Al cumplirse 80 años del terremoto de La Vega del 4 de agosto de 1946, el último de gran magnitud registrado en el país, Reyes Madera asegura que “Seguimos construyendo vulnerabilidades”.
SANTO DOMINGO. – El ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), reveló que, de cada 100 edificaciones evaluadas por la institución, diez requieren una revisión sísmica adicional, aun cuando hayan sido construidas conforme al reglamento vigente.
El funcionario ofreció las declaraciones al periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana por RNN Canal 27.
Reyes Madera situó el hallazgo en la conmemoración de los 80 años del terremoto de 1946, el último de gran magnitud registrado en el país, ocurrido el 4 de agosto de ese año. “¿Qué hemos hecho en estos 80 años? Seguir construyendo vulnerabilidades”, sostuvo, al explicar que en ese periodo sin un sismo mayor se continúa la construcción de estructuras que, con el paso del tiempo, ameritan un nuevo examen técnico.
Onesvie fue creada mediante el Decreto 715-01, del 5 de julio de 2001, con el mandato de diagnosticar la capacidad de resistencia sísmica de las edificaciones del país y establecer las correcciones pertinentes en los casos que lo ameriten. La institución, que este año conmemora su vigesimoquinto aniversario, inició su labor evaluando exclusivamente centros escolares y, con los años, sumó edificaciones de uso público y hospitales, hasta que en 2020 extendió su alcance al sector privado.
Lo que se ha hecho
Según detalló el director general, el trabajo de campo comenzó en el ensanche Naco del Distrito Nacional, donde se identificaron alrededor de 1,100 edificaciones públicas, privadas e institucionales, de las cuales la oficina ha evaluado ya cerca de 850. El levantamiento en el ensanche Quisqueya se completó en su totalidad, mientras que en Piantini el proceso ha avanzado en un 30 por ciento.
Esa labor de campo, precisó Onesvie en un comunicado oficial de mayo pasado, corresponde a la Red de Evaluadores Estructurales Dominicanos (REED), programa creado por la institución junto al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) para formar y certificar profesionales en evaluación de vulnerabilidad estructural. Según cifras de la propia Onesvie, la red sumaba 950 evaluadores certificados hacia julio de este año, con la meta institucional de superar los 1,000 antes de que finalice 2026.
Ese despliegue de campo, explicó Reyes Madera, no busca calificar edificaciones de forma aislada, sino construir una suerte de mapa de vulnerabilidad que permita, en caso de un sismo, determinar cuáles vías permanecerían disponibles para que los servicios de emergencia, incluida la línea 911, puedan llegar a cualquier punto del sector. “No somos una oficina de búsqueda y rescate, pero sí le podemos servir al país en ese sentido”, apuntó.
Los resultados de cada evaluación, indicó, serán entregados a las juntas de vecinos y a los propietarios de las torres examinadas, y se harán de conocimiento público una vez concluya cada fase del proceso, información que en la práctica puede convertirse en un insumo adicional para compradores, aseguradoras y entidades financieras al momento de valorar un inmueble.
Ese mismo hallazgo, sin embargo, llega para los propietarios individuales y los consorcios en un momento en que el marco legal dominicano deja buena parte de la decisión de actuar en manos de los propios condominios.
El Reglamento R-001 es de cumplimiento obligatorio para las edificaciones de nueva construcción, pero no existe, hasta agosto de 2026, una obligación legal generalizada que exija a los condominios privados ya existentes someterse a una evaluación sísmica.
Es la Ley 5038 sobre Condominios, de 1958 y modificada parcialmente por la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, la que regula cómo se toman ese tipo de decisiones al interior de un edificio: cualquier intervención que afecte elementos estructurales, incluida una eventual evaluación o un refuerzo, requiere la aprobación de la asamblea de propietarios, y ningún condómino puede modificar por su cuenta la estructura de su unidad privada. Al administrador del consorcio le corresponde poner el tema en la agenda de la asamblea, presentar cotizaciones y dar seguimiento si los propietarios aprueban avanzar.
“Nadie está diciendo que se te va a caer tu edificio porque el formulario te diga que tienes que revisarlo”, matizó el funcionario frente a la inquietud que puede generar la cifra del 10 por ciento.
Reyes Madera aclaró que las edificaciones levantadas bajo el reglamento de 2011, vigente en la actualidad, no deberían presentar mayores problemas ante un evento sísmico, siempre que se haya respetado la norma, se haya mantenido un control de calidad de los materiales y una supervisión estricta durante la construcción.
La misión de la oficina, insistió, es detectar las vulnerabilidades y plantear soluciones a los organismos correspondientes, encargados a su vez de ejecutar las intervenciones necesarias en edificios, puentes, presas, acueductos, hospitales y escuelas.
“Lo que estamos haciendo es colocando nuestros edificios sobre una mesa de ensayo, que es la tierra, que es el suelo donde lo hemos fundado, para ver qué pasa cuando se mueva”, describió Reyes Madera, quien considera que ningún país del mundo está realmente preparado para un terremoto y que la prevención debe ser el norte del sector de la construcción dominicano.
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