La entidad cibaeña alerta efecto sobre los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución y cuyas unidades fueron comercializadas antes de conocerse la medida
SANTO DOMINGO.– La Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (ACOSDE) y la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) expresaron su preocupación por las posibles repercusiones del aumento salarial de 20 % para los trabajadores de la construcción, al advertir que la medida podría elevar los costos de los proyectos y repercutir en el precio final de las viviendas.
El ajuste, dispuesto por el Ministerio de Trabajo el pasado 25 de agosto de 2026, contempla un incremento escalonado de 12 % en una primera etapa y otro 8 % a partir de junio de 2027.
Ambas organizaciones reconocen que los trabajadores de la construcción constituyen una pieza fundamental para el desarrollo de la industria y el crecimiento de la infraestructura nacional, y valoran las iniciativas orientadas a mejorar sus condiciones económicas y sociales. Sin embargo, consideran necesario analizar el impacto del aumento salarial sobre la estructura de costos del sector y el acceso de las familias dominicanas a una vivienda propia.
Preocupación por el aumento de los costos
ACOSDE planteó que las decisiones relacionadas con las remuneraciones del sector deben sustentarse en un análisis técnico e integral de los gastos de construcción, con el propósito de conciliar la mejora de las condiciones laborales con la estabilidad de las empresas y la capacidad de las familias para adquirir una propiedad.
De acuerdo con los planteamientos técnicos citados por ACOSDE, la mano de obra representa aproximadamente el 30 % del costo total de construcción. En ese contexto, el ajuste salarial del 20 %, frente al 8.05 % registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el período señalado, tendría una incidencia directa sobre los presupuestos de las obras.
La entidad estima que esta variación podría traducirse en un incremento de alrededor del 6 % en el costo directo de las viviendas, con posibles consecuencias sobre el precio de comercialización de los inmuebles.
APROCOVICI también estimó que el incremento salarial acumulado podría traducirse en un aumento de hasta un 6 % en el precio final de las viviendas, en momentos en que el sector enfrenta otros factores que presionan sus costos.
La organización señaló que, a julio de 2026, la inflación interanual se situó en 5.47 %, mientras que el índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas registró una variación interanual de 2.08 %, según los datos citados del Banco Central de la República Dominicana y la Oficina Nacional de Estadística.
Para APROCOVICI, un incremento salarial de esta magnitud representa una variación significativa dentro de la estructura de costos de los proyectos, particularmente porque las obras inmobiliarias son planificadas, financiadas y comercializadas con meses e incluso años de anticipación.
Impacto en viviendas ya vendidas
Uno de los principales puntos de preocupación planteados por APROCOVICI es el efecto sobre los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución y cuyas unidades fueron comercializadas antes de conocerse el incremento salarial.
La organización explicó que una vivienda vendida a un precio determinado no puede reajustarse automáticamente cada vez que aumenta uno de sus componentes de costo. Por ello, variaciones no previstas durante la estructuración financiera pueden afectar los márgenes de los proyectos, comprometer su viabilidad y desincentivar nuevas inversiones.
El impacto, según ambas entidades, podría terminar trasladándose a los nuevos proyectos y, por consiguiente, al precio que deberán pagar las familias por una vivienda.
ACOSDE advirtió que una subida significativa en los gastos de edificación puede reducir la capacidad adquisitiva de los hogares, especialmente de los sectores de ingresos medios y bajos.
Un llamado al equilibrio
El presidente de APROCOVICI, Mario Bonilla, sostuvo que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre mejorar los ingresos de los trabajadores y mantener viviendas accesibles para las familias dominicanas.
“Queremos que nuestros trabajadores ganen más y mejor. Pero también necesitamos preservar la capacidad de producir viviendas a precios que las familias puedan pagar”, afirmó Bonilla.
El dirigente gremial aclaró que la posición de la organización no debe interpretarse como una oposición al mejoramiento de las condiciones económicas de los trabajadores, sino como un llamado a considerar las consecuencias que una modificación importante de la estructura de costos puede generar en toda la cadena de producción de viviendas.
La Asociación también señaló que el incremento salarial ocurre en un escenario en el que el sector enfrenta mayores costos logísticos asociados a los insumos de construcción y nuevos riesgos sobre los precios de los combustibles derivados de las tensiones geopolíticas internacionales.
La combinación de estos factores, advirtió, podría ejercer nuevas presiones sobre los costos de producción, la inversión, el ritmo de ejecución de los proyectos y, finalmente, sobre el precio y la oferta de viviendas.
ACOSDE y APROCOVICI llaman al diálogo
Ante este escenario, ACOSDE reiteró su respeto al Ministerio de Trabajo, al Comité Nacional de Salarios, a las autoridades y a las organizaciones sindicales, y consideró que el diálogo social es la vía más adecuada para alcanzar soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como al conjunto de la sociedad.
La entidad llamó a mantener y fortalecer los espacios de interlocución para evaluar alternativas que permitan mejorar los ingresos de los trabajadores sin comprometer la generación de empleos, la estabilidad de las empresas constructoras ni las posibilidades de las familias dominicanas de acceder a una vivienda.
En una línea similar, APROCOVICI propuso evaluar el impacto real del incremento salarial sobre los costos de construcción, el empleo, la inversión y el precio de la vivienda, así como fortalecer la participación de los gremios especializados del sector en las discusiones y decisiones que puedan incidir directamente sobre su estructura de costos y capacidad productiva.
La asociación también planteó establecer una mesa técnica permanente entre autoridades, trabajadores y representantes del sector para analizar conjuntamente salarios, productividad, formalización laboral y costos de producción.
Asimismo, propuso considerar mecanismos de gradualidad y previsibilidad que permitan a los proyectos inmobiliarios incorporar futuras variaciones de costos desde su etapa de planificación.
Tanto ACOSDE como APROCOVICI reiteraron su disposición de participar en espacios de concertación y aportar información técnica y experiencia sectorial, con el propósito de alcanzar consensos que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores, preservar la sostenibilidad de las empresas y evitar que las viviendas se alejen de la capacidad económica de las familias dominicanas.
Una preocupación compartida en el sector
Las posiciones de ambas organizaciones se suman a la preocupación expresada previamente por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), que también alertó sobre los posibles efectos del ajuste salarial en el valor de las viviendas.
ACOPROVI estimó que la repercusión podría alcanzar hasta un 6 %, aunque de forma escalonada: un 3.6 % se reflejaría inicialmente y otro 2.4 % adicional hacia junio de 2027.
La organización reconoció el esfuerzo de las autoridades para mejorar los ingresos y la calidad de vida de los trabajadores, pero sostuvo que las decisiones sobre remuneraciones deben tomar en cuenta su incidencia en la estructura económica de los proyectos.
Asimismo, señaló que la mano de obra representa cerca del 30 % de los costos totales de construcción y que el aumento del 20 % supera ampliamente la variación del IPC, calculada en 8.05 % durante el período de referencia.
Las tres organizaciones coinciden, en esencia, en que el reto consiste en procurar mejores ingresos para los trabajadores de la construcción sin generar presiones que terminen encareciendo las viviendas, reduciendo la inversión, afectando la ejecución de proyectos o dificultando el acceso de las familias dominicanas a una vivienda propia.
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