El Gobierno propone modificar la Ley 47-20 para reducir los tiempos de evaluación, licitación y adjudicación de las APP, crear un fondo para preparar proyectos y ampliar las posibilidades de aprovechar activos públicos con inversión privada
SANTO DOMINGO. – Antes de que una máquina encienda, un proyecto de infraestructura puede pasar por estudios, evaluaciones, estructuración financiera, autorizaciones, convocatorias, consultas, modificaciones, competencia entre oferentes, hasta la adjudicación.
En ese recorrido hay, al menos, tres relojes que avanzan al mismo tiempo: el del Estado, que mide cuánto dura el procedimiento; el del capital, que espera mientras el proyecto alcanza condiciones para recibir inversión; y el de la propia obra, que comienza a contar cuando finalmente puede pasar del expediente al terreno.
Ese tiempo es precisamente el que el Poder Ejecutivo quiere modificar con el proyecto de una nueva Ley General de Alianzas Público-Privadas (APP), depositado en el Senado el 27 de agosto, para reducir a, entre 10 y 18 meses los procesos de evaluación, licitación y adjudicación, que en la actualidad pueden tomar entre 24 y 76 meses.
La DGAPP ofrece una explicación más específica: para proyectos de menor complejidad, el plazo hasta la adjudicación pasaría de los actuales 24 a 36 meses a entre 10 y 18 meses, mientras que determinados procesos de licitación podrían reducirse de aproximadamente 12 meses a cuatro o seis.
No se trata solamente de quitar meses del calendario, la reforma plantea modificar la manera en que se preparan los proyectos antes de llegar a competir por un adjudicatario.
Entre las propuestas figura reconocer expresamente a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) la facultad de estructurar proyectos desde etapas tempranas y crear un Fondo Especializado para financiar estudios de preinversión, prefactibilidad, factibilidad y estructuración técnica, legal y financiera. El fondo sería reembolsable por el adjudicatario.
La iniciativa también incorpora un mecanismo de optimización de activos públicos para identificar bienes, infraestructuras, espacios o capacidades del Estado que puedan ser rehabilitados, modernizados o aprovechados mediante inversión privada. La DGAPP señala, además, que se simplificaría el procedimiento cuando exista un único oferente.
La propuesta apenas inicia ahora su recorrido legislativo ya que fue depositada en agosto en el Senado y deberá ser enviada a comisión para su estudio y discusión. Por tanto, sus plazos son todavía una propuesta normativa, no una realidad operativa.
Tic tac-tic tac
El debate sobre el tiempo de las APP no parte de cero. Desde la entrada en vigencia de la Ley 47-20, distintos proyectos han permitido observar cuánto puede durar el tránsito entre una iniciativa y sus siguientes etapas.
El Inmobiliario ha seguido algunos de esos expedientes y no todos tienen la misma naturaleza ni siguieron exactamente el mismo procedimiento, y esa diferencia es importante. Pero juntos permiten mirar el calendario de proyectos que han requerido inversión privada, infraestructura pública, procesos competitivos o mecanismos de asociación.
El reloj de los proyectos
Consulta rápida de las principales fechas y etapas de proyectos vinculados al esquema APP o a procesos de infraestructura seguidos por El Inmobiliario. (Fuente: Dirección General de Alianzas Público-Privadas – DGAPP)
| Proyecto | Fecha / etapa | Qué ocurrió |
| Arroyo Barril-Samaná | 2 marzo 2023 | El Gobierno adjudicó al Consorcio ITM Port Investments el contrato para convertir el Puerto Duarte en terminal de cruceros y facilidad turística. Inversión proyectada entonces: RD$3,600 millones. |
| Arroyo Barril-Samaná | 10 septiembre 2023 | Se oficializó el primer contrato de APP de infraestructura bajo la Ley 47-20. Inversión estimada: US$68 millones, el contrato tenía una vigencia de 33 años y durante ese período el Estado estimaba recibir US$115.6 millones. |
| Arroyo Barril-Samaná | 21 febrero 2024 | La DGAPP informó que el proyecto estaba entre las primeras APP de infraestructura listas para iniciar ejecución y anunció para marzo el primer picazo. |
| Autopista del Ámbar | 16 agosto 2020 | El proyecto fue anunciado por el presidente Luis Abinader durante su discurso de toma de posesión. |
| Autopista del Ámbar | 17 mayo 2023 | La DGAPP abrió el proceso de manifestación de interés dentro del esquema APP y proyectó una inversión de US$400 millones. |
| Autopista del Ámbar | 30 mayo–16 junio 2023 | La DGAPP realizó promoción internacional en España, Corea del Sur y República Dominicana para atraer empresas e inversionistas. |
| Autopista del Ámbar | 21 febrero 2024 | La DGAPP la presentó como una de las primeras APP de infraestructura que estaban listas para comenzar ejecución ese año. |
| Autopista del Ámbar | 27 noviembre 2025 | Se publicó una nueva licitación pública nacional para el diseño y construcción de la carretera, bajo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. |
| Autopista del Ámbar | 1 mayo 2026 | El Poder Ejecutivo creó una comisión de veeduría ciudadana para dar seguimiento al proceso de licitación. |
| Autopista del Ámbar | 9 julio 2026 | El Gobierno adjudicó el diseño y construcción al Consorcio Autopista del Ámbar por RD$28,800 millones. Este proceso correspondió a la licitación pública nacional, no a la APP originalmente estructurada. |
| Tren Metropolitano de Santo Domingo | 9 agosto 2023 | La iniciativa fue presentada a la DGAPP como propuesta pública para una infraestructura de 32 kilómetros y 20 estaciones, con una primera etapa entre el Centro Olímpico y el Aeropuerto Internacional de Las Américas. |
| Tren Metropolitano | 9 noviembre 2024 | FITRAM canceló la licitación de las infraestructuras y anunció que el proyecto sería replanteado como APP o concesión. |
| Santo Domingo 2050 | 4 octubre 2023 | El Ministerio de Economía y la DGAPP firmaron un acuerdo para promover APP en proyectos contemplados dentro de SD2050, incluidos proyectos vinculados con la Circunvalación de Santo Domingo. |
| Santo Domingo 2050 | 18 octubre 2023 | El Ministerio de Economía realizó un taller sobre lecciones aprendidas de Pro-Pedernales como referencia para la ejecución de los planes de Santo Domingo 2050. |
Nota: Ámbar aparece en el cuadro porque permite observar la evolución de un proyecto originalmente estructurado como APP, pero la adjudicación de julio de 2026 correspondió a una licitación pública nacional bajo la Ley 340-06. No debe atribuirse esa adjudicación a la Ley 47-20.
El cuadro deja una primera evidencia: el calendario de una infraestructura no empieza el día en que se coloca la primera piedra.
En Ámbar, por ejemplo, entre el anuncio presidencial de agosto de 2020 y la adjudicación del proceso de diseño y construcción de julio de 2026 transcurrieron casi seis años. Pero ese dato debe leerse con cuidado: durante ese período el proyecto atravesó distintos mecanismos y procesos, y el procedimiento que terminó en la adjudicación de 2026 no fue el mismo esquema APP anunciado y promocionado en 2023.
Ese matiz no le quita valor al caso, al contrario, muestra por qué resulta necesario separar las etapas de una obra y saber exactamente qué reloj se está midiendo.
Arroyo Barril: del expediente al contrato
Arroyo Barril ofrece otro tipo de referencia. El Gobierno adjudicó el proyecto el 2 de marzo de 2023 y siete meses después, el 10 de septiembre, oficializó el contrato de APP para transformar el Puerto Duarte, en Samaná, en una terminal de cruceros y facilidad turística.
El proyecto contempla la rehabilitación y construcción de infraestructura con capacidad para recibir cuatro cruceros simultáneamente.
En febrero de 2024, la DGAPP lo presentaba como el primer contrato firmado y la primera obra de infraestructura adjudicada bajo el modelo APP, y anunciaba el inicio de la ejecución.
El banco de proyectos de la DGAPP lo registra actualmente como “Contrato en ejecución”. Esa condición permite distinguirlo de iniciativas que permanecen en evaluación o que han sido descartadas.
Aquí el reloj muestra una secuencia distinta a la de Ámbar: adjudicación, contrato y paso anunciado hacia la ejecución ocurrieron en un período mucho más corto. Eso también advierte contra una conclusión demasiado simple: no todos los proyectos APP duran lo mismo ni todas las etapas consumen el mismo tiempo.
Cuando el reloj cambia de mecanismo
El caso de la Autopista del Ámbar es más largo y también más complejo. La obra fue anunciada por el presidente Luis Abinader en 2020; en mayo de 2023, la DGAPP abrió el proceso de manifestación de interés dentro de una estructura APP y calculó una inversión de US$400 millones.
Un mes después realizó un road show internacional para presentar el proyecto a empresas e inversionistas, con un modelo financiero que incorporaba la operación y mantenimiento de la Circunvalación Norte de Santiago y un aporte estatal de terreno vinculado al proyecto de desarrollo inmobiliario Punta Bergantín.
En febrero de 2024, la DGAPP todavía la colocaba junto a Arroyo Barril entre las primeras APP de infraestructura listas para comenzar ejecución ese año. Sin embargo, el proceso que finalmente avanzó en 2025 y 2026 fue una licitación pública nacional para el diseño y construcción de la carretera.
Ese procedimiento tuvo modificaciones de cronograma, prórrogas y solicitudes de empresas interesadas para ampliar plazos.
En julio de 2026 llegó la adjudicación por RD$28,800 millones, con lo cual, el caso no sirve para decir simplemente que una APP tardó seis años en adjudicarse. Sirve para mostrar cómo una infraestructura puede atravesar distintas etapas institucionales y mecanismos de contratación antes de llegar a una adjudicación efectiva, y ahí vuelve a aparecer el problema del reloj.
El capital también mira el calendario
Para un inversionista, el tiempo no es una cifra administrativa aislada, sino que forma parte de la evaluación del proyecto, junto con su rentabilidad, riesgos, financiamiento, mercado y marco regulatorio.
El economista Francisco Tavárez, durante el foro Metro Seguro “Conectando Inversiones”, planteó que las APP pueden servir para atraer inversión privada hacia iniciativas inmobiliarias, infraestructura y otros proyectos y también señaló la necesidad de reducir los costos de transacción asociados con la estructuración y ejecución de proyectos y de hacer más ágiles los procesos.
Haivanjoe Ng Cortiñas puso el otro elemento sobre la mesa: la seguridad jurídica no depende únicamente de que existan leyes. El economista diferenció el marco legal de su aplicación efectiva y sostuvo que el avance institucional requiere que las normas sean cumplidas.
También planteó que los inversionistas que ya están en el país deben encontrar condiciones para permanecer, ampliar sus operaciones y reinvertir.
En una intervención publicada por El Inmobiliario el 6 de octubre, Ng Cortiñas lo resumió de forma más directa: “El país avanza institucionalmente no solo porque tiene una estructura jurídica sólida, sino porque esa estructura es verdaderamente eficaz”.
La observación resulta pertinente para una reforma de APP, porque reducir el tiempo de un procedimiento puede ser relevante para un inversionista, pero el tiempo por sí solo no constituye seguridad jurídica.
La certeza también depende de que las reglas estén claras, se cumplan y puedan ser aplicadas de manera efectiva, tal como planteó el economista.
El tercer reloj: cuándo empieza realmente una obra
Para el sector construcción y para el desarrollo inmobiliario, hay una diferencia entre que un proyecto sea anunciado, que exista en un expediente, que tenga una estructura financiera, que sea adjudicado y que finalmente entre en construcción.
La infraestructura, además, puede modificar el territorio que la rodea y se puede verificar en el propio modelo planteado para Ámbar, que vinculó la carretera con la Circunvalación Norte y Punta Bergantín, el desarrollo turístico e inmobiliario que actualmente avanza en Montellano.
En agosto de 2026, El Inmobiliario reportó que la primera etapa de Punta Bergantín contempla cuatro hoteles y una inversión proyectada superior a US$400 millones, en un área de aproximadamente 10 millones de metros cuadrados.
La relación entre infraestructura y desarrollo inmobiliario, sin embargo, no debe confundirse con una causalidad automática. Una carretera no garantiza por sí misma que aparezcan nuevos proyectos, ni una APP garantiza que una inversión se materialice.
Lo que sí puede observarse es que los propios proyectos públicos y privados son concebidos, en algunos casos, como piezas conectadas dentro de una estrategia territorial, y eso explica por qué el tiempo importa, más allá del expediente administrativo.
Una carretera que tarda años en pasar de anuncio a contratación no tiene solamente un calendario institucional. Tiene también un calendario para quienes planifican hoteles, viviendas, comercios, centros logísticos, oficinas o servicios alrededor de esa infraestructura.
Pero cuánto influye ese tiempo en cada inversión concreta dependerá del proyecto y de sus propias condiciones financieras y de mercado.
La reforma intenta intervenir antes
La propuesta de reforma a la Ley General de Alianzas Público-Privadas llega al Senado con un objetivo concreto: reducir el tiempo que transcurre entre la evaluación de una iniciativa y la adjudicación de un proyecto.
La DGAPP sostiene que los procesos de menor complejidad pueden pasar de períodos de entre 24 y 36 meses a entre 10 y 18 meses, mientras que determinados procesos de licitación podrían reducirse de unos 12 meses a entre cuatro y seis.
La reforma también incorpora mecanismos para financiar la preparación de los proyectos, otorga a la DGAPP mayores facultades para intervenir desde las primeras etapas de estructuración y establece procedimientos específicos para determinados escenarios de contratación.
Pero el proyecto todavía debe recorrer el proceso legislativo. Sus tiempos propuestos son, por ahora, una disposición contenida en una iniciativa de ley, no un resultado comprobado.
El verdadero cambio podrá medirse cuando los proyectos que se sometan al nuevo marco recorran esas etapas y permitan comparar los plazos previstos con los efectivamente utilizados.
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