Cuando una obra termina en los tribunales, el problema no comienza allí. Se origina mucho antes: durante la ejecución de la construcción, cuando las decisiones no quedan documentadas, los controles son insuficientes y las evidencias técnicas simplemente no existen.
En la mayoría de los litigios entre constructores, desarrolladores y propietarios, el punto más débil no suele ser el diseño del proyecto, sino la incapacidad de demostrar cómo se ejecutó realmente la obra.
Construir correctamente es más que levantar una edificación. Significa ejecutar cada proceso conforme a los planos aprobados, las normas técnicas vigentes, la legislación laboral, la permisología correspondiente y el presupuesto contratado. Pero, además, significa generar evidencias que demuestren que todo eso realmente ocurrió.
La confianza entre las partes también se construye. Y una de las principales causas de conflictos en nuestro medio es la incertidumbre sobre el manejo de los recursos económicos.
Muchos propietarios no cuestionan únicamente la calidad de los trabajos; cuestionan si el presupuesto fue ejecutado con transparencia, si las cubicaciones corresponden a lo construido y si los materiales realmente fueron colocados conforme a lo contratado.
Por ello, la ejecución de un proyecto no se sostiene únicamente sobre un buen diseño o un presupuesto bien elaborado.
También, se soporta en un contrato técnicamente estructurado, donde queden claramente definidos los procedimientos constructivos, los controles de calidad, las responsabilidades de cada participante, los mecanismos de aprobación y la forma en que se documentará toda la ejecución.
En ese proceso existe un documento que ha perdido el protagonismo que nunca debió perder: la bitácora o diario de obra.
El Reglamento R-004 para Supervisión e Inspección General de Obras elaborado por el Ministerio de Obras Públicas establece su utilización obligatoria y asigna a la supervisión técnica la responsabilidad de su custodia.
Sin embargo, en la práctica, con mucha frecuencia se reduce a un simple registro de visitas o actividades rutinarias, desaprovechando su verdadero valor técnico y legal.
La bitácora debe convertirse en la memoria oficial de la obra. En ella deben registrarse las incidencias relevantes, instrucciones técnicas, modificaciones aprobadas, condiciones climáticas que afecten la ejecución, pruebas de laboratorio, ensayos realizados en campo, certificaciones de materiales, fotografías, informes especializados y toda referencia documental que permita reconstruir objetivamente el proceso constructivo.
Las certificaciones emitidas por la supervisión técnica y los registros de conformidad de cada etapa, representan la diferencia entre una decisión sustentada en hechos comprobables o una discusión basada únicamente en versiones encontradas, en un proceso judicial.
Por esa razón, es menester comenzar a incorporar una cultura de auditoría técnica de obra. No como un mecanismo de fiscalización punitiva, sino como una herramienta permanente de control, transparencia y prevención de conflictos.
Estas auditorías deberían ser realizadas por auditores técnicos certificados e independientes, capaces de evaluar tanto el cumplimiento normativo como la correcta ejecución física y económica del proyecto, por lo menos, a mediados y al final de la obra.
La auditoría técnica de la obra es prevención. También, detecta la eficacia y la eficiencia de la supervisión técnica.
La mejor defensa de una construcción nunca será un buen abogado. Será una obra correctamente ejecutada, rigurosamente supervisada y técnicamente documentada. Porque donde existen evidencias sólidas, disminuyen las dudas, aumenta la confianza y los conflictos encuentran solución mucho antes de llegar a los tribunales.
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