Dos décadas después de iniciado por Salvador Jorge Blanco, el proyecto habitacional más ambicioso del país llegó a manos de Hipólito Mejía, que lo dio por terminado con centenares de apartamentos vacíos, y otros tantos recuperados a punta de un operativo militar
SANTO DOMINGO. – Cuando Hipólito Mejía designó al ingeniero Juan Antonio Vargas Monción como director del Instituto Nacional de la Vivienda, en agosto del 2000, heredaba un expediente que ya llevaba dieciocho años abierto: Invivienda Santo Domingo, concebido en 1982 bajo la presidencia de Salvador Jorge Blanco como el proyecto habitacional más grande jamás emprendido por el Estado dominicano, había sobrevivido intacto a cuatro cambios de gobierno sin que ninguno lograra darle un cierre definitivo.
Balaguer entregó apenas tres etapas en sus diez años de mandato; Fernández, entre 1996 y 2000, sumó 2,000 apartamentos más, pero el tiempo tampoco le alcanzó.
Fue Vargas Monción, según relata Fanny Sánchez Pujols en una carta al director publicada en 2020, escrita como respuesta a un artículo anterior de José Lois Malkún sobre el mismo tema, quien finalmente le puso fin a la obra de Invivienda Santo Domingo, aunque el cierre distó de ser una victoria limpia.
La propia carta precisa que el ingeniero dejó sin concluir 429 unidades, y explica la razón con una frase escueta: porque ya estaban ocupadas. Familias que habían entrado a vivir en apartamentos todavía sin terminar, muchas de ellas desplazadas por el huracán Georges en 1998, convirtieron la irregularidad en un hecho consumado que ninguna administración quiso o pudo revertir por completo.
La ocupación irregular no se resolvió únicamente con inacción. El diario El Nacional documentó que, durante el gobierno de Mejía, las autoridades llegaron a montar una operación de recuperación de 700 apartamentos mediante un despliegue sorpresivo de efectivos de la Fuerza Aérea Dominicana, seguido de la instalación de un destacamento permanente para impedir que los desalojados regresaran al lugar.
Muchas de esas familias terminaron reubicadas en el sector El Tamarindo y otras zonas de Santo Domingo Este, en un episodio que revela hasta qué punto la gestión de Invivienda había dejado de ser un asunto exclusivamente habitacional para convertirse también en un problema de orden público.
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El propio Vargas Monción, años más tarde, ofreció un testimonio que ilumina otra dimensión del problema, al responder preguntas para Diario Libre, el ingeniero reconoció que la asignación de viviendas del Estado dominicano carecía entonces, como sigue careciendo, de un procedimiento estandarizado, lo cual dejaba la distribución de las unidades sujeta a una fuerte injerencia política.
Aunque afirmó haber recurrido a grupos comunitarios e iglesias como mecanismo alternativo de selección, admitió sin rodeos que la militancia partidaria también incidió en los beneficiarios finales, con una pregunta retórica que funciona casi como confesión: resultaría mentiroso negar que la gente del partido fue beneficiada, cuando la alternativa hubiera sido dejarla fuera.
El patrón de proyectos iniciados y luego varados no se limitó a la herencia de Jorge Blanco. El Inventario Nacional de Construcciones Públicas Paralizadas, levantado por Participación Ciudadana, con registros hasta agosto de 2004, documenta al menos dos obras habitacionales que el propio gobierno de Mejía puso en marcha y no llegó a terminar dentro de su propio cuatrienio.
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El proyecto Gautier, en San Pedro de Macorís, se inició en 2000 con 150 viviendas planificadas, de las cuales solo 54 llegaron a construirse antes de paralizarse en 2004 y del lado del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas, INAVI, el proyecto de la calle Ramón Paulino, en Valverde, con 200 unidades proyectadas, que corrió una suerte similar: arrancó en 2000 y quedó detenido en 2003.
Ese último dato es relevante porque contrasta cualquier lectura que atribuya el estancamiento de Invivienda únicamente al peso de una herencia acumulada durante dieciocho años. Cuando el propio gobierno de Mejía inauguró proyectos nuevos, con recursos propios y sin el lastre de administraciones anteriores, terminó reproduciendo exactamente el mismo desenlace: viviendas a medio construir, cronogramas incumplidos y familias en espera.
Ni la elaborada arquitectura institucional descrita al inicio de esta parte de la serie, ni el discurso de rendición de cuentas de febrero de 2002, lograron torcer una tendencia que parece trascender a cualquier funcionario o cualquier partido en particular.
Cuando Mejía entregó el poder a Leonel Fernández, en agosto de 2004, Invivienda seguía siendo, en la memoria colectiva dominicana, un sinónimo de promesa incumplida. La próxima entrega cierra el cuatrienio con ese balance: qué le tocó recibir a Fernández en su segundo mandato, y si logró romper esta vez el ciclo que cuatro gobiernos consecutivos no habían podido cerrar.
Fuentes: “Historia de un gran programa de viviendas”, publicado en El Nuevo Diario (12 de junio de 2020) y en Acento (8 de junio de 2023). | El Nacional, “Invivienda entre invasores, mugre, delincuencia y drogas”. | Diario Libre, “El peso político en reparto viviendas” (Mariela Mejía, 13 de diciembre de 2021). | Listín Diario, “Cada gobierno tiene su ‘librito’ para reducir déficit habitacional” (5 de febrero de 2021). | Participación Ciudadana, “Inventario Nacional de Construcciones Públicas Paralizadas” (Ginell Castillo, autor; levantamiento hasta agosto de 2004).
Serie La Vivienda Social en la República Dominicana.
