La entidad pasó de 313,377 solicitudes en 2019 a 564,885 en 2025 y señala que la transformación tecnológica busca agilizar los servicios y fortalecer la seguridad jurídica
El Registro Inmobiliario dominicano recibió 564,885 solicitudes en 2025, frente a 313,377 en 2019, lo que representa un incremento superior al 82 % en seis años. La entidad informó además que durante este 2026 alcanzó la digitalización del 100 % de sus oficinas de servicios.
El Registro Inmobiliario señala que este proceso de transformación institucional ha estado acompañado por la incorporación de herramientas tecnológicas y mejoras normativas orientadas a agilizar los servicios, facilitar el acceso de los ciudadanos y fortalecer la seguridad jurídica.
Entre las principales herramientas implementadas se encuentran la consolidación de la Oficina Virtual (OFV), la aplicación móvil del RI, los pagos y depósitos remotos y la gestión automatizada de citas presenciales y virtuales. A estas se suman herramientas vinculadas a la seguridad jurídica, como las Alertas Registrales y la Red Geodésica.
La entidad precisa que, en el período analizado, fueron procesadas 572,270 solicitudes.
Más solicitudes y mayor cobertura digital
El crecimiento de las solicitudes se registra en paralelo con la expansión de la cobertura nacional de los servicios del Registro Inmobiliario.
La institución destaca que la digitalización de todas sus oficinas durante 2026 forma parte de un proceso de transformación desarrollado entre 2019 y 2026, con cambios tecnológicos y normativos destinados a modernizar la relación de los ciudadanos con el sistema inmobiliario.
Entre los avances también figuran la Resolución Núm. 008-2020, la aprobación de los nuevos Reglamentos Generales del Registro Inmobiliario, el proyecto de vectorización masiva de parcelas históricas y la articulación de acuerdos estratégicos con el Ministerio de la Presidencia para fortalecer el Plan Nacional de Titulación.
Molina resalta protección de la propiedad
Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien también preside el Consejo Directivo del RI, manifestó que proteger la propiedad desde su base registral es parte de la responsabilidad del Estado con el desarrollo, porque al ofrecer información confiable, facilita las transacciones, respalda el acceso al crédito y reduce las causas de conflicto.
“Esa protección se completa con tribunales capaces de resolver las controversias con independencia y en un plazo razonable. Registro y justicia inmobiliaria tienen funciones distintas y una responsabilidad compartida: dar certeza a las personas sobre sus derechos. La confianza crece cuando ambas cumplen”, enfatizó el profesional.
Molina ofreció estas declaraciones al recibir un reconocimiento de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI) por sus aportes en los avances, transformación digital y resultados alcanzados en la Jurisdicción Inmobiliaria y el Registro Inmobiliario.
Registro del Futuro 2034
Ricardo Noboa, administrador general del Registro Inmobiliario, presentó la “Evolución del Sistema Inmobiliario: Registro del Futuro 2034”, en la que resaltó que el reconocimiento valida el proceso sostenido de transformación institucional implementado en el RI durante el período 2019-2026.
Noboa señaló que esta transformación está en consonancia con los lineamientos estratégicos del Poder Judicial y con la misión de fortalecer la seguridad jurídica.
«Hoy consolidamos estos avances y proyectamos lo que sigue hacia el Registro Inmobiliario del Futuro, como parte de una visión institucional que busca continuar transformando nuestros servicios, fortaleciendo nuestras capacidades y ofreciendo una experiencia cada vez más ágil, accesible y confiable para los usuarios; nuestro propósito es claro: seguir garantizando la seguridad jurídica para un país que avanza», afirmó.
ADETI destaca la seguridad jurídica para los inversionistas
El presidente de ADETI, Andrés Marranzini Grullón, destacó que la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad constituyen pilares esenciales para fortalecer la confianza de los inversionistas y sostener el crecimiento de largo plazo del país.
Puntualizó que contar con títulos seguros, reglas claras y procesos eficientes protege las inversiones y los patrimonios y genera oportunidades de desarrollo y movilidad social, al permitir que las familias construyan patrimonio, accedan al crédito y encuentren nuevas posibilidades para emprender e invertir.
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