El mismo sistema financiero que el gobierno había convocado en 2002 para ampliar el crédito hipotecario se convirtió, apenas un año después, en el epicentro de la mayor quiebra bancaria de la historia dominicana
SANTO DOMINGO. – El 13 de mayo de 2003, el entonces gobernador del Banco Central, José Lois Malkún, compareció ante el país para anunciar que el sistema bancario dominicano había sido víctima de anomalías graves, un mensaje apocalíptico, detrás del cual se ocultaba un fraude que llevaba meses gestándose dentro del Banco Intercontinental, Baninter, entonces la segunda entidad bancaria comercial del país, por volumen de activos.
El deterioro había comenzado mucho antes de esa fecha, de acuerdo con la reconstrucción que hizo el economista Juan Temístocles Montás en una tesina presentada en la Universidad de Barcelona. Desde septiembre de 2002, Baninter enfrentaba retiros masivos de depósitos que el Banco Central intentó contener mediante redescuentos, entendiendo el problema como una simple falta de liquidez transitoria.
La situación, sin embargo, continuó deteriorándose hasta que, el 24 de marzo de 2003, la Junta Monetaria autorizó conversaciones para una eventual fusión de Baninter con el Banco del Progreso, una entidad considerablemente más pequeña. La negociación no prosperó, y en abril el banco agotó su capacidad de ofrecer garantías frente a los adelantos que el Banco Central le exigía, lo cual llevó al reconocimiento formal de su quiebra.
Pero el colapso no se detuvo en Baninter, sino que generó un efecto dominó y en los meses siguientes, las autoridades monetarias identificaron deficiencias similares en el Banco Nacional del Crédito, Bancrédito, y en el Banco Mercantil, ambos igualmente disueltos con el respaldo financiero del Banco Central.
Según el mismo trabajo de Montás, la asistencia de liquidez destinada a rescatar depositantes y viabilizar la capitalización de los tres bancos representaba, hacia septiembre de 2003, cerca de 18% del producto interno bruto del país.
Las primeras estimaciones del Fondo Monetario Internacional, citadas en esa misma investigación, situaban el monto del fraude entre 12% y 15% del PIB, una cifra equivalente a entre 60% y 80% del presupuesto del Gobierno Central de aquel año. El expediente derivó en cargos criminales contra los principales ejecutivos de Baninter, procesados por la justicia dominicana.
El costo macroeconómico se sintió de inmediato. La economía, que había crecido a un ritmo saludable durante la década de los noventa y que apenas se había desacelerado a 2.7% en 2001 y recuperado a 4.1% en 2002, se contrajo en 2003 por primera vez en años. El peso dominicano se devaluó con fuerza frente al dólar, la inflación escaló a niveles que no se registraban en más de una década, y el Fondo Monetario Internacional terminó interviniendo con un programa de rescate para el país, según reconstruyó posteriormente el diario Hoy en un balance de aniversario del colapso.
La respuesta del Banco Central para contener la fuga de depósitos y la presión cambiaria fue una política monetaria marcadamente restrictiva: elevó el encaje legal exigido a la banca y colocó certificados de inversión a tasas de interés considerablemente más altas que las vigentes hasta entonces, en un esfuerzo por absorber el exceso de circulante que generaba la propia crisis.
Banco Central de la República Dominicana. (Fuente externa).
Esa combinación de medidas, necesaria para frenar la sangría, tuvo un efecto colateral directo sobre cualquier familia que en ese momento intentara acceder a un préstamo: el crédito, en términos generales, se encareció y se volvió más escaso, justo cuando el país más lo necesitaba.
La ironía institucional resulta difícil de pasar por alto. Apenas catorce meses antes del anuncio de Malkún, el Decreto 45-02 había creado el Consejo Nacional de la Vivienda Económica confiando, según su propio texto, en que las medidas fiscales del gobierno dejarían a las instituciones crediticias en condiciones de «incrementar su cartera de financiamientos inmobiliarios».
La Asociación de Bancos Comerciales y la Liga de Asociaciones Dominicanas de Ahorros y Préstamos, convocadas a integrar ese consejo como socias de la política habitacional del Estado, se encontraron en cambio administrando, o sobreviviendo, la mayor crisis de confianza que ha enfrentado el sistema financiero dominicano.
Las cifras oficiales recogidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su estudio económico correspondiente a ese bienio permiten medir el golpe: la construcción, uno de los sectores más sensibles al costo del crédito, se contrajo 8.5% en 2003, un desplome comparable al de la generación eléctrica y superado solo por el descalabro del comercio.
La inversión interna bruta del país cayó 12.4% en el mismo año, y el consumo privado retrocedió 9.1%, arrastrado por tasas de interés que no dejaban de subir: la tasa activa promedio pasó de 21.3% en 2002 a 27.8% en 2003, con picos trimestrales que llegaron a 29.5%, mientras que la tasa pasiva subió de 16.4% a 20.6% en el mismo lapso, según el mismo informe.
El propio Banco Central, forzado a absorber la liquidez que la quiebra de los tres bancos había puesto en circulación, colocó certificados de inversión cuyo saldo pasó de apenas RD$6,905 millones a finales de 2002 a RD$60,000 millones en 2003, y a casi RD$81,000 millones en abril de 2004, con tasas que en algunas subastas alcanzaron 60%.
Esa competencia por el ahorro disponible, sumada al establecimiento de topes al crédito privado que las autoridades adoptaron en 2004, dejó a la banca comercial con menos margen y menos incentivo para colocar préstamos hipotecarios a largo plazo, precisamente el instrumento que el Decreto 45-02 había querido multiplicar.
El terreno sobre el cual cualquier programa de vivienda del gobierno de Mejía tuvo que operar a partir de mediados de 2003 quedó así definido: un sector construcción en caída de casi 9%, un costo del dinero que se duplicaba de un año a otro y un Estado que, en simultáneo, intentaba sostener el andamiaje institucional descrito en la entrega anterior de esta serie.
Ese contraste, entre la arquitectura de decretos que buscaba ampliar el acceso a la vivienda y una crisis financiera que estrechó exactamente esa vía, marca el resto del cuatrienio de Hipólito Mejía. La próxima entrega retoma el hilo de Invivienda, el proyecto habitacional que arrastraban ya tres gobiernos consecutivos, para ver cómo terminó de cerrarse, o de abandonarse, bajo estas mismas condiciones.
Fuentes: El Día, “La crisis bancaria del 2003, 20 años después” (26 de mayo de 2023). | Montás Domínguez, Juan Temístocles, “La crisis bancaria dominicana del año 2003”, tesina, Máster en Comercio Exterior y Finanzas Internacionales, Universidad de Barcelona. | Hoy, “Baninter: 23 años del colapso financiero que sacudió a RD” (13 de mayo de 2026). | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2003-2004”, capítulo sobre República Dominicana.
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