta ley no nace contra el sector inmobiliario, todo lo contrario, nace para proteger al sector serio, al desarrollador ético, al empresario que cumple la ley y al inversionista honesto«.
Y esa afirmación cambia completamente la conversación. Porque esta iniciativa no debe interpretarse como una limitación al crecimiento inmobiliario. Debe entenderse como la pieza que faltaba para fortalecer un mercado que ya alcanzó niveles de expansión que requieren mayor organización, transparencia y profesionalización.
Uno de los elementos más importantes del proyecto de ley es la creación de mecanismos orientados a regular, supervisar y promover la intermediación inmobiliaria bajo criterios de ética, orden, eficiencia y transparencia. Esto incluye la profesionalización de quienes ejercen la actividad, la regulación de la publicidad inmobiliaria y el fortalecimiento de la protección al consumidor.
Regular no es limitar, es elevar
Quizá uno de los aspectos más valiosos de todo este proceso es que la iniciativa no nace desde la confrontación, sino desde el consenso. El conversatorio reunió representantes del Senado, miembros del sector inmobiliario, desarrolladores y promotores de viviendas y actores clave del mercado, evidenciando un hecho poco común: la construcción conjunta de soluciones entre el sector privado y el Estado.
En ese contexto, resulta imposible no reconocer el rol desempeñado por la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios (AEI), así como el liderazgo de su presidente, Alberto Bogaert y su junta directiva, así como también de María Cristina Grullón abogada asesora de la institución, en la promoción de una visión orientada a la formalización y fortalecimiento institucional del sector.
Porque regular no significa excluir. Regular significa elevar estándares. Significa proteger la confianza. Y hoy, más que nunca, la seguridad jurídica se ha convertido en uno de los factores más determinantes para la inversión nacional e internacional.
El proyecto de ley, ya aprobado por el Senado y actualmente pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados, representa mucho más que una regulación sectorial. Representa una señal de madurez. Representa una apuesta por la confianza. Y representa la decisión de fortalecer el sector antes de tener que reconstruirlo después de una crisis.
Las grandes reformas no siempre nacen después del colapso. Algunas nacen de la visión de quienes entienden que ordenar también es crecer.
La pregunta es para ti
La regulación de la intermediación inmobiliaria no es una novedad. Es una deuda histórica. Y la República Dominicana, finalmente, ha comenzado a saldarla.
Ahora la pregunta es para cada uno de nosotros:
¿Estás operando hoy con los estándares que esta nueva regulación va a exigir, o esperarás a que te alcance?
¿Qué tan preparada está tu práctica profesional para un mercado donde la informalidad ya no será una opción válida?
¿Vas a ser parte del sector que se transforma, o del que queda fuera cuando se eleve la vara?
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