La especialista afirma que los datos del Censo 2022 permiten entender patrones de exposición habitacional, pero no determinar cómo responderán las viviendas dominicanas ante un evento extremo
SANTO DOMINGO.- Aunque más del 82 % de las viviendas ocupadas en República Dominicana tiene paredes de block o concreto, esto no significa necesariamente que el país esté preparado ante un gran terremoto.
Así lo explicó la ingeniera Ashley Morales-Cartagena, vicepresidenta del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos (EERI, por sus siglas en inglés), quien advirtió que el Censo 2022 no debe interpretarse como un diagnóstico de resiliencia estructural.
“Lo primero que tenemos que establecer con claridad es que el Censo 2022 no mide resiliencia sísmica ni vulnerabilidad estructural”, afirmó la especialista en entrevista concedida a El Inmobiliario.
Según explicó, los datos censales sí permiten identificar patrones sobre materiales predominantes, densidad poblacional y exposición territorial, pero no cómo responderán las edificaciones frente a un evento sísmico o climático extremo.
El material no garantiza seguridad
Morales-Cartagena indicó que muchas veces existe la percepción de que una vivienda construida en concreto es automáticamente segura, cuando en realidad el comportamiento estructural depende de múltiples factores.
“El material por sí solo no determina cómo responderá una vivienda ante un terremoto”, señaló.
La especialista explicó que aspectos como el cumplimiento normativo, la calidad constructiva, la supervisión técnica y el diseño estructural son determinantes para evaluar el nivel real de vulnerabilidad.
A esto se suma una realidad frecuente en el país: viviendas que han crecido de manera progresiva con anexos, nuevos niveles o cambios de uso realizados sin supervisión técnica adecuada.
“Eso puede modificar el comportamiento esperado de la estructura ante cargas sísmicas”, advirtió.
Una vulnerabilidad que cambia según la amenaza
La ingeniera sostuvo que el país enfrenta una realidad “multi-amenaza”, donde una misma característica constructiva puede representar ventajas frente a un riesgo y debilidades frente a otro.
Como ejemplo citó el dato del Censo 2022 que establece que el 47.5 % de las viviendas dominicanas posee techos de zinc, porcentaje que en zonas rurales alcanza el 72 %.
Desde el punto de vista sísmico, explicó, una cubierta ligera puede reducir parcialmente la carga de la estructura. Sin embargo, frente a huracanes y vientos extremos, esos techos pueden convertirse en uno de los elementos más vulnerables, especialmente cuando no cuentan con sistemas de anclaje adecuados.
“No solo se trata de si una casa puede resistir los vientos de un huracán, sino también de qué ocurre cuando el drenaje pluvial falla y una comunidad completa termina inundada”, expresó.
Riesgo no es lo mismo que amenaza
Morales-Cartagena insistió en la importancia de diferenciar conceptos que suelen confundirse dentro de la discusión pública: amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
Explicó que la amenaza está relacionada con la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural, mientras que la vulnerabilidad depende de las características de las construcciones y de qué tan preparadas estén para responder ante ese evento.
En República Dominicana, dijo, existen zonas con amenaza sísmica importante asociadas a fallas activas, especialmente en el norte del país y parte de la región sur. Sin embargo, el riesgo aumenta cuando esa amenaza coincide con construcciones informales, crecimiento urbano desorganizado y falta de supervisión técnica.
“El Censo 2022 permite identificar algunos patrones territoriales relevantes, pero para hablar de vulnerabilidad estructural se requieren evaluaciones especializadas”, puntualizó.
El país aún no tiene un diagnóstico integral
La especialista explicó que actualmente existe información técnica relevante sobre amenaza sísmica, inundaciones y deslizamientos en República Dominicana, aunque todavía permanece fragmentada y con coberturas parciales.
Indicó que instituciones como el Servicio Geológico Nacional han desarrollado estudios de microzonificación sísmica en ciudades como Santo Domingo y Santiago, mientras que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) ha realizado evaluaciones en escuelas, hospitales y edificaciones esenciales.
Sin embargo, considera que el país todavía necesita modelos más integrales que combinen información censal, estudios técnicos, imágenes satelitales y levantamientos en campo para lograr diagnósticos más completos del riesgo.
“El Censo no sustituye las evaluaciones técnicas especializadas, pero sí aporta una base fundamental para entender la exposición y apoyar estudios más completos de riesgo”, sostuvo.
¿Reforzar, reconstruir o reubicar?
Sobre las posibles soluciones frente a viviendas vulnerables, Morales-Cartagena afirmó que no existe una única respuesta y que cada caso requiere evaluación técnica y análisis de factibilidad económica.
Explicó que algunas edificaciones pueden beneficiarse de reforzamientos puntuales, mientras que otras requieren reconstrucción debido a deterioro estructural o modificaciones acumuladas con el tiempo.
También señaló que existen situaciones donde el principal problema no es la vivienda en sí, sino el lugar donde fue construida.
“Hay zonas inundables, márgenes de ríos o laderas inestables donde la reubicación puede ser la única solución sostenible a largo plazo”, afirmó.
Para la especialista, el principal reto del país no es únicamente construir más viviendas, sino entender mejor los riesgos existentes y prepararse para escenarios climáticos y sísmicos cada vez más complejos.
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