La aprobación en primera lectura del proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana marca un antes y un después para el sector.
Durante décadas, el sector inmobiliario dominicano ha sido uno de los motores más dinámicos de la economía nacional. Su crecimiento ha estado impulsado por la inversión local, el auge del turismo y el interés sostenido de inversionistas extranjeros que ven en la República Dominicana un destino atractivo para adquirir bienes raíces.
Sin embargo, ese crecimiento ha tenido una característica particular: ha avanzado más rápido que su regulación.
Hoy, esa realidad comienza a cambiar
La reciente aprobación en primera lectura en el Senado del proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria y aborda prácticas como la publicidad engañosa no es un hecho aislado. Es el resultado de una necesidad histórica del sector: contar con un marco normativo que ordene, supervise y eleve los estándares de quienes participan en la cadena de valor inmobiliaria.
Durante años, la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana ha operado sin una ley especial que establezca reglas claras sobre quién puede ejercer, bajo qué condiciones, con cuáles responsabilidades y consecuencias si falla.
Esto ha permitido la coexistencia de profesionales altamente capacitados junto a actores informales, generando distorsiones en el mercado, riesgos para los consumidores y, en muchos casos, una percepción de inseguridad que no necesariamente responde a la solidez del sistema legal dominicano, sino a la falta de regulación en la fase de comercialización e intermediación.
El propio proyecto de ley reconoce esta realidad al establecer como objetivo regular, supervisar, fomentar y promover la intermediación inmobiliaria, así como garantizar mayor transparencia en las transacciones.
Estamos, sin duda, ante el inicio de la corrección de una deuda histórica.
Este avance legislativo no surge por casualidad
Es el resultado de un trabajo constante, sostenido y, muchas veces, silencioso, por parte de los actores del sector, en especial de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), que durante décadas ha impulsado la profesionalización y la transparencia de la intermediación inmobiliaria en el país.
Desde la promoción de buenas prácticas hasta la formación continua de agentes, la AEI ha desempeñado un rol fundamental en la construcción de un mercado más organizado y ético.
Lo que hoy vemos reflejado en este proyecto de ley es, en gran medida, la materialización de esas iniciativas.
La regulación, en este contexto, no llega a imponer una estructura ajena al mercado. Llega a institucionalizar lo que el sector ya venía construyendo.
Uno de los mayores aportes del proyecto de ley es que no se limita a sancionar conductas, sino que crea una estructura formal para el funcionamiento del sector.
Entre sus aspectos más relevantes se encuentran la designación del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) como órgano regulador, la creación de un sistema de licencias para intermediarios inmobiliarios, la implementación de un registro oficial del mercado inmobiliario, la supervisión y fiscalización de las operaciones y la definición de obligaciones claras para los intermediarios.
Esto implica un cambio significativo: el ejercicio de la intermediación inmobiliaria deja de depender únicamente de la experiencia, buen marketing, influencers inmobiliarios o la reputación individual y pasa a estar respaldado por un sistema formal de control y validación.
La República Dominicana ha logrado posicionarse como un destino confiable para la inversión inmobiliaria gracias, en gran medida, a la solidez de su sistema registral.
No obstante, la seguridad jurídica no puede limitarse al momento en que se emite un certificado de título.
Debe estar presente en todo el proceso: desde la promoción del inmueble, pasando por la intermediación, hasta la formalización de la transacción.
En este sentido, el proyecto de ley introduce un elemento clave: extiende la seguridad jurídica a toda la cadena de valor del negocio inmobiliario.
Incluso aspectos tradicionalmente considerados comerciales, como la publicidad de inmuebles, comienzan a adquirir implicaciones jurídicas dentro de este nuevo marco, reforzando la protección tanto del consumidor como de los propios actores del sector.
Uno de los mayores aciertos de esta iniciativa es que no protege únicamente al comprador.
Protege a todos: al adquiriente, al desarrollador y constructor, al agente inmobiliario, al propietario, al operar dentro de un marco más claro y seguro. Y no solo para las propiedades en construcción o sobre planos, sino también en las famosas reventas.
En otras palabras, la regulación no limita el mercado. Lo ordena y lo fortalece.
Para el inversionista, especialmente el extranjero, este tipo de avances representa una señal positiva. Los mercados más atractivos no son necesariamente los que crecen más rápido, sino los que crecen con reglas claras. La existencia de licencias, registros, supervisión y sanciones no es una carga. Es una garantía.
Es importante destacar que este proyecto ha sido aprobado en primera lectura y aún debe agotar las etapas legislativas correspondientes antes de convertirse en ley.
Esto incluye su aprobación en segunda lectura, su paso por la Cámara de Diputados y su posterior promulgación. Sin embargo, más allá del proceso, el mensaje institucional ya ha sido enviado.
La regulación del sector inmobiliario es una prioridad
Durante años, el sector inmobiliario dominicano ha crecido impulsado por la oportunidad. Hoy, comienza a consolidarse impulsado por la regulación.
En paralelo, la entrada en vigencia de la facturación electrónica para profesionales independientes, – lo que también abarca a los agentes inmobiliarios – a partir del 15 de mayo, introduce un nuevo estándar de formalidad en el ejercicio de la intermediación inmobiliaria.
La pregunta entonces no es si el mercado cambiará, sino cómo lo hará.
Porque es muy importante recordar que cuando la formalidad se convierte en regla, el mercado deja de improvisar y comienza a consolidarse. Y en ese proceso, de forma natural, el sector comenzará a filtrarse.
¿Será que, en esta evolución inevitable, se redefine quiénes están llamados a permanecer?
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